La importancia de la participación ciudadana

A menudo se habla de que la intervención de un ciudadano en la democracia no se agota en la acción de votar, porque su sostenimiento y su mejoramiento es responsabilidad de todos los miembros de la sociedad. Mientras en otras naciones la participación ciudadana se manifiesta en forma activa, en la nuestra, esta suele estar relegada porque no cuenta con los canales necesarios para que ello se produzca. Y si bien, en tiempos de elecciones, hace hincapié en la importancia de participar, al mismo tiempo no genera los espacios necesarios para hacer realidad estas acciones.

El ciudadano es una parte importante de esta sociedad o empresa llamada democracia., pero tal vez él mismo no la asume como tal. Expresiones como “yo, argentino”, “no te metás”, “ocupate de lo tuyo”, “mirá para otro lado” son ejemplos de la actitud descomprometida respecto de la cosa pública, que también es una característica de nuestra idiosincrasia.

Algunas de las modalidades para impulsar la participación en la toma de decisiones sobre asuntos que nos incumben a todos son la audiencia pública, la revocatoria de mandato, la iniciativa popular, la banca abierta, el referéndum, la elaboración participativa de normas, el programa de concejo abierto.

Desde la reforma de 1994, la Constitución Nacional reconoce dos procedimientos de estas características: la iniciativa popular y la consulta popular, que se reglamentaron en 1996 y en 2001, respectivamente. Y aunque también considera formas de participación ciudadana en su última reforma, la Constitución provincial no incluye a la temible revocatoria de mandato.

La revocación de mandato, revocatoria de mandato o referéndum revocatorio es un procedimiento por el cual los electores pueden cesar de su cargo público a un funcionario electo, antes del término de su respectivo periodo, mediante votación directa.

Las audiencias públicas para considerar los aumentos de los servicios (luz, gas) fueron un intento de impulsar la participación cívica, pero no se han arraigado en la comunidad tucumana, debido a una falencia del mismo Estado: el vecino sospecha de antemano que el aumento tarifario será aprobado porque hay un acuerdo previo con la empresa prestadora; este siente que con su presencia está avalando un acto en el que podrá expresar su opinión, pero en definitiva no será tenida en cuenta. Ocurre con frecuencia que el ciudadano no ejerce sus derechos, ya sea por desconocimiento, o por sentir que es un “convidado de piedra” de la clase gobernante en las decisiones que lo afectan. Paradójicamente, las herramientas de la democracia semidirecta o participativa se emplean con eficacia en varios de los principales países del mundo.

En Tucumán, hay una suerte de divorcio entre representantes y representados. Los políticos, los partidos, han monopolizado todos los espacios y en el fondo, desalientan la participación colectiva, porque les permite tomar decisiones que incluso vayan en contra de los intereses de la mayor parte de la sociedad. La persistente negativa a que la ciudadanía tenga acceso a la información pública o a las declaraciones juradas de sus representantes -pese a que hay varios proyectos legislativos sobre el asunto- es un ejemplo de que la clase dirigente es reacia a ser controlada por los electores. Ello les permite, por cierto, reciclarse en el poder y anteponer sus propios intereses a los de la sociedad. ¿Cómo lograr entonces una renovación y mejoramiento de la dirigencia si no se promueve verdaderamente la participación cívica, principalmente entre los jóvenes?