Juri afirmó que la tasa de hechos delictivos descendió en la provincia

Un legislador oficialista desmiente los datos del Ministerio de Seguridad nacional y afirma que en Tucumán se registraron menos hechos delictivos durante 2017.

“Respetamos los informes de la Nación, pero nosotros tenemos nuestros propios informes, que mostraron una disminución del delito”, aseveró ayer Fernando Juri, vicepresidente subrogante de la Legislatura, quien, sin embargo, no dio a conocer las cifras locales.

Esta semana, la cartera que conduce Patricia Bullrich difundió el informe “Estadísticas Criminales de la República Argentina”, que reflejó que los delitos registrados durante el año pasado en la provincia se incrementaron un 9,5% respecto de 2016. En contraste, según esa estadística, en el ámbito nacional hubo una reducción del 1%.

“No es el informe que tenemos de nuestra Policía, del Ministerio de Seguridad. Son parámetros que maneja la Nación. Hay una contradicción”, hizo hincapié el parlamentario.

La provincia se ubicó en el cuarto lugar del ranking nacional de hechos delictivos, lista que encabezó La Rioja, con una alza de un 28%; Santiago del Estero, con 24%; y Entre Ríos, con 14%. Además, el informe oficial evidenció un incremento de un 15% de los hurtos el año pasado, respecto de 2016. La tasa de robos subió, a su vez, un 10%.

En homicidios dolosos hubo un crecimiento de un 28%, aunque no han sido discriminados los ocurridos en ocasión de robo.

“No sé qué estamento elevó los datos a la Nación. Reitero, tenemos informes contradictorios, con relación a los de nuestro Ministerio de Seguridad”, destacó Juri.

El secretario de Seguridad de la provincia, Luis Ibáñez, explicó que la cartera nacional evaluó datos que habían enviado desde el área de estadísticas de la Policía de la provincia.

A fines de 2017, el Gobierno local dispuso el rango ministerial de Seguridad, en concordancia con un salto de los registros de casos de narcotráfico y narcomenudeo. Meses después, creó la Secretaría de Lucha Contra el Narcotráfico en la órbita del nuevo ministerio.

Ayer, la Legislatura convirtió en ley la iniciativa del Poder Ejecutivo (PE), que establece que, en caso de que un empleado o un funcionario sea imputado en causas de delitos de tenencia y tráfico de droga o se le dicte auto de procesamiento, la Provincia puede suspenderlo de manera provisoria, sin derecho a haberes. Pero puede dejar sin efecto la designación en caso de que el delito sea en flagrancia.

“Con esto, el oficialismo busca evitar los planteos de inconstitucionalidad”, explicó Nancy Bulacio, de la Comisión de Legislación General. “Esta disposición alcanzará a empleados y funcionarios de los entes descentralizados, autárquicos y fuerzas de seguridad pública”, añadió la legisladora.