¿Quién se atreverá a acompañarlo?

23 Jul 2018 Por Fernando Stanich

De cómo finalice la discusión por el Presupuesto 2019 puede depender el resultado del proceso electoral nacional del próximo año. Ocurre que en las últimas horas, el Gobierno de Mauricio Macri se dedicó a espantar a los gobernadores peronistas: desparramó con un grado de informalidad insólita números sobre el impacto que tendría el ajuste comprometido ante el Fondo Monetario Internacional.

Las consultas entre los mandatarios justicialistas se multiplicaron a partir de la reunión que mantuvieron a mitad de semana los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; y de Interior, Rogelio Frigerio, con los responsables de las finanzas provinciales. Lo primero que sorprendió fue que no haya nada documentado. Es decir, los funcionarios nacionales se presentaron ante los enviados de los gobernadores sin ningún respaldo por escrito. En la charla –a la que asistió Rolando Steimberg por Tucumán- Dujovne y Frigerio ratificaron la idea de avanzar con un Presupuesto que contenga el recorte de $ 300.000 millones. Para ello, insistieron en que la Nación asumirá casi el 67% de la poda, y que el otro 33% tendrían que asumirlo los distritos en base al coeficiente de coparticipación. Sólo así, advirtieron, se logrará cumplir con la meta del 1,3% del déficit fiscal el próximo año.

El problema, según admiten en el entorno del gobernador, Juan Manzur, es cómo reducir el gasto público. Si se sigue la sugerencia de Cambiemos, Tucumán debería resignar en 2019 alrededor de $ 4.200 millones. Para tener una magnitud del monto, se trata de una cifra similar a la que permite el funcionamiento de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y sensiblemente superior a la de la Universidad Nacional de Tucumán.

“Deberíamos cerrar dos o tres hospitales y una decena de escuelas”, ejemplifica un funcionario provincial de primera línea. Por lo pronto, Manzur ya encomendó al área de Hacienda que elabore un detalle sobre el impacto preciso que tendría en las arcas públicas ese número.

La primera reacción de las provincias fue de rechazo. Les plantearon a los funcionarios macristas algo que vienen sosteniendo desde hace tiempo: que el grueso del achique lo asuma la Nación transfiriendo a provincia de Buenos Aires y a Ciudad de Buenos Aires los servicios que hoy costean todos los vecinos del país mediante los subsidios al transporte y los fondos para sostener las tarifas luz y de agua. El temor en este embrollo de los servicios públicos no es patrimonio exclusivo de los políticos.

Los empresarios del transporte público, por ejemplo, están expectantes. En la última semana se preocuparon por exhibir la inequidad que hay en el reparto de los subsidios: la Nación paga $ 14,41 por pasaje en la Capital Federal contra $ 7,29 de cada viaje en San Miguel de Tucumán. Si efectivamente la Casa Rosada elimina o recorta la asistencia al transporte público, como sugirió el FMI, quedan dos opciones: o las provincias se hacen cargo de esa partida o los boletos en todo el país aumentarán y esa suba deberán costearla los usuarios. Alguien, sí o sí, tendrá que asumirla.

Hay otro anticipo verbal de los funcionarios nacionales que enardeció a los gobernadores: la eliminación del Fondo Federal Solidario o Fondo Soja, que se compone con el 30% de la recaudación por las retenciones a las exportaciones. Aquel método de coparticipación, diseñado por Cristina Fernández de Kirchner para sumar a las provincias en su batalla contra el campo, permitió durante algunos años realizar obras públicas de menor escala en comunas y municipios y, ya más laxo con el correr del tiempo, atender gastos corrientes de los estados. Su utilización, en Tucumán, siempre estuvo envuelta en polémica.

En la anterior gestión, la senadora Silvia Elías de Pérez denunció en la Justicia presuntas irregularidades en el uso de esos recursos en la administración capitalina del ahora funcionario macrista Domingo Amaya. Ya el año pasado, el legislador radical Eudoro Aráoz reclamó que se audite el destino dado por la Provincia a ese Fondo, entre 2009 y 2016, que sumó poco más de $ 3.900 millones. Según planteó, mediante decretos, el anterior gobernador José Alperovich le dio un destino diferente al estipulado a esos dineros.

Pero la tijera nacional también amenaza con alcanzar a dos áreas sensibles: educación y viviendas. El primer recorte, de concretarse, puede ser más dramático porque se trata del Fondo de Incentivo Docente, una partida cara al sentimiento de los educadores de todo el país porque se gestó a partir de aquella Carpa Blanca que instalaron los maestros en la Plaza de Mayo en 1997 contra el Gobierno de Carlos Menem.

Un año después de esa protesta, el Congreso convirtió en ley el Fonid y desde entonces engrosa los presupuestos educativos de cada provincia, al punto que representa actualmente $ 580 millones para Tucumán. En el caso de las obras públicas, las consecuencias en este distrito pueden ser relativas: el gremio de la construcción ya habla de 3.000 empleos caídos en el último año; hace un mes los empresarios dijeron que casi no hay proyectos para esta zona del país y Manzur suele rezongar porque, desde que inició su gestión, no pudo iniciar ninguna obra de vivienda nueva.

Por lo pronto, los gobernadores peronistas ya advirtieron que no acompañarán un ajuste de esa naturaleza. El propio Manzur trasladó el viernes su preocupación a los intendentes de su espacio, y comenzó la ronda de conversaciones con sus pares. Nadie, según transmitió, acompañará un proyecto de Presupuesto nacional con semejante poda. A juzgar por las primeras charlas, a Macri le costará demasiado consensuar con el peronismo el ajuste y se viene un segundo semestre de mucha convulsión social. En especial, porque el PJ y los demás referentes opositores son conscientes de que esa herramienta es esencial para el futuro del macrismo.

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