Organismos del Estado que siguen intervenidos

08 May 2018

Es el abuso que hace una persona o un gobierno de su autoridad se denomina autoritarismo. En las dictaduras que los argentinos padecimos durante el siglo XX, se conculcaron los derechos constitucionales, fueron intervenidos los Poderes de los Estados provinciales y las instituciones públicas. Dejaron una herencia indeseable que perdura en Tucumán desde el advenimiento de la democracia.

Son cinco los organismos del Estado que permanecen intervenidos en nuestra provincia: el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSS), más conocido como Subsidio de Salud, el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), el Instituto Provincial de Lucha contra El Alcoholismo (IPLA), la Caja Popular de Ahorros (CPA) y el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym).

El decano es el Subsidio, creado en 1969. La intervención llegó en 1990 a través del decreto 1.217 que establecía que en seis meses se debía integrarse el nuevo directorio a través de comicios, para elegir a los representantes de los empleados y de los jubilados, pero estos nunca se llevaron a cabo. El 16 de marzo de 1973, el entonces gobernador Oscar Sarrulle, mediante la ley N° 3.910, transformó la Dirección Provincial de Cooperativas en Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual, intervenido desde 1998. El Ipvdu fue creado como entidad autárquica en diciembre de 1969 mediante la ley N° 3.619; debe ser conducido por un presidente designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Poder Legislativo, y dura cuatro años en el cargo; desde 1991 se suceden los interventores. Nacido en 1994 y vuelto a crear en 2002 mediante la ley N° 7.243, el IPLA se halla intervenido. La Caja Popular, fundada por el gobernador Ernesto Padilla el 13 de julio de 1915, conmemoró su primer centenario sin sus autoridades naturales. A pocos días de iniciar su gestión, en 2003, José Alperovich la intervino. En 2007, la Legislatura sancionó una ley que establecía la normalización de las entidades estatales intervenidas, pero el gobernador la vetó.

“ ‘Estamos en condiciones de avanzar con decisiones que tienen que ver con el normal funcionamiento de todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo. Impulsaremos la designación de las autoridades acordes a las cartas orgánicas vigentes’. Ese pasaje del discurso que Juan Manzur pronunció el 29 de octubre, cuando asumió la Gobernación, aún resuena para beneficiarios y trabajadores de los cinco institutos del Estado que están intervenidos”, señalaba la crónica de LA GACETA del 12 de diciembre de 2015.

En marzo del año pasado, el secretario general de la Gobernación dijo que el Ejecutivo iba a presentar en la Legislatura un proyecto de ley para normalizar el Subsidio de Salud. Afirmó también que se trabajaba también en la regularización del Ipacym.

Estas actitudes de sostenido paternalismo, amparadas en intereses políticos de los gobernantes, van a contramarcha de la democracia. No se entiende, por ejemplo, que un organismo estatal que se ocupa de la salud de casi medio millón de tucumanos, permanezca intervenido desde hace 28 años, pese a las constantes críticas de una buena parte de sus afiliados. Estos resabios autoritarios se mantienen a lo largo del tiempo. Hace 35 años regresó la democracia a la Argentina, pero en este aspecto la clase dirigente tucumana parece no haberse anoticiado.

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