Por Irene Benito
22 Junio 2018
UN FUERO ESTRATÉGICO. Los pleitos que involucran al Estado se dirimen en la Cámara Contencioso Administrativa. la gaceta / foto de juan pablo Sánchez Noli (archivo)
Comienza a despejarse el panorama respecto del futuro de la vocalía para la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Ricardo Acosta, subinterventor del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Subsidio de Salud), ocupa el primer puesto del orden de mérito provisorio elaborado por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) en el concurso que convocó para preseleccionar al reemplazante de Salvador Ruiz. Según esa tabla, 13 candidatos quedaron en condiciones de pasar a la entrevista con los consejeros. El resultado de esa fase más los resultados de las eventuales impugnaciones generarán el ranking definitivo de donde saldrán los tres nombres que el CAM elevará al Poder Ejecutivo para que proceda a escoger al futuro camarista. La designación ha de recibir, a continuación, el acuerdo legislativo.
Acosta, un funcionario con carrera en el Ministerio de Salud de la provincia, logró 82,5 puntos entre la calificación de los antecedentes y de la oposición. Augusto González Navarro, director de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Tucumán y hermano del ex legislador justicialista Ramiro González Navarro, se quedó con la segunda posición al obtener 80 unidades. El letrado Adolfo Iriarte Yanicelli, vicecónsul honorario de España en Tucumán, está ubicado en tercer lugar (78 puntos). A este le siguen Cristian Schurig (76,85); Pablo Salomón (68,45); María Isabel Nieva Conejos (66); Clementino Colombres Garmendia (64,55); Carlos Canevaro (64,15); José Antonio Gandur (63,25); María Elena Aguirre (62); Luis Rodolfo Albornoz (58,40); Arturo Combes (54,55) y Christian Fernández (54,15). Quedaría descalificada la postulante Nanci Roxana Fagioli porque no reunió el puntaje mínimo necesario para seguir compitiendo.
Si las vicisitudes del proceso de preselección confirman el orden provisorio, integrarán la terna Acosta, González Navarro e Iriarte Yanicelli. Pero, debido al margen escaso de puntos que separa a unos aspirantes de otros y a los intereses en juego, no sería descabellado que haya modificaciones. La Cámara en lo Contencioso Administrativo consta de tres salas (cada una de ella está integrada por dos jueces) y tiene competencia en toda la provincia respecto de los juicios en los que el Estado es parte como demandante o demandado. Por lo menos hasta en el turno de 2015, ese tribunal resolvió también los conflictos electorales. En ese contexto, Ruiz y la camarista Ebe López Piossek (Sala III) llegaron incluso a declarar la nulidad de los comicios de aquel año mediante una resolución que luego fue revertida por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, fallo que, por último, confirmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A diferencia de otros fueros en los que hubo grandes movimientos y recambio de jueces, la órbita de lo contencioso administrativo varió apenas en las últimas dos décadas. El Gobierno de José Alperovich sólo pudo colocar allí a un magistrado, Sergio Gandur, quien en 2011 se integró a la Sala III, estrado que comparte con López
Ya puede deliberar la comisión creada en 2016
Un mes llevó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán armar la comisión especial de implementación del nuevo Código Procesal Penal. Pero ya están los nombres de todos los integrantes titulares y de la mayoría de los sustitutos, y, por ende, puede empezar a trabajar el comité creado en 2016. Daniel Posse, presidente del alto tribunal, confirmó que la decisión sobre la convocatoria a la primera reunión está en manos de los representantes titulares del Poder Judicial, los vocales Antonio Gandur y Antonio Estofán. El encuentro inaugural podría tener lugar en forma previa a la feria de julio, un semestre antes de la fecha establecida para que el digesto remodelado entre en vigor en toda la provincia.
La última designación de integrantes que faltaba, la del Poder Ejecutivo, fue plasmada en el Decreto 1.736, del 30 de mayo. Ese instrumento nombra como miembros titulares a Daniel Leiva, fiscal de Estado; Carolina Vargas Aignasse, secretaria de Gobierno y Justicia, y a José Farhat, secretario de Participación Ciudadana. El gobernador Juan Manzur designó como representantes suplentes a Érica Brunotto, titular de Derechos Humanos, y a Aldo Jarma, fiscal de Estado adjunto. Una semana antes, el vicegobernador Osvaldo Jaldo había comunicado a la Corte que por la Legislatura participarán los legisladores justicialistas Marcelo Caponio, Javier Pucharras y Sandra Mendoza, y los opositores Alberto Colombres Garmendia y José María Canelada. Con el carácter de suplentes, intervendrán las oficialistas Stella Maris Córdoba y Sara Assán.
El Colegio de Abogados del Sur estará representado por su presidente, Ángel Fara, y por el secretario Cristian Fernández (suplente). El Colegio de la Capital nombró a los letrados Arnaldo Ahumada y Diego Lammoglia (suplente). Por el Ministerio Público Fiscal intervendrán su titular, Edmundo Jiménez, y el fiscal Jorge Carrasco (suplente). La Corte aún no resolvió quiénes serán los reemplazantes de Estofán y de Gandur, pero Posse anticipó que iba a proponer a los camaristas penales Sergio Altamirano (Concepción) y Gustavo Romagnoli (capital).
Del repaso de nombres y de instituciones surge que sólo la defensa pública quedó afuera del equipo. El Ministerio Público de la Defensa fue creado a comienzos del año pasado, pero la demora en la designación de su titular impidió, en los hechos, separarlo del órgano que encabeza Jiménez. El nombramiento del primer ministro de la defensa, que debe contrapesar el poder de acusación de los fiscales, depende de una designación discrecional de Manzur.
La ley que obligaba a constituir una comisión a los fines de la puesta en marcha del nuevo proceso penal fue dejada de lado hasta el mes de abril, cuando Posse se comprometió a reflotarla en una reunión en la Legislatura. Originariamente, el nuevo código debía regir desde septiembre de 2017.
La llamada Comisión Especial Interinstitucional de Monitoreo e Implementación es una réplica del comité convocado en 2013 para elaborar el anteproyecto de digesto que la Legislatura terminó sancionando tres años después. El comité tiene en sus manos la posibilidad de subsanar las carencias que la propia Corte enumeró el 4 de abril, cuando declaró que el nuevo código era de imposible realización. La Ley 8.934 asigna a la comisión especial atribuciones para asistir, asesorar y seguir la implementación; entre otras.
Ya puede deliberar la comisión creada en 2016
Un mes llevó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán armar la comisión especial de implementación del nuevo Código Procesal Penal. Pero ya están los nombres de todos los integrantes titulares y de la mayoría de los sustitutos, y, por ende, puede empezar a trabajar el comité creado en 2016. Daniel Posse, presidente del alto tribunal, confirmó que la decisión sobre la convocatoria a la primera reunión está en manos de los representantes titulares del Poder Judicial, los vocales Antonio Gandur y Antonio Estofán. El encuentro inaugural podría tener lugar en forma previa a la feria de julio, un semestre antes de la fecha establecida para que el digesto remodelado entre en vigor en toda la provincia.
La última designación de integrantes que faltaba, la del Poder Ejecutivo, fue plasmada en el Decreto 1.736, del 30 de mayo. Ese instrumento nombra como miembros titulares a Daniel Leiva, fiscal de Estado; Carolina Vargas Aignasse, secretaria de Gobierno y Justicia, y a José Farhat, secretario de Participación Ciudadana. El gobernador Juan Manzur designó como representantes suplentes a Érica Brunotto, titular de Derechos Humanos, y a Aldo Jarma, fiscal de Estado adjunto.
Una semana antes, el vicegobernador Osvaldo Jaldo había comunicado a la Corte que por la Legislatura participarán los legisladores justicialistas Marcelo Caponio, Javier Pucharras y Sandra Mendoza, y los opositores Alberto Colombres Garmendia y José María Canelada. Con el carácter de suplentes, intervendrán las oficialistas Stella Maris Córdoba y Sara Assán.
El Colegio de Abogados del Sur estará representado por su presidente, Ángel Fara, y por el secretario Cristian Fernández (suplente). El Colegio de la Capital nombró a los letrados Arnaldo Ahumada y Diego Lammoglia (suplente). Por el Ministerio Público Fiscal intervendrán su titular, Edmundo Jiménez, y el fiscal Jorge Carrasco (suplente). La Corte aún no resolvió quiénes serán los reemplazantes de Estofán y de Gandur, pero Posse anticipó que iba a proponer a los camaristas penales Sergio Altamirano (Concepción) y Gustavo Romagnoli (capital).
Del repaso de nombres y de instituciones surge que sólo la defensa pública quedó afuera del equipo. El Ministerio Público de la Defensa fue creado a comienzos del año pasado, pero la demora en la designación de su titular impidió, en los hechos, separarlo del órgano que encabeza Jiménez. El nombramiento del primer ministro de la defensa, que debe contrapesar el poder de acusación de los fiscales, depende de una designación discrecional de Manzur.
La ley que obligaba a constituir una comisión a los fines de la puesta en marcha del nuevo proceso penal fue dejada de lado hasta el mes de abril, cuando Posse se comprometió a reflotarla en una reunión en la Legislatura. Originariamente, el nuevo código debía regir desde septiembre de 2017.
La llamada Comisión Especial Interinstitucional de Monitoreo e Implementación es una réplica del comité convocado en 2013 para elaborar el anteproyecto de digesto que la Legislatura terminó sancionando tres años después. El comité tiene en sus manos la posibilidad de subsanar las carencias que la propia Corte enumeró el 4 de abril, cuando declaró que el nuevo código era de imposible realización. La Ley 8.934 asigna a la comisión especial atribuciones para asistir, asesorar y seguir la implementación; entre otras.
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