A la deriva y sin mapa de la inseguridad

04 Ago 2018
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Tragedias como la de Priscila Paz ponen sobre el tapete los miedos más profundos sobre la inseguridad en la calle: bandas al acecho en las paradas de ómnibus de los barrios de la periferia, violencia descontrolada para robar pocas cosas, delincuentes drogados y transas que manejan la vida y la muerte en villas marginales. De todo eso se habla en esta tragedia, mientras se esperan comprobaciones, porque nada está claro: no hay pericias concluyentes, no se sabe qué se les puede creer a los sospechosos detenidos y no se entiende por qué el cuerpo fue arrojado a pocos metros de la parada de ómnibus cercana a la casa de la víctima en San Pablo. Los investigadores dicen -en off- que los asesinos, que estaban cercados, lo hicieron para sembrar confusión, porque el lugar había sido revisado días antes en los rastrillajes en busca de la joven. Pero esa explicación no alcanza, parece casi absurda y las incógnitas siguen sin resolverse.

Lo que no se puede explicar

También es cierto, por otra parte, que la mentalidad del criminal escapa a los parámetros con la que la sociedad intenta explicar los estallidos de violencia como este. La crónica de ayer señala que la fiscala María del Carmen Reuter y los equipos policiales hablaron de la saña con que fue atacada la víctima (a golpes), si se considera que se trataba, en principio, de un simple robo. Dejaron entrever que había algo más profundo y entonces se habló del transa del barrio (”El Gordo”) que, viendo que los policías ya estaban llegando a las casas del barrio Ampliación Elena White, decidió matar a la joven cautiva. ¿Por qué habían secuestrado a la mucama? No hay explicación. ¿Conocía ella a alguno de los que la abordaron? No se sabe aún. ¿Actuaron afectados por las drogas? Los policías dicen que consumían “Alita de mosca” y pasta base. No se conocen sus efectos en este caso. Tampoco cómo se desenvolvieron los días en ese barrio marginal de San Pablo, lleno de “fumaderos” (lugares preparados para que los adictos vayan a consumir apenas han comprado la droga). Sólo el abogado de la familia de Priscila, Javier Lobo Aragón, ha dado una opinión que parece acordar con los trascendidos de los investigadores: “Ya nadie puede desconocer lo que son capaces de hacer los transas en los barrios. Son sus dueños y también se creen dueños de la vida de sus habitantes”.

Hasta el momento, el asunto es un rompecabezas que se va resolviendo lentamente, apoyado en la declaración de un testigo. Bien vendrían las pericias para corroborar o descartar las hipótesis; pero el trámite ha de esperar un poco. Y en ese caso ya se habla de lo que el Estado, que tendría que dar respuestas, debería hacer y no está haciendo, o no está haciendo bien. No se sabe cuándo murió la joven (entre 24 y 72 horas antes de que se hallara el cuerpo en el cañaveral) y ese estudio ha sido encargado a los laboratorios forenses de Salta. Tampoco hay certezas de las causas de la muerte (se cree que fue por los golpes), ni si fue atacada sexualmente (estos estudios, y los toxicológicos, estarían la semana que viene) y tampoco hay precisiones sobre la sangre hallada en la camioneta secuestrada al supuesto transa (se deben hacer los estudios).

Estas pericias que se encargan en otras jurisdicciones ponen de manifiesto las carencias tucumanas. ¿Por qué Salta o Chaco o Buenos Aires tienen esos laboratorios y no Tucumán? Ya las medidas procesales en el caso del asesinato de Facundo Ferreira se demoraron tres meses a causa de la demora de las pericias. Y otros casos, como el del análisis para saber si un grupo de policías había consumido drogas, quedaron en el olvido. ¿Por qué no hay laboratorios en la Policía? Cuestiones presupuestarias, al parecer. El ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, dijo en su momento que en la Justicia penal se iba a avanzar lentamente con la constitución del equipo de peritos para las fiscalías (el ECIP, que ya está en funcionamiento), pero que se iba a seguir dependiendo de Salta en pericias como las del caso actual. Por otra parte, al anunciarse hace tres días la puesta en marcha de la fiscalía especializada en Homicidios (a cargo de Adriana Giannoni) se dijo que se haría la “adquisición de los insumos necesarios para una correcta investigación”, así como habría “equipos altamente capacitados”. Pero no está claro cómo se podrá acelerar los tiempos si se va a seguir enviando las muestras a Salta, Chaco o Buenos Aires. Tampoco se sabe si la falta de laboratorios se debe a escasez de dinero para montarlos en Tucumán, o es que los expertos tucumanos no saben qué es lo que haría falta para tener prestaciones al menos similares a las de Salta. El atraso tecnológico puede ser un asunto económico pero también es cultural. Finalmente, ¿se trata de un problema de la Justicia o de la Policía? ¿Qué área debería tener laboratorios? Las dos, por lo pronto, tienen peritos. Ese tema no se ha discutido y en realidad forma parte de la crisis de la investigación tucumana.

La tragedia de Priscila volvió a generar apuros en el mundo político para que se debatan los problemas de seguridad, como había ocurrido hace 10 días, luego del fin de semana de los cinco homicidios. Se volvió a pedir la comparecencia del ministro de Seguridad, Claudio Maley, ante la comisión legislativa, lo cual ocurriría el martes 14. En declaraciones públicas, Maley trató de sugerir que ha bajado el índice homicidios y mencionó que en 2017 hubo 113, cuando en el informe nacional de junio (alimentado con datos aportados por Tucumán) se dijo que en nuestra provincia hubo 118 asesinatos el año pasado. Luego la fiscala Giannoni, en la presentación de la fiscalía especializada en Homicidios, reiteró la cifra de 113 y dijo que hasta julio habían sido 56 los asesinatos. Pero luego hubo confusión. Se explicó que los 113 (de 2017) corresponden al área del centro judicial capital, pero los 56 corresponden a toda la provincia. ¿Qué área abarcará la fiscalía sobre Homicidios? ¿La provincia o sólo la capital?

Fragmentados y aislados

Estas imprecisiones muestra las distorsiones para la investigación, puesto que cada sector se aferra a sus propios protocolos, que no necesariamente son científicos, como las estadísticas sobre detenidos adictos que está haciendo el fiscal V, Washington Navarro Dávila. No se sabe cuál es el criterio metodológico que usa, más allá de preguntarles si son adictos y si quisieran rehabilitarse. Además, las hace sólo esa fiscalía y no las otras, de modo que las conclusiones son sectoriales.

En lo que hace a homicidios, Giannoni anunció que se harán estadísticas. En el anuncio estaba el presidente de la Corte Suprema, Daniel Posse, pero nada se dijo de que se vayan a usar las estadísticas que desde 2013 hace el equipo (de la Corte) sobre el Plan Preventivo de la Conflictividad Violenta. Tampoco se habló de las razones por las que ese equipo no hace públicas las cifras de homicidios desde 2016 (lo hicieron en 2014 y 2015), siendo que ya se podrían hacer estudios comparativos de crímenes, lugares, víctimas y victimarios, armas e incidencia de drogas, entre otras cosas, y trazar mapas de violencia. Posse, cuando era secretario de Derechos Humanos, creó hace 10 años un área para estudiar la violencia en conjunto con la Facultad de Derecho. Esa área se integró después al equipo del monitoreo de la Corte y este grupo se desarmó cuando el entonces presidente del Alto Tribunal, Antonio Gandur, ordenó que todos firmen un compromiso de confidencialidad y estableció el secretismo en un equipo que debería trabajar por la transparencia de los datos. Ese equipo se convirtió en un barco fantasma, que navega sin rumbo y sin ninguna utilidad para la sociedad.

Es dificil analizar si estos estudios, hechos entre reparticiones y oficinas que trabajan absolutamente separadas entre sí, hubieran servido para evitar acaso dramas como el de Priscila. Pero la zona en que la joven vivía estaría enmarcada dentro de un mapa de la violencia, sólo si se tuvieran en cuenta los homicidios -una amiga de la misma Priscila fue asesinada en noviembre pasado- y los ataques son frecuentes, tal como testimonió el vecindario el martes durante un corte de ruta. Se dice que la autoridades de Seguridad están por trazar ese mapa, en busca de lograr algunas medidas para hacer prevención de la violencia. Pero no se sabe con qué elementos ni con qué método. El caos organizativo en que estamos sumidos no nos permite más que correr desesperados en busca de soluciones urgentes ante cada emergencia.

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