“Los tucumanos no podemos pagar el ajuste si ya hicimos el esfuerzo para no tener déficit”

Son tiempos difíciles. El recorte de gastos es una cirugía a la que ningún gobernador quiere exponerse. En términos populares, eso se llama ajuste. El presidente Mauricio Macri sostiene que es necesario ir hacia la convergencia fiscal, a la disminución del rojo en las cuentas, de tal manera que ningún distrito gaste más de lo que recauda. Y la meta es muy ambiciosa: recortar unos $ 300.000 millones en el Presupuesto nacional 2019, de un año electoral que se avecina bajo el signo de la austeridad. La mayoría de las provincias registra problemas fiscales; otras cierran sus ejercicios con lo justo. Y pocas exhiben superávit financiero. El tucumano Juan Manzur inscribe a Tucumán entre esta últimas y lanza una frase que cada vez replica más en la Casa Rosada: “los tucumanos no podemos pagar el ajuste si ya hicimos el esfuerzo ara no tener déficit en las cuentas de la provincia”.

Manzur no cree, en consecuencia, que Tucumán deba recortar $ 4.200 millones como se calculó, en una cuotaparte de un ajuste medido bajo los porcentajes de distribución histórica de coparticipación federal. En todo caso, el tucumano como el resto de sus pares de jurisdicciones gobernadas por el Partido Justicialista (PJ) están convencidos de, si se coparticipa el ajuste, éste deberá hacerse con cierto grado de equidad. Todas las miradas apuntan hacia Buenos Aires y hacia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernadas por los macristas María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.

El Gobierno nacional juega contrarreloj. El 15 de septiembre vencerá el plazo para que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, eleven al Congreso el proyecto de Presupuesto 2019. Antes, los peronistas quieren que sea la Nación la que pague los costos de un ajuste prometido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando se acordó el préstamo stand-by de U$S 50.000 millones para el país.

Manzur tiene aceitados contactos telefónicos con sus pares de otras provincias. Particularmente, con el cordobés Juan Schiaretti y con el sanjuanino Sergio Uñac, entre otros. Y siempre tiene el celular abierto para la convocatoria nacional. “Si mi invitan, voy”, dice cuando se le consulta acerca de la posibilidad de que Macri convoque a una cumbre con los gobernadores.

“El Presidente quiere que todos los gobernadores se comprometan de manera explícita a apoyar un compromiso (para ajustar en $ 100.000 millones el gasto en provincias), y de allí que buscaría reunirlos en una gran foto, si es posible, el mismo día del envío de la ley de leyes al Parlamento”, atribuyen en Buenos Aires a dichos de colaboradores de Macri.

Pero hay diferencias sustanciales. El 17 de noviembre pasado, el jefe de Estado sentó a los gobernadores a acordar un Consenso Fiscal, para bajar gastos, eliminar impuestos distorsivos y reformular el reparto de la coparticipación en un contexto de fortalecimiento institucional y político de Cambiemos. Hoy es diferente. La crisis cambiaria, el acuerdo con el FMI y las últimas medidas adoptadas por la Casa Rosada (retoques en Ganancias, que apuntan a la clase media; cambios en las asignaciones familiares, que perjudicaron a distritos de la Patagonia y del Norte del país, entre otras) y un freno en la actividad económica minaron la imagen presidencial.

“Esperamos que tanto las provincias que firmaron el Consenso Fiscal, como los municipios que no, que vayan bajando el nivel de impuestos que fueron creando porque afecta la generación de empleo”, dijo Macri a Radio 6 de Bariloche desde Sudáfrica como una manera de marcarle la cancha a las provincias.

“Necesitamos crecer no a partir del clientelismo político, que inventa cargos políticos, que redundan en impuestos que aplastan la creación de empleo privado y generan el empleo en negro”, puntualizó el jefe de Estado.

Sin distingos

Entre los gobernadores hay otro comentario que va creciendo. Ni los peronistas díscolos, ni los racionales, como tampoco los propios están de acuerdo con aquellas medidas. Y no sólo porque el traslado del ajuste les obligue a ser más austeros, sino por el temor de que ese paquete de acciones termine afectando la base electoral en cada uno de sus distritos, mirando hacia 2019.

En esta orientación se inscribe la reacción del salteño Juan Manuel Urtubey, que dijo: “hemos realizado todos los esfuerzos necesarios para aportar al equilibrio fiscal consolidado pasando de un déficit a superávit en los seis primeros meses del año, pero no es posible seguir trasladando gastos y responsabilidades desde la Nación a las provincias”. En sus críticas, Urtubey remarcó “la mirada centralista” de la administración Macri. La declaración del gobernador de la vecina provincia es casi similar a la del tucumano Manzur.

En la Casa de Gobierno provincial todavía se preguntan cuándo arrancarán las obras de ejecución de viviendas. El propio Manzur señaló que las 2.300 casas que se proyectaron hacer en Tucumán no cuentan con financiamiento nacional. “Ahora no sé qué quieren hacer con el Fonavi”, indicó el viernes último a sus funcionarios del área de Economía cuando trascendió un eventual recorte, desmentido el mismo día por el Ministerio del Interior.

De acuerdo con los cálculos oficiales, la Nación aún adeudaría cerca de $ 600 millones por certificados de obras de viviendas. Antes de que se firme el acuerdo con el FMI, el gobernador instruyó al equipo de Economía, que encabeza el ministro Eduardo Garvich, analizar la posibilidad de saldar esa deuda con los mismos fondos Fonavi, y ver si era viable que la Provincia financie, con fondos propios, la construcción de unas 400 viviendas. La crisis cambiaria y la caída de la actividad económica nacional frenaron esos planes oficiales.

El frente frío, con calor

En el sur del país también hay mar de fondo. El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, exteriorizó sus quejas por la reducción de las asignaciones familiares. “Perder el beneficio como ‘zona desfavorable’ es resignar un derecho histórico adquirido por todos los habitantes de la Patagonia, donde claramente los costos de vida son más elevados y desde el Gobierno central, algunos, se proponen no reconocer”, exclamó. Su par de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, opinó en el mismo sentido. “Se trata de un ajuste contra la Patagonia”, indicó.

Agosto puede llegar con una convocatoria de Macri a los gobernadores. Según el analista político, Sergio Berensztein, “se trata de una negociación dura, en la que hasta el método es tan duro como raro” ¿Por qué?, le consultó LA GACETA. “No hay una mesa de negociación o de conversación donde estén todos a la vista (son sectoriales). Entonces eso genera sospechas y desconfianza porque los gobernadores creen que la Nación puede llegar a volcar fondos discrecionalmente hacia un electorado que surge de potenciales beneficiarios de planes”, subrayó.

Berensztein también reconoció que existe cierta exageración en los matices discursivos de algunos gobernadores y referentes políticos. El analista, no obstante, señaló que ese duro proceso de negociación entre la Nación y las provincias ya forma parte de la liturgia argentina. En ese aspecto, recordó que, en la década de 1990, el cruce de acusaciones y las discusiones, producto de la pelea por la distribución del dinero, ya se había observado antes de Olivos, que terminó con el famoso pacto. “El hecho de que hoy haya un alto voltaje en el debate político argentino no quiere decir que no haya acuerdo, aunque la negociación -en estos términos- siempre resulta más compleja”, finalizó.