“Es muy importante que se conozca todo lo que pasa en el Poder Judicial”

“Es muy importante que se conozca todo lo que pasa en el Poder Judicial”

Sbdar evaluó positivamente la política de publicar las acordadas adoptada durante 2013

EN EL PANEL DEL LUNES. Sbdar habla en presencia de Badeni y de Li Rosi.
EN EL PANEL DEL LUNES. Sbdar habla en presencia de Badeni y de Li Rosi.
21 Junio 2018

En 2013, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán decidió publicar todas las acordadas que emitió desde el 3 de febrero 2011, fecha en la que el tribunal quedó integrado con los vocales René Goane, Antonio Gandur, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse. Cinco años más tarde, Sbdar evaluó positivamente la medida en el ámbito del encuentro sobre libertad de prensa y Justicia organizado por la Corte y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa). “Es muy importante que se conozca todo lo que pasa en el Poder Judicial”, opinó el lunes, ante una pregunta del público, la vocal que disertó junto a Daniel Dessein, presidente de Adepa; el camarista civil de la Nación, Ricardo Li Rosi, y el abogado constitucionalista Gregorio Badeni.

Sbdar precisó que debían darse a conocer no sólo las acordadas (actos administrativos), sino también las sentencias, las actividades oficiales que se desarrollan y la tarea de las oficinas no jurisdiccionales, que, a esos fines, tenían pestañas específicas en la página web institucional (justucuman.gov.ar). “Son muy valiosos todos los pasos que la Corte, como cabeza del Poder Judicial, va dando en esta línea de publicitar la vida de la institución, y de permitir que esa información esté disponible para todas las personas que tengan interés en acceder a las decisiones emitidas en expedientes; a las decisiones de orden administrativo, y a cuestiones concretas de personal, de gastos, de compras, de licitaciones públicas, etcétera. Todos los datos tienen que estar al alcance de los ciudadanos que los soliciten”, reiteró la vocal, que junto a Posse (titular actual del cuerpo) y al entonces presidente Gandur, formó la mayoría necesaria para la adopción de la Acordada 1.235/13. En disidencia parcial se pronunciaron Estofán y Goane, quienes en aquel momento dijeron que los actos que expresaban la actividad interna de la administración pública no requerían su difusión.

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“Más allá de lo que ya hemos publicitado o conseguido publicitar, me sumo a todo lo que se pueda ahondar en materia de acceso a la información”, expresó Sbdar el lunes, en el Centro de Especialización y Capacitación Judicial.

El acceso a la información pública se coló en otra inquietud formulada durante la mesa panel. A Badeni se le preguntó cuál era el fundamento constitucional de este derecho y si los jueces debían suplir la falta de una ley específica, como sucede en Tucumán, que, pese a la promesa que el gobernador Juan Manzur hizo en el año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia, carece de una norma de esa naturaleza. “El fundamento constitucional del derecho que tiene todo ciudadano a acceder a la información pública es el propio sistema republicano de gobierno. La república es de todos y, por ende, todos tenemos derecho a conocer qué hacen los gobernantes y ellos tienen la obligación de dar a conocer su accionar”, respondió Badeni, que, en su rol de asesor letrado de Adepa desde 1986, es uno de los máximos estudiosos del país de las libertades de prensa y de expresión.

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El especialista manifestó que los más interesados en acceder a los datos relativos a la actividad estatal son los periodistas, pero que el beneficio es general puesto que estos, luego, los retransmiten a la población. “La república no es un régimen político secreto, sino que es público. De modo que tanto el Ejecutivo como el Legislativo y los propios jueces tienen que dar a conocer los actos que ejecutan en el ejercicio de sus funciones”, reiteró. Badeni afirmó que los magistrados estaban habilitados a subsanar la falta de una ley de acceso a la información pública: “por supuesto que los jueces deben ordenar a los órganos gubernamentales que den a conocer los actos que dejaron de ser reservados y merecen ser difundidos. Aunque no haya una ley específica, la Justicia tiene que hacer lugar a peticiones de información de este tipo cuando sean razonables”.

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