06 Junio 2018
BRAZOS CRUZADOS. Brito escucha los alegatos de Saltor. LA GACETA / LUIS MARÍA RUIZ
El juicio oral y público en contra del ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Miguel Ángel Brito, entró en su etapa definitiva. Esta mañana expuso sus alegatos la Fiscalía de Cámara, a cargo de Carlos Saltor, quien solicitó seis años de prisión para el ex funcionario.
Saltor acusa a Brito por presuntos delitos de fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con su función y abuso de autoridad, todo en concurso real. Pidió también inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos.
Antes las juezas de la Sala VI de la Cámara Penal, Alicia Freidenberg (presidenta), Stella Maris Arce y María Elisa Molina (vocales), el fiscal dijo: "hemos podido demostrar la existencia de un entorno de corrupción funcional de la que participaron funcionarios públicos, particulares, empresas irregulares, amigos, conocidos e incluso familiares en algunos casos".
Luego, agregó: "algunos de ellos cobraron sin realizar las obras contratadas y pagadas por el erario público, al cual aporta la sociedad con sus impuestos".
Pasadas las 12 el juicio pasó a un cuarto intermedio. Continuará a la tarde con los alegatos de la defensa del ex funcionario alperovichista, representada por el abogado Arnaldo Ahumada.
Una vez que concluyan las alocuciones, el proceso quedará a las puertas de su finalización. No hay fecha anunciada para el dictado de la sentencia. Antes de que pasen a deliberar las juezas, el acusado tiene que dar las palabras finales al Tribunal.
El juicio
El juicio comenzó el 11 de abril y, hasta su cierre, sumará al menos una quincena de jornadas de debate. Según la imputación original, impulsada en 2014 por el fiscal de Instrucción Arnaldo Suasnábar y confirmada por la entonces jueza Mirta Lenis de Vera, Brito es presunto autor responsable de los supuestos delitos de fraude a la Administración Pública en concurso ideal con negocios incompatibles con el cargo que ocupaba.
Los investigadores consideraron que, aprovechando los contratos directos previstos por la ley 7.960, el ex titular de la DAU recurrió a empresas constructoras y proveedoras de materiales en supuesta situación irregular.
También solicitó que se declare la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos al acusado y el inicio de una nueva investigación penal contra otros ex funcionario y proveedores. Ahora, en breve, comienza el alegato de la defensa de Miguel Brito #causaDAU
— Luis María Ruiz (@luismariaruiz) 6 de junio de 2018
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