La CGT se opone a que las obras sociales sindicales cubran los abortos legales

La central obrera sostiene que no podrán costear la práctica, si se aprueba la ley.

04 Jul 2018
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¿Podrán las obras sociales sindicales afrontar los costos de realizar abortos, si se aprueba la ley que autorizaría esta práctica? La CGT asegura que no.

El debate por la legalización del aborto despertó posiciones a favor y en contra en distintos sectores y por razones diferentes. Una de las voces fue la de la CGT. A pocos días de haber empezado su tratamiento en las comisiones del Senado, el triunvirato de la central obrera marcó la cancha y adelantó que sus obras sociales no van a poder costear la práctica, en caso de que se apruebe la ley.

Según informó TN, el consejo directivo de la central obrera se reunirá el próximo jueves 12 con el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, para que el funcionario les explique cuál será el plan de financiamiento. 

Los gremios mostraron su preocupación por la posible legalización del aborto, ya que consideran que sus obras sociales no podrían cubrir el gasto. 

Mientras tanto, los sindicalistas deberán esperar a que el proyecto continúe su paso por el Senado, ya que todavía no se firmó dictamen ni se votó en el recinto de la Cámara. 

En comisiones

El pliego empezó a tratarse en las comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales el martes. En esa primera reunión, se definió el cronograma de debate: habrá exposiciones todos los martes y miércoles hasta el 31 de julio. 

Hasta ahora, la lista de expositores cuenta con al menos 60 invitados, pero se espera que el número aumente en los próximos días, ya que, en su paso por Diputados, hubo más de 700 oradores. 

Uno de los senadores que planteó el mismo interrogante de la financiación fue el misionero Maurice Closs, quien adelantó que presentará cambios en el proyecto que obtuvo media sanción de Diputados. El ex gobernador de Misiones recalcó que está preocupado por el costo que significaría el aborto para los sistemas provinciales de salud y, a su vez, cuestionó que no se haya incluido la objeción de conciencia institucional, que permite que los centros se puedan negar a realizar la práctica.

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