Se viene la reforma, con acople

10 Jun 2018

Un voto hace la diferencia en democracia. Obtener una adhesión más que el rival adjudica una banca o permite ganar una votación. Frente a la paridad, la mitad más uno decide el vuelco. Son las reglas del sistema. Para el argentino tener esa “mitad más uno” es una razón de vivir, y en política es una cuestión de vida o de muerte. La pasión divide, agrieta, enfrenta.

Es una locura nacional imponerse al otro, no tanto por la razón o por los mejores argumentos; sino sólo por la necesidad de doblegar al adversario; al enemigo que “complica” la existencia. La diversidad de opiniones no se tolera. Cuanto más peligroso y malo se lo pinte a ese otro, mejor. Es imposible consensuar, dialogar o pactar, aunque la dirigencia se regodee a diario con ese concepto.

Huelgan los ejemplos. Todos se llaman a la reflexión, a consensuar y a pensar en la gente. La pregunta cae como la manzana: ¿por qué si querían llegar a un acuerdo no se ponen, precisamente, de acuerdo? Será que la locura por refregarle al otro la mitad más uno es genética y más atrapante. Parecen tiempos de venganza y de resentimientos, no de diálogo ni de pactos. Sin embargo, los sismos no son en vano, ya vendrán los tiempos de los que hacen de la política un ejercicio básico de consensos, sin necesidad de los agravios extremistas. Esperemos.

En ese marco, en el Congreso los números los tiene la oposición. Del otro lado, Macri el as de espadas, y en ambos casos son espacios ganados legítimamente en elecciones democráticas. Cada lado buscó doblegar al adversario con lo obtenido, no relacionarse mejor. La tribuna los aplaude. Si matemáticamente no cuaja la suma de los valores de uno y de otro (cada lado tiene la mitad más uno) se entiende que no haya diálogo porque cada grupo supone tener la razón de su parte, basándose en la fuerza de los avales conseguidos.

Diálogo superador no hubo, ni desde el Congreso ni desde el Ejecutivo. La mayoría se impone, tal cual se corresponde con la pasión nacional por golear al adversario, mejor si se puede gritárselo en la cara. Algo básico: si los problemas de “esa” gente que dicen defender y representar son comunes en cuanto a necesidades, ¿por qué entre ellos no logran una receta común para resolverlos? Hay tantas respuestas como argentinos caminan, sólo baste decir que es una conducta nacional que costará modificarla, más aún erradicarla.

Bajada local

Esa pasión por el agrietamiento permite sostener, por ejemplo, que los proyectos de reforma electoral propuestos por la oposición tucumana no tendrán la fortuna de imponerse por el número en la Cámara. Esto es porque el oficialismo tiene mayoría -más que la famosa mitad más uno- y, por lo tanto, la cifra más que suficiente para aprobar sus propias ideas. Por lo que viene sucediendo es difícil que salga un proyecto consensuado entre las iniciativas que van apareciendo. Es más seguro que vea la luz aquel que le convenga al oficialismo. Una composición política al revés -dominio opositor- tendría exactamente el mismo resultado. Se puede refutar esta afirmación, pero será de incomprobable demostración, por lo menos hasta que la oposición triunfe en Tucumán e imponga cambios. Se necesita esa prueba científica

Hay que observar qué propuso cada lado para saber qué piensa sobre el sistema de votación local y sobre sus propias conveniencias porque, a no dudarlo, cada lado atiende sus fortalezas y le punta a las debilidades del contrincante -para potenciarlas- cuando elabora una iniciativa. Siempre hay mezquindades detrás de los discursos, aunque haya propósitos loables en algunos aspectos de las iniciativas.

En un solo aspecto coinciden las propuestas presentadas hasta ahora por el Gobierno, por Cambiemos y por el grupo radical de los “boinas blancas”: en disminuir la oferta electoral en los cuartos oscuro, aunque por distintos caminos, para no marear al ciudadano con cientos de boletas. Ninguno reniega del acople, no eliminan las colectoras que adhieren a una lista de candidatos a gobernador o a intendente. Ya lo veremos.

La merma de la oferta electoral refiere en el fondo a los niveles de representatividad de los elegidos. Menos partidos, acoples o listas, significan más votos a repartirse entre menos dirigentes. La calidad de la representación política aporta a la calidad institucional en forma proporcional, por lo que es central el sistema de votación que emerja de los debates por la reforma política. Sirva un dato para ello: los 49 parlamentarios representan al 52% del total de empadronados, o bien al 62% del total de los votantes de 2015. Es decir que casi el 40% de sufragantes no votó por uno de ellos o bien no tiene su representante en la Cámara.

La representatividad fue afectada por la cantidad de partidos políticos existentes en la provincia: 586 en los últimos comicios. Es bueno apuntar al acotamiento de los partidos políticos o de los acoples, la pregunta es si esto es suficiente para mejorar la representatividad de los elegidos y la calidad institucional del Estado.

El proyecto del Gobierno de eliminar los partidos municipales y comunales deja sólo en pie los provinciales, que hoy suman 70. De un plumazo barre a más de 500, con lo que reduce indirectamente la cifra probable de acoples. Puede abrir una puerta a la judicialización, algo que no parece preocupar. Pero, a no sorprenderse de que en la sesión legislativa del jueves se apruebe el proyecto de Manzur; con lo que la reforma se pondría en marcha. La del PE, claro.

La iniciativa es perfectible. Nada dice con respecto a la constitución de partidos nuevos, a la posible reconversión de los municipales en provinciales ni a los plazos posibles para ello, o a las condiciones del reconocimiento de las organizaciones, a la fecha límite para obtener la personería y para poder participar de los comicios venideros. Vaya un dato al respecto: de la nómina de 70 partidos provinciales, sumados a los de distrito (25) reconocidos por la Junta Electoral Provincial (JEP), menos de 30 organizaciones lograron incorporar legisladores a la Cámara.

Situación que lleva a plantear por qué el exceso de partidos en Tucumán. Ya comentamos sobre la flexibilidad para el otorgamiento de personerías y que se alquilan o venden las siglas en tiempos de comicios. He ahí una respuesta: es también un negocio. Cabe mencionar que 229 de aquellos 586 partidos ya han perdido la personería política.

Pese a la merma que impulsa el PE, el sistema de acople es intocable. Para el peronismo es innegociable. Las colectoras “se acoplan” perfectamente al esquema de manejo territorial que el PJ desarrolla sobre la provincia. Es el mecanismo que le garantiza una mejor pelea por la continuidad en el poder. Por eso la oposición está condenada a usar las mismas armas, y de manera más eficaz, si pretende imponerse.

Cambiemos propone la habilitación de un solo acople a la nómina oficial, y además postula la necesidad de primarias abiertas simultáneas y obligatorias para reducir las boletas electorales finales. Sin embargo, al establecer un piso del 1% de obtención de votos para poder acceder a la votación final la propuesta no termina de cerrar, ya que igualmente habría una catarata de boletas en los centros de votación. ¿Cómo es posible afirmarlo? Sencillo, a partir de contar la cantidad de partidos políticos, entre provinciales, municipales y comunales, que superaron ese porcentaje en los comicios de 2015: más de 430 según se puede constatar en las planillas de la JEP. O sea, un acople nada más no resuelve el aspecto que complicó la elección provincial de hace dos años, que fue la proliferación de boletas; porque esto último está ligado a la gran cantidad de organizaciones partidarias existentes en Tucumán (586 en 2015). Lo que se haría, en el fondo, es validarlo.

Primarias

Lo más conveniente sería el “aggiornamento” de la ley 5.454 (Orgánica de Partidos Políticos), estableciendo nuevos requisitos y exigencias para la formación y vigencia de estas estructuras. Es lo que hace la propuesta de los “boinas blancas” encabezados por Ariel García y aunque no lo dice expresamente, tampoco reniega del acople. Queda claro en el artículo 100 que su proyecto que modifica la ley 7.876, donde señala: los partidos, frentes o alianzas que habiendo participado de las primarias no alcanzaren dicho porcentaje (3%), podrán celebrar el acuerdo previsto en el artículo 43, inciso 12 de la Constitución para apoyar a una única fórmula de candidatos a gobernador y/o a intendente.

Al margen de los intereses particulares que trasuntan, ambas propuestas tienen aspectos interesantes que el oficialismo debiera contemplar. Lo que tiene para destacar la iniciativa de los “boinas blancas” es la aceptación de cantidades por género de DNI y no por sexo biológico, el respeto a la distribución equitativa de hombres y mujeres -50 y 50- en la integración de las nóminas, el reconocimiento de puntaje para los docentes que sean autoridades de mesa, la posibilidad de la fusión de partidos y la paridad de género en las nóminas partidarias.

También va por las PASO como sus primos, pero fijando un piso diferente: 3%, para que los partidos puedan acceder a la segunda vuelta. Esto reduce aún más el espectro de estructuras que pueden llegar al cuarto oscuro, no de los acoples. Es así porque interpretan que el esquema está en la Constitución y que, por lo tanto, se necesitaría de una reforma para modificarlo. Y no lo proponen.

En suma, si se impone la vieja costumbre argentina, o la debilidad genética, por imponer la mitad más uno; es de esperar que las iniciativas de los opositores no corran con demasiada suerte en la discusión por la reforma electoral. Podrán esforzarse en consensuar algunas de sus ideas para sacarlas adelante, pero, a lo sumo, sólo se puede decir que algo no cambiará: el acople.

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