La pulseada por la Justicia penal

30 Jul 2018 Por Fernando Stanich

Si el oficialismo pretende apurar realmente al Poder Judicial con la aplicación de las manoseadas reformas penales, el próximo paso previsto promete levantar temperatura. El jueves, la Cámara sesionará para aprobar las normas complementarias que reclama la Corte Suprema de Justicia para la puesta en vigencia del Código Procesal Penal. Sin embargo, lo revelador no se dará en ese encuentro, sino en lo que indefectiblemente sucederá luego de ese debate en el recinto.

Una vez que los legisladores sancionen las leyes necesarias para la transición, para la creación del Colegio de Jueces, para la Oficina de Gestión y para el Tribunal de Impugnación, al gobernador Juan Manzur sólo le quedará por formular una designación más que estratégica. Y ese paso implicará el fortalecimiento de la figura de Edmundo Jiménez en el funcionamiento del fuero penal.

Vale un sencillo resumen para entender qué se está discutiendo entre los poderes. Desde 2012 se habla del pase del viejo sistema de expedientes en la investigación penal hacia un sistema más ágil, basado en la oralidad. Se plantean además medidas alternativas al juicio y la desestimación de las denuncias irrelevantes. El objetivo esencial es que los procesos se acorten y que la ciudadanía sienta, de una vez por todas, que efectivamente funciona la Justicia en Tucumán. No obstante, desde ese año a esta parte la transición ha sido postergada en reiteradas ocasiones con el argumento de que faltan recursos materiales, humanos y hasta capacitación de los actores judiciales. El último plazo dado, por ley, es febrero de 2019. No obstante, esa fecha tampoco se cumplirá, porque pese a que la norma fija que la aplicación del nuevo Código debe darse en toda la provincia, comenzará a funcionar en los tribunales del sur y, recién en 2021, en la Capital.

En el medio de estas idas y vueltas, Manzur tiene pendiente la designación de una figura clave para el nuevo sistema. El año pasado, el oficialismo parlamentario separó en dos al Ministerio Público, el órgano que representa a los intereses de la sociedad en los tribunales. Así, por un lado quedó el Ministerio Público Fiscal y, por el otro, el Ministerio Público de la Defensa. En paralelo, ambos ministerios fueron independizados mediante esa misma ley de los controles de la Corte sobre el personal y el presupuesto.

En el oficialismo, en la oposición y en los pasillos de tribunales todos están pendientes del nombramiento del jefe de los defensores públicos. Principalmente, porque el nombre escogido sugerirá muchísimo sobre quién será el vencedor en este choque de fuerzas por el control del fuero penal. “No lo vamos a regalar a ese cargo”, alertó un encumbrado oficialista la semana pasada. No regalarlo implica un par de cuestiones, pero hay una esencial: que el ministro de la Defensa, cuyo sueldo es equiparable al de un vocal de la Corte, será alguien que despierte confianza al poder político de turno.

Entre los pocos nombres que se lanzaron en los últimos meses, hay uno que superó todos los filtros. Al menos, hasta el viernes, en Casa de Gobierno daban por descontado que el gobernador propondrá para ese cargo al fiscal Washington Navarro Dávila. Incluso, su apellido ya fue lanzado entre los legisladores ligados al Poder Ejecutivo, puesto que deberán avalar su pliego en el recinto una vez que Manzur, eventualmente, lo proponga.

Si el gobernador finalmente se inclina por él enviará un mensaje claro respecto de qué lado está en la disputa entre el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, y la Corte Suprema. Navarro Dávila es uno de los principales escuderos del ex ministro de Gobierno durante el alperovichismo en los tribunales de la avenida Sarmiento al 400. Además, en los últimos años protagonizó duros cruces con los vocales del máximo tribunal. Es, también, el fiscal que en 2016 archivó el caso de las valijas de la Legislatura, aquel expediente –luego reabierto por orden de Jiménez en la Fiscalía de Claudio Bonari- en el que se investiga el destino de $615,6 millones en el 2015 electoral bajo la figura de “ayudas sociales”. Navarro Dávila, sobre la base de informes del Tribunal de Cuentas y de otras reparticiones, había considerado que no hubo delitos.

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