La Justicia y un diagnóstico sin autocrítica

13 May 2018

Nunca antes un juez federal había colocado a la mochila del inodoro como ejemplo de un sistema que funciona correctamente ni propuesto imitarlo en sede judicial para salir del régimen que, según dijo, es una declaración manifiesta de la impotencia frente al crimen organizado. La comparación desarrollada por Ariel Lijo, figura emblemática de los desafortunadamente célebres Tribunales de Comodoro Py, retumbó en LA GACETA por lo que expresa más allá de su literalidad. ¿Hasta dónde ha llegado el declive de los Tribunales para observar al mecanismo del retrete como una posibilidad de salvación? ¿Qué dice este paradigma sanitario de quienes lo exaltan? ¿Cómo digerir un discurso que acude a metáforas escatológicas de dudoso gusto, se regodea en el fracaso y no genera reacciones institucionales acordes a la gravedad de sus diagnósticos?

Lijo llamó a la Justicia “a abandonar la puesta en escena y la impostura” en una capacitación sobre delitos sofisticados como el narcotráfico organizada por la Asociación de Jueces Federales de la República Argentina (Ajufe). No es casual el nombre elegido para esta entidad fundada el año pasado: es idéntico al de la corporación que desde los años 70 congrega a los magistrados brasileños que han trascendido por los efectos del caso “Lava Jato”. En Tucumán, Lijo y sus colegas de la Ajufe, entre ellos el camarista federal local Ricardo Mario Sanjuán, trazaron un panorama sombrío sobre la posibilidad de atrapar a los dueños del mercado de la droga. No abordaron el fenómeno de la corrupción, pero este quedó implícito en manifestaciones que dan por hecho que estos clanes se mueven y prosperan al amparo de la cobertura estatal, en especial, de la impunidad.

Sin duda son abundantes las dificultades que los jueces no pueden resolver por sí solos, entre ellos la histórica pequeñez de la estructura judicial: la escasez de magistrados es un problema harto conocido e inadmisible, y si bien se advierten algunos síntomas positivos en la órbita federal, la sequía de juzgadores golpea con potencia a los Tribunales provinciales. Pero sí hay numerosos cambios al alcance de la judicatura, donde algunos olvidaron que el deseo es la fuerza más poderosa que desde siempre ha movido a la Tierra. “El factor humano es esencial”, recordó este viernes a LA GACETA el juez laboralista nacional Julio Armando Grisolía. A diferencia de Lijo, ese magistrado porteño dijo que sí es posible llevar el despacho al día, y que todos saben por qué algunos son profesionales y eficientes, y otros no. El análisis de Grisolía se verifica en el Poder Judicial local, donde una mora endémica contrasta con oficinas que observan los plazos.

Se dirá que el fuero penal está colapsado y que los procesos que allí se dirimen, por poner en riesgo la libertad, no pueden despacharse sin asegurar garantías esenciales, pero en cierta medida ello también vale para la esfera laboral, que padece picos de litigiosidad que implican créditos de carácter alimentario. Se dirá que la criminalidad mutó, y se hizo más inteligente y poderosa, como sostuvo Lijo. Pero el sistema tampoco “caza” a bandidos comunes. La delincuencia a cara descubierta se ha generalizado hace tiempo y la administración de justicia también ha de hacerse cargo de esto.

Es correcto que los jueces señalen las faltas ajenas, pero, para legitimarse en la crítica y ante la opinión pública, también deben rectificar conductas y excesos que erosionan y restan credibilidad a sus cuestionamientos. Hay magistrados que ya no pueden quejarse ni reclamar sin antes revisar lo que hicieron u omitieron para que los Tribunales lleguen al punto crítico del presente. Lo contrario es inaceptable: ningún funcionario público está exento de la rendición de cuentas. La comunidad clama por justicia. Ello exige valentía, honorabilidad, transparencia y fe en la trascendencia del trabajo encomendado. En los términos de Lijo, magistrados que no titubeen al momento de presionar el botón si es lo que corresponde según su convicción y las pruebas disponibles. Son los hechos y no las palabras las que pueden sacar adelante a la institución que ha de dar a cada uno lo suyo y vigilar la observancia estricta de la Constitución.

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