Las urbanizaciones en el piedemonte de San Javier

Hace más de 25 años, se viene alertando en foros internacionales sobre la devastación de la naturaleza, la contaminación del medio, que contribuyen a alterar el clima, acerca de las posibles catástrofes ambientales; de hecho, ya se vienen produciendo. Muchas sociedades han tomado con responsabilidad esta advertencia y han diseñado políticas públicas para proteger el medio ambiente. Tucumán pareciera seguir mirando para otro lado, tirando la tierra bajo la alfombra. En estos últimos días, han salido a la luz nuevas usurpaciones y depredación de tierras fiscales con fines inmobiliarios, así como la construcción de barrios privados en el piedemonte.

La Universidad Nacional de Tucumán está envuelta en una disputa con el impulsor de un barrio privado ubicado cerca de Loma Bola, cuyas tierras que según la casa de estudios forma parte del parque Sierra de San Javier, que es área protegida y es propiedad de la UNT. En las proximidades de ese emprendimiento, sobre la ruta 338, se está levantando un country en la parte más alta de Villa Nougués, a 1.350 metros sobre el nivel del mar.

Según el delegado comunal de San Javier, hay gente que recurre a la usurpación de tierras fiscales o le compra la posesión a un lugareño. Contó que desde hace tres años tienen problemas con un barrio privado, ubicado en el sector de las calles 9 y 10. “He presentado denuncias en la Policía, Catastro y Fiscalía de Estado. Ellos han abierto caminos con máquinas, siguen promocionando por Facebook... Ellos dicen que están en juicio por prescripción adquisitiva”, señaló.

El sábado, en nuestra sección Cartas de Lectores, el abogado Benito Garzón indicó que asistimos al deterioro permanente de la Sierra de San Javier a través de deforestaciones ilegales, construcciones habitacionales en el piedemonte y una paulatina fiebre de usurpaciones de tierras, que ponen en peligro la integridad del ecosistema. Expresó que en Yerba Buena han diseñado un Plan Integral de Protección de la Sierra de San Javier, cuya base es un acuerdo de los organismos públicos: el Estado provincial, la UNT, los municipios y las comunas rurales del área, para que actúen en forma coordinada y eficaz en las políticas de protección. Dijo que el mayor problema es la cuestión de las posesiones irregulares y usurpaciones.

Hay noticias de que están creciendo los countries y barrios cerrados en el piedemonte por el lado de Tafí Viejo, en viejas fincas de citrus ubicadas en los límites del parque Sierra de San Javier, e incluso se han extendido en El Manantial y San Pablo.

Pese a las advertencias reiteradas de los ambientalistas sobre el peligro de depredar el piedemonte para construir barrios cerrados, estos emprendimientos siguen adelante, apañados por la ineficiencia del Estado para controlar y la incapacidad para ejercer su poder de policía. La ausencia de una política integral provincial sobre la cuestión ambiental refleja de algún modo el desinterés de la clase dirigente para prevenir hechos que pueden ser catastróficos para los tucumanos. Si el Estado sigue cediendo ante la voracidad inmobiliaria, el futuro de los comprovincianos será incierto. El día que se desmorone el cerro, no habrá lugar a lamentos. “Solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado, y el último pez atrapado, te darás cuenta de que no puedes comer dinero”, dice un sabio indígena.