El presidente, Mauricio Macri, acaba de reclamarle nuevamente al gobernador Juan Manzur que impulse una ley de acceso a la información pública. Es decir, un instrumento legal que garantice que cualquier tucumano podrá requerir y obtener datos y documentos del Estado.
El jefe de Estado nacional, en rigor, demanda al mandatario local que cumpla con los compromisos públicos que él y su gestión han contraído.
En septiembre de 2016, por el Bicentenario de la Declaración de la Independencia, Manzur anunció durante la asamblea anual de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, reunida en Tucumán, la adhesión a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. Tal cosa nunca ocurrió. Un segundo compromiso llegó dos meses después. El entonces secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, declaró que la Provincia, en lugar de la adhesión, promovería un texto propio. Tampoco pasó. En mayo pasado hubo una tercera promesa. El vicegobernador Osvaldo Jaldo dijo que se avanzará en una normativa de libre acceso a la información pública, dentro de la reforma política.
Que Tucumán carezca todavía de esta norma básica para la transparencia de un gobierno democrático y republicano no sólo es una deuda con la calidad institucional: es un déficit de modernidad. No es Cambiemos ni la prensa quienes quieren una ley de acceso de información. En verdad, es el pueblo el que la necesita.
Históricamente, el término “opinión pública” data de los decenios que preceden a la Revolución Francesa. La coincidencia no es fortuita, advierte Giovanni Sartori en ¿Qué es la democracia? Los hombres de la ilustración preparaban una democracia a lo grande.
Una opinión se denomina “pública”, esclarece el politólogo italiano, no sólo porque es del público ni porque es difundida entre muchos. Una opinión es “opinión pública” porque afecta objetos y materias de naturaleza pública, como el interés general, el bien común, y en esencia, la república. A la vez, la “opinión pública” es sólo “opinión”. Y esto es sustancial porque la democracia no es el “gobierno del saber”, sino el gobierno de la opinión. A la democracia le basta con que el pueblo opine. Nada más, pero nada menos.
Entonces, la “opinión pública” no es opinión erudita: es, esencialmente, opinión informada.
Que la provincia no cuente con una ley de acceso a la información pública es atentatoria de la opinión pública y también la democracia.
Como agravante, este vacío legal también coharta la libertad de pensar. Ella consiste, precisamente, en el libre acceso a todas las fuentes del pensamiento. Entre ellas, el pensamiento del Estado a través de sus documentos, necesariamente públicos.
El filósofo Inmanuel Kant, testigo de la Revolución Francesa, advierte la tensión entre gobierno y ciudadano y, por ende, la emergencia de lo público y lo privado. En el “espacio de lo público” todo debe ser debatido para que puedan progresar la ciencia y la sociedad. En el “espacio de lo privado”, el hombre es libre en su conciencia y en su opinión, para que también progresen las personas.
El pensador de la ilustración también fijó un principio de claridad para los tiempos por venir, los de la Modernidad, que eran los tiempos de la república. Puntualizó que el instrumento para distinguir lo bueno de lo malo en la política era la publicidad de los actos del gobernante. Su principio postula que la política valiosa es la que se necesita hacer pública para ser realizada. Por el contrario, una política que no soporta la exposición se vuelve repudiable.
La Argentina, estremecida por los “cuadernos de la corrupción”, no resiste más secretos de los gobiernos. Necesita, como nunca, de un Estado cada vez más público. Cada vez más transparente.
