DETENCIÓN. El joven fue aprehendido mientras caminaba por la calle, un día después de que allanaran su casa.
La Justicia procesó a un joven de 24 años, investigado por haber organizado y promovido picadas clandestinas de motocicletas en Lomas de Tafí. El sospechoso fue imputado y permanecerá bajo arresto domiciliario mientras es monitoreado con una pulsera electrónica y sujeto bajo una caución económica de $3 millones.
La investigación se originó a partir de una convocatoria masiva de motociclistas que comenzó a circular por medio de redes sociales a fines de diciembre. El pasado 26 de ese mes, la Policía tomó conocimiento de la difusión de una reunión que instaba a concentrarse para realizar pruebas de velocidad y maniobras ilegales. Al día siguiente, la convocatoria se concretó en la zona de la pista de skate de Lomas de Tafí, donde se reunieron cientos de motos.
Durante la madrugada del 27 de diciembre los motociclistas realizaron piruetas, carreras clandestinas y circularon a gran velocidad por sectores no habilitados por el municipio, generando ruidos molestos y poniendo en riesgo su integridad física y la de los vecinos. Si bien esa noche se desplegó un operativo policial en el lugar, los efectivos no lograron disuadir completamente la concentración, lo que motivó el inicio de una investigación más profunda para evitar nuevos episodios similares.
La División Delitos Telemáticos, al mando de la comisario Yolanda Álvarez, realizó las primeras averiguaciones con el objetivo de identificar a los responsables de la organización. A partir de un rastrillaje cibernético descubrieron que un joven de 24 años utilizaba las redes sociales para convocar a motociclistas, fijar puntos de encuentro y promover picadas clandestinas.
Con las evidencias reunidas, solicitaron las medidas de allanamiento en dos domicilios de la Capital, las cuales fueron aprobadas por la jueza Cynthia Lorena Rocha. Los procedimientos se llevaron a cabo durante la jornada del martes pasado y se secuestraron dispositivos electrónicos que ahora serán peritados, entre ellos dos notebooks, pendrives y una cámara digital tipo GoPro, además de otros elementos de interés para la causa. Al momento de los registros, el sospechoso no se encontraba en los inmuebles, por lo que se libró un pedido de captura en su contra.
La búsqueda continuó y, alrededor de las 11 de la mañana del miércoles, los investigadores lograron divisarlo cuando caminaba por la calle, a pocos metros de su casa. Allí fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.
Acusación
La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Criminal de Feria, que conduce María del Carmen Reuter. Ayer a la mañana se realizó la audiencia correspondiente, en la que se formalizó la imputación contra el sospechoso y lo acusaron de ser autor del delito de organización o promoción de una prueba de velocidad o destreza con un vehículo con motor sin la debida autorización de la autoridad competente.
Según expuso la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás, el imputado utilizaba un perfil de Facebook denominado “Acelerala a fondo Tuc 2” para convocar a reuniones masivas de motociclistas. En la última invitación fijó inicialmente como punto de encuentro una estación de servicio de El Manantial. La Fiscalía sostuvo que además de organizar el evento, también participó activamente en pruebas de velocidad y destreza realizadas alrededor de la 1 de la madrugada en la intersección de las avenidas Raúl Alfonsín y Francisco Jaldo.
Luego de exponer las evidencias recolectadas hasta el momento, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que fuera sometido durante siete días a la medida de prisión preventiva, argumentando la necesidad de asegurar el proceso y avanzar con nuevas medidas para identificar a posibles cómplices. “Observamos en el acusado una clara conducta temeraria que implica un grave riesgo para sí y para terceros. Estos espacios no están habilitados para dicha actividad, representando un peligro evidente para la seguridad de la zona”, fundamentó Briz Tomás.
Finalmente, el juez Alejandro Tomas rechazó el pedido de prisión preventiva, pero ordenó el arresto domiciliario del imputado con seguimiento electrónico mediante pulsera y le impuso una caución económica de $3 millones, mientras la investigación continúa su curso.
