Alistan el nuevo proceso penal y ratifican la intención de que rija desde febrero de 2019

03 Ago 2018

El Poder Legislativo sancionó una batería de proyectos destinados a preparar la puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT), sancionado en 2016 y postergado en distintas ocasiones. Si bien no se descarta que en el futuro inmediato se habilite una nueva extensión en los plazos, el cuerpo colegiado ratificó la intención de que su implementación inicie en febrero de 2019.

Las iniciativas fueron aprobadas por unanimidad. Según el peronista Marcelo Caponio, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, los tópicos abordados ayer surgieron del consenso con representantes del Poder Judicial provincial.

El oficialista describió, en líneas generales, cuatro novedades. La primera estuvo referida al régimen transitorio para la resolución de causas penales en trámite. Caponio detalló que, entre las alternativas acordadas, está que los expedientes elevados a juicio que cumplan con determinados requisitos podrán ser analizados por un tribunal unipersonal -sin los tres vocales requeridos actualmente-. Aclaró que, en caso de delitos complejos, se hará cargo un tribunal colegiado.

El peronista expuso luego sobre la creación de los Tribunales de Impugnación, que permitirán la “doble instancia” en las causas penales que tengan sentencia de fondo -ya no pasarán directamente a la Corte Suprema provincial-. Este órgano absorberá a la Cámara Penal de Apelaciones de la Capital, y operará tanto en la fase de instrucción como luego de los juicios.

Por otra parte, se facultó al Colegio de Abogados a elaborar, con intervención del máximo tribunal tucumano, un listado de defensores ad hoc para que asuman la representación de imputados en los debates. “Esto garantizará la legítima defensa”, dijo Caponio.

En otro párrafo, fundamentó la creación del Colegio de Jueces y de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). El primer órgano estará integrado por los magistrados que llevarán adelante las audiencias de juicio con el sistema adversarial, mientras que la OGJ se hará cargo de lo relativo a todo lo administrativo (personal, convocatorias a audiencias, los registros con el contenido de esas jornadas -dejarán de ser con expediente escrito, y pasarán a soportes magnéticos-, notificaciones de medidas, etcétera). “Este cuerpo legislativo toma la decisión política de que el nuevo Código Procesal Penal sea implementado en toda la provincia y empiece a regir desde el 1 de febrero de 2019”, afirmó Caponio.

José Canelada (UCR) reclamó la mora del Ejecutivo en la designación del ministro de la Defensa, y Fernando Valdez (UCR) advirtió que estas medidas no impactan de modo preventivo en la seguridad. Más allá de esas observaciones, acompañaron las iniciativas.

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