El Estado tiene 9.500 juicios y la mitad es por multas

Un informe oficial detalla la cartera de litigios y el desempeño del Poder Ejecutivo provincial en los Tribunales. Según Daniel Leiva, fiscal de Estado, es la primera vez que disponen de números objetivos. El gran peso del sistema: las multas. ¿Quiénes derrotan casi sistemáticamente al Estado? Los jubilados.

23 Sep 2018
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Una creencia antigua sugiere que, con la debida paciencia, siempre es buen negocio litigar contra el Estado. Esa regla no escrita se apoya sobre la idea de que el sector público es tan pesado que no sabe defenderse y que la inercia viciosa de la burocracia suele conducirlo a la derrota, aunque jurídicamente tenga razón. La falta de información alimentaba aquella percepción. Este vacío comienza a ser cubierto: un informe oficial detalla que la Provincia gestiona 9.500 juicios y que más de la mitad de ellos corresponden al cobro de multas. Esa medición actualizada a agosto de 2018 indica que los jubilados casi siempre vencen a la Administración y que el 82% de los amparos a la salud iniciados en 2017 son tramitados por un solo tribunal: la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (se informa por separado sobre ambos temas).

Números detallados describen con precisión los puntos débiles y las fortalezas judiciales de la Fiscalía de Estado, órgano encargado de representar a la Provincia en los procesos, procedimientos y trámites judiciales o extrajudiciales en los que aquella sea parte o actúe como tercero interesado (el documento excluye los juicios de ejecución de deudas a favor del Tesoro). Según Daniel Leiva, titular de este órgano clave del Poder Ejecutivo, las cifras relativas a la cartera de pleitos constituyen los primeros datos objetivos disponibles por lo menos desde el regreso de la democracia. “Se trata de un seguimiento pormenorizado de nuestro desempeño en la Justicia. Y lo estamos haciendo porque queremos demostrar que el Estado no se rinde ni está vencido”, explicó el fiscal de Estado designado por el gobernador Juan Manzur.

Aunque en el menú de juicios hay de todo, desde acciones penales hasta pleitos de empleados públicos, las multas implican más del 50% de la cartera. Estos 5.077 procesos están relacionados con las funciones de control que cumplen la Dirección de Comercio Interior, y las secretarías de Medio Ambiente, y de Transporte y Seguridad Vial (esta última repartición genera la mayor cantidad de litigios).

En el 60% de los 9.478 procesos en trámite el Estado interviene como demandado. Ello quiere decir, que fue llevado a juicio como consecuencia de sus acciones u omisiones. El informe expone que por año ingresan alrededor de 1.000 procesos, y que hubo un descenso ligero entre 2016 y 2017. Hasta agosto del período en curso había 736 pleitos nuevos. Si bien el volumen de casos podría no variar sustancialmente respecto de los años anteriores o, incluso, podría subir, se advierte una reducción leve, pero reducción al fin, de demandas en contra de la Provincia: de 27 mensuales en 2017 se pasó a 20 en idéntico lapso de 2018. ¿Cuál es el saldo de esta actividad litigiosa? El Estado gana con lo justo en términos puramente cuantitativos y generales. Según el informe, entre 2016 y el presente el número de sentencias firmes favorables supera por un margen mínimo al número de reveses judiciales.

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