Buscan frenar la venta de acciones del banco

Un legislador de la oposición, el radical Eudoro Aráoz, concurrió ayer a los Tribunales provinciales para plantear una denuncia penal por la venta del 10% de las acciones del Estado provincial del Banco del Tucumán-Grupo Macro. En paralelo, el dirigente de Cambiemos solicitó el dictado de una medida cautelar para frenar la operación, que fue concretada gracias a la ley 9.108, sancionada el 4 de julio por la Legislatura y promulgada 12 días después por el gobernador, Juan Luis Manzur.

En Casa de Gobierno, sin embargo, están avanzando con los últimos pasos de la transacción, que significará un ingreso de $456,4 millones para las arcas provinciales. El jueves pasado salió publicado en el Boletín Oficial el decreto 2.504/3 (ME), a través del cual el gobernador instruyó al ministro de Economía, Eduardo Garvich, a suscribir el contrato de compraventa de acciones con el Macro. Cumplido este paso, restarán detalles para la recepción de los recursos, que estarán destinados a obras de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y a inversiones del Ministerio de Seguridad.

En el recinto legislativo, la mayoría oficialista y un sector de la oposición dieron su voto para sancionar la norma, que había sido impulsada por el Poder Ejecutivo. Aráoz formó parte del grupo que se expresó en contra, y que incluyó a Silvio Bellomío (Peronismo del Bicentenario), Luis Brodersen (PRO), José María Canelada (UCR), Rubén Chebaia (UCR), Alberto Colombres Garmendia (PRO), Adela Estofán (UCR) y Luis González (UCR). Como no pudo imponerse en la Legislatura, Aráoz concurrió ahora a la Justicia provincial.

El radical se presentó ayer a la mañana ante mesa de entradas de la sede del fuero penal, en avenida Sarmiento al 400. Junto a su abogado, Alberto Aníbal Pombo, el dirigente de Cambiemos planteó una denuncia “por la probable e inminente comisión” de los delitos de incumplimiento de deberes del funcionario público y fraude a la Administración pública en grado de tentativa. Aráoz señaló al mandatario provincial y pidió la investigación en contra de otros funcionarios que hubieren participado de la operación. “La venta se pretende realizar por un precio vil e irrisorio y notoriamente perjudicial para el Estado”, destacó. Aseguró luego que el proyecto de ley fue “sorpresivo” y se presentó “sin causa o petición que lo justifique o motive ni estudio financiero o contable” que lo respalde. “En la escueta exposición de motivos que acompañó (la iniciativa) se limita a afirmar, sin ningún sustento, que el precio establecido equivale a 2,645 veces el valor de libros del patrimonio de la entidad al 31 de diciembre de 2017. Pero, como es de público y notorio conocimiento, el valor de libros jamás coincide con el real valor de mercado, pues es varias veces inferior”, indicó Aráoz. Luego, adjuntó una ecuación según la cual el precio debería haber sido al menos tres veces más que el monto establecido. Y recordó que la Provincia pagará al Macro más de $200 millones por servicios financieros hasta febrero de 2020. La denuncia recayó en la Fiscalía de Instrucción de la XI Nominación.