Veedores en veremos

29 Jun 2018 Por Irene Benito

Pasaron 225 días desde que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán recibió la carta de presentación de los llamados veedores suscripta por Alejandro Collia, un misterioso funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El mensaje pedía permiso para cotejar y fotocopiar una serie de 33 expedientes por medio de los abogados Ana Colombres Garmendia y Juan Roberto Robles. Pero la misiva tenía tres códigos de lectura susceptibles de producir un terremoto institucional: 1) se trataba de una solicitud de acceso a la información pública dirigida a una jurisdicción provincial que hace un culto al secretismo; 2) el listado de causas incluía procesos penales de altísima sensibilidad que involucran a funcionarios de los tres poderes del Estado y 3) Robles no sólo es un dirigente radical “de armas llevar”, sino que también interviene profesionalmente en algunos de los casos de interés de la veeduría. En suma, un combo intragable para el oficialismo doméstico que el Poder Ejecutivo repelió de entrada.

Hubo repudios airados, como el de la propia Asociación de Magistrados de Tucumán, y apoyos a mitad de camino, como el del Colegio de Abogados de la Capital, que avaló la medida de transparencia, pero objetó el perfil político de Robles y de Colombres Garmendia, funcionaria local de Cambiemos. Volaron los cohetes intensamente en diciembre hasta que Daniel Posse, que recién llegaba a la presidencia de la Corte, dijo “sí” y “no”, o sea, “ni”, a Collia: no habría un permiso general, pero sí un redireccionamiento a las respectivas oficinas que controlan los procesos incluidos en la nómina.

Más directo fue el ministro público fiscal, Edmundo Jiménez, que se dio por no notificado de manera oficial sobre la iniciativa nacional. Luego el ministro Germán Garavano defendió el fondo y la forma de la veeduría en Tucumán como un método para coadyuvar a la rendición de cuentas. Hasta aquí, la historia del desembarco de una observación vilipendiada en el entorno del senador-contador que gobernó la provincia entre 2003 y 2015. Dicen que el ex mandatario siempre vaticinó que todo quedaría en la nada; que nadie se animaría a ir a fondo y que, en definitiva, los casos de corrupción permanecerían lejos de las miradas indiscretas.

¿Tenía razón el senador? Tal vez sea pronto para responder, pero el apocamiento de la observación y, sobre todo, el paso del tiempo sin hallazgos concretos más allá de un pedido de auditoría -no resuelto por la Corte- y de informes parciales remitidos a Garavano, estarían dándole motivos para sonreír (una vez más). Lo cierto es que los veedores se encontraron en el medio de un mar revoltoso; rodeados de tiburones, y navegando en una balsa hecha con un piolín y dos palitos. A poco de comenzar a remar, los sorprendió la tempestad cambiaria y el naufragio del gradualismo económico. Nunca nadó en la abundancia, pero Cambiemos puso a andar la veeduría un mes después de triunfar en las elecciones del año pasado. Esa sensación de fortaleza sobre la que se montó el avance en un distrito impenetrable como Tucumán resulta cosa de otro siglo. Urgido por el dólar y la necesidad de cumplir con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno nacional padece “el síndrome de Alemania”: tanto viraron la suerte y las circunstancias que no recuerda que hace poco ganó el Mundial.

El cálculo más lógico indica que los roces y conflictos con el Gobierno tucumano quedaron para otra ocasión. Los veedores contemplan ese partido y obran en consecuencia. Las instrucciones acotadas que recibieron primitivamente se achicaron más y más, en lo que sería una confirmación de que el ajuste en marcha trasciende las cuentas públicas. La observación inicial casi que se circunscribió a lo obvio y a lo que está a la vista, como los juicios orales de Paulina Lebbos y del ex funcionario Miguel Ángel Brito, y a lo que no puede causar cortocircuitos relevantes, como el conjunto de procesos del fuero de familia.

Frente a ese panorama, un príncipe del foro conjeturó que tanto exceso de prudencia no podía sino implicar que había ojos vendados a propósito: es cierto que la mirada de la administración nacional no se introduce en los reductos más oscuros de los Tribunales locales, pero tampoco se aparta del cuadro general. Según esta teoría, la posibilidad de entrar a las causas que preocupan al poder sigue viva, y eso por sí sólo genera un efecto en la Justicia y en la política.

El “te miro, pero no te miro” estaría dando sus pequeños beneficios. Algunas causas salieron de la parálisis en la que estaban por el solo hecho de haber sido señaladas por Collia y sin que hiciera falta ir a mirarlas. Otros ciudadanos desencantados con el sistema judicial pidieron auxilio a los veedores alegando indefensión y la expansión de una “Justicia para ricos”. Aunque parezca mentira, lo mismo hicieron, aunque invocando persecución e iniquidad, ciertos magistrados. Los abogados de la Nación también acompañaron a las víctimas, en especial a Alberto Lebbos.

Son logros menudos para quienes aguardaban un sacudón espectacular, pero lógicos en una provincia donde la oposición no termina de elaborar un discurso crítico compacto sobre el Poder Judicial y, por añadidura, el oficialismo hace y deshace sin toparse con grandes inconvenientes. Entre quienes deberían controlar los posibles abusos de las autoridades sobran las quejas aisladas y esporádicas respecto del comportamiento de la Justicia tanto como el acostumbramiento a sus falencias estructurales. Las debilidades del fuero penal son moneda corriente, pero ningún dirigente se las ha tomado lo suficientemente en serio como para convertirlas en su bandera. No hay seguimientos a jueces y fiscales cuestionados ni monitoreos sistemáticos de las denuncias penales que los propios opositores plantean. Este modo de (no) cambiar la realidad tal vez explique por qué pasaron 225 días y los veedores siguen en veremos.

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