Posse pide listas de jueces precarios para nueve oficinas vacantes

Edmundo Jiménez, jefe de los fiscales, dijo que el Consejo Asesor de la Magistratura debe confeccionar nóminas generales de subrogantes.

09 May 2018
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Daniel Posse, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. LA GACETA/ ARCHIVO

Dos frentes distintos de la Justicia de Tucumán impulsan la cobertura transitoria de sus cargos vacantes. Daniel Posse, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, solicitó al Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) que confeccione listas de subrogantes para nueve despachos penales, entre ellos, la silla libre en la estratégica Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Edmundo Jiménez, ministro público fiscal a cargo de los defensores oficiales, pidió por su parte nóminas generales para cubrir en forma temporal defensorías, fiscalías de Instrucción y fiscalías de Cámara Penal de la capital, y defensorías de Concepción.

Las respectivas notas fueron analizadas en la última sesión del CAM que encabezó el legislador oficialista Fernando Juri porque el presidente Antonio Estofán estaba en Estados Unidos (primero por un viaje oficial y, luego, con una licencia). Respecto de la solicitud de Posse, los consejeros resolvieron evaluar en cada caso si, por el estado del concurso correspondiente, se justificaba que el Gobierno nombrara subrogantes, que duran dos años prorrogables a tres -carecen de la estabilidad que es una de las garantías de la independencia, según la Constitución Nacional-. Además de para llenar el cargo que dejó vacante Salvador Ruiz en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, el presidente de la Corte pidió listas para cuatro vocalías de la Cámara Penal (dos del sur y dos de la capital); para un despacho en la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, y para los juzgados Penal N°5, de Documentos N°8 y de Familia N°2.

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Los consejeros optaron por explicar a Jiménez cómo funciona el mecanismo de preselección de subrogantes. A diferencia de Posse, que precisó los cargos que pretendía cubrir en forma precaria, el jefe de los fiscales a cargo de los defensores públicos interpretó que, según la ley, los listados debían ser elaborados con base en los órdenes de mérito definitivo, y según el fuero, la jurisdicción y la instancia. Esto implicaría generar una nómina única con todos los potenciales subrogantes para las fiscalías y defensorías oficiales de la capital. Jiménez dijo que iba a solicitar las coberturas al Poder Ejecutivo de conformidad con razones de oportunidad, mérito y conveniencia. En los únicos dos listados (para tres subrogantes) que envió al Gobierno hasta el presente, el CAM propuso nombres “cargo por cargo”.

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