Apuran las leyes para el nuevo proceso penal de Tucumán

Los legisladores pretenden que el sistema basado en la oralidad comience a regir en los centros judiciales del sur a partir de febrero.

27 Jul 2018
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A SESIÓN. Jaldo y los presidentes de bloque acordaron deliberar el próximo jueves. prensa legislatura

La Legislatura se apresta a sancionar las normas complementarias que reclaman los actores del Poder Judicial para avanzar con la implementación del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT). La intención, al menos, es llegar con los tiempos para que el digesto comience a regir en febrero del próximo año en los tribunales del sur.

Ayer, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Seguridad se reunieron para avanzar en los dictámenes de cuatro iniciativas: las referidas a la creación del Colegio de Jueces, de la Oficina de Gestión de Audiencias, la del Tribunal de Impugnación y la ley de Transición. Las cuatro normas serán analizadas en una sesión convocada para el jueves.

La posibilidad de postergar nuevamente la puesta en vigencia del Código fue planteada en las primeras dos reuniones de la comisiones de implementación. El miércoles, en el encuentro de Concepción, quedó incluso planteada la necesidad de reformular por tercera vez la ley que establece la aplicación progresiva del nuevo proceso penal. En abril y después de una controversia con la propia Corte, la Legislatura había dispuesto que el sistema remozado entrara en vigor en febrero, en toda la provincia. No obstante, se hará operativo de manera paulatina.

El cronograma estipula que el nuevo Código debute en Concepción y Monteros a comienzos del año que viene. En 2020, la capital podría emplear las audiencias orales y públicas para dirimir la flagrancia y la prisión preventiva, e incorporar el resto de los institutos 12 meses después. Con los fines de incrementar los niveles de transparencia y de publicidad, y de reducir los plazos, el Código de 2016 elimina el expediente y aplica la oralidad en la etapa de investigación de las denuncias penales: ello conlleva grandes reestructuraciones edilicias y de personal, puesto que el esquema existente está preparado para tramitar papeles.

“Gradual”

El legislador Marcelo Caponio, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, ratificó la intención de que el nuevo Código entre en vigencia en el sur a comienzos de 2019.

“Están pendientes normas que han sido analizadas y hemos pasado a un cuarto intermedio para el martes. Se trata de la creación del Tribunal de Impugnación, el Colegios de Jueces, las oficinas de gestión, y las leyes de transición del sistema actual al nuevo. Son normas que han sido estudiadas y elaboradas con representantes de todos los estamentos. La intención es que entre en vigencia de manera gradual, empezando por la jurisdicción de Concepción”, planteó.

El Colegio de Jueces estará compuesto por los actuales jueces de Instrucción (actúan en las fase de investigación) y los jueces de Cámara (intervienen en las etapas de debate oral). La iniciativa prevé que ese nuevo cuerpo de magistrados opere en dos fases: Primera Instancia e Impugnación. De todas formas, esta estructura se regiría por la “flexibilidad” y la “rotación de todos sus integrantes”, indica el proyecto de ley. “Los jueces que integren los Colegios de Primera Instancia cumplirán indistintamente las tareas de juicio oral, investigación penal preparatoria, ejecución y demás competencias adjudicadas por la ley procesal. Funcionará como una única sección en la que se resolverá indistintamente todo lo referido a la investigación penal preparatoria y a la realización de los juicios orales”, señaló Caponio al fundamentar el proyecto.

En tanto, el Tribunal de Impugnación entenderá sobre los recursos que sean planteados “contra las resoluciones de la etapa de investigación penal preparatoria, el sobreseimiento, las que decidan la aplicación de medidas cautelares, de seguridad y corrección, las decisiones que imponga o rechace una medida de coerción personal o real, de seguridad y corrección, la que acepte o denegare la aplicación de la suspensión del juicio a prueba y del procedimiento abreviado, y la decisión que autorice la aplicación de normas especiales en asuntos complejos”.

Además de estos proyectos, aún resta que el Poder Ejecutivo nombre al representante del Ministerio Público Pupilar y de la Defensa (desde hace un año ese órgano está a cargo del ministro público fiscal, Edmundo Jiménez).

La comisión de implementación del nuevo Código se reunirá por tercera vez el 6 de agosto a las 18 en el Palacio de Tribunales. Ese día se formalizará la organización interna y se analizará el estado de avance de las normas que regulan el digesto. A su vez, se presentará también un informe acerca del estado de las obras edilicias y la documentación estadística pertinente para una mayor comprensión de la situación del fuero penal. El comité con representantes de los tres poderes y de la abogacía debía empezar a trabajar hace un año y ocho meses, pero la Corte, autoridad de aplicación de la reforma, no lo había convocado.

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