El director de cine sueco Ingmar Bergman es hijo de un pastor protestante. En muchas películas, con tono autobiográfico, reproduce el severo clima en el que fue educado. "Nuestra familia vive como en una vidriera, expuesta a todas las miradas. La casa tiene que estar siempre abierta, porque la crítica y los comentarios de los feligreses son constantes", solía concluir el sermón doméstico que Bergman escuchaba de su padre. El mensaje era contundente: un hombre público no puede esconder nada y jamás debe perder de vista la atenta mirada social.
En Tucumán, más allá del reducido mundo de los cinéfilos, la filosofía bergmaniana no cuenta con muchos adeptos donde más importaría que los tuviera: en el de las instituciones. El vicegobernador Fernando Juri, por ejemplo, juró -¿y perjuró?- que acercaría la Legislatura a la gente. Quitando las ambiciones personales, su principal objetivo -afirmó más de una vez- es enterrar la imagen de la anterior Cámara, devaluada por las sospechas de que muchos de sus miembros eran coimeados o por las gruesas cifras que llegaron a percibir (entre $6.000 y $12.000 mensuales) para gastos de bloque. Esta promesa, a juzgar por los resultados (aún no se sabe con qué criterios se hacen designaciones temporarias ni cuánto se destina a ello), sigue siendo sólo eso: una interesante declaración.
A diferencia del anterior vicegobernador, Sisto Terán -preso de visiones conspirativas, solía responsabilizar a la prensa de cada pedido de desafuero que llegaba de la Justicia contra un legislador-, Juri habla pausado y se muestra conciliador. En diciembre mostró su muñeca cuando se supo que la Defensoría del Pueblo se había convertido en una sucursal de familiares del anterior ombudsman y actual legislador, el peronista Juan Eduardo Rojas. Nombró interinamente en el cargo, por 180 días, a Luis Acosta (ex integrante del Colegio de Abogados y ex secretario de Gobierno de Julio Miranda) y aseguró que los cinco meses serían utilizados para establecer un nuevo sistema de designación de tan importante funcionario. Muchas asociaciones intermedias se entusiasmaron con el anuncio y hasta soñaron con que se concurse el cargo. Pero el 10 de junio vencen los 180 días y los únicos proyectos sobre la materia llegaron de la oposición a la comisión de Asuntos Constitucionales hace sólo 10 días, pese a que uno de ellos fue presentado en febrero.
¿Casualidad o causalidad?
El 10 de junio, si no hay una disposición en otro sentido, la Legislatura tendrá que designar al nuevo ombudsman por seis años. Si bien hay no menos de seis nombres -algunos hasta presentaron sus currículos-, en el justicialismo aseveran que Acosta lleva todas las de ganar y que las discusiones están centradas en los dos adjuntos. Al no haber un nuevo sistema, cabe preguntar: ¿qué mecanismos usarán para despejar estas incógnitas? Independientemente de sus méritos, ¿Acosta podría oponerse a concursar si él, cuando estuvo en el Colegio de Abogados, propiciaba este sistema para la selección de los postulantes a cargos judiciales vacantes? ¿Cómo justificará Juri el incumplimiento del compromiso asumido? ¿No es mucha coincidencia que ni el Ejecutivo (en el caso de los jueces) ni la Legislatura (en el del defensor del Pueblo) se desvivan por propiciar concursos o alternativas similares para minimizar la sospechas de acuerdos a espaldas de la sociedad?
Ayer, en todas las Catedrales del país, los arzobispos recordaron a los gobernantes que la mejor manera de conmemorar la Revolución de Mayo de 1810 consiste en abrir las puertas a la participación, en atacar la mediocridad y, sobre todo, en permitir que en cada rincón de cualquier dependencia pública circule esa luz diáfana que sólo da la transparencia.
