Un año de gestión presidencial

El presidente Néstor Kirchner cumple hoy su primer año de gestión, caracterizado por la circunstancia excepcional de haber accedido al poder mediante un modesto apoyo electoral que en breves semanas fue superado ampliamente por reiteradas encuestas de opinión, cuyos fundamentos fueron la rápida remoción de la "mayoría automática" de la Corte Suprema y el relevo de las cúpulas de las FF.AA. A partir de esas decisiones la política nacional comenzó a girar excluyentemente alrededor del jefe del Gobierno, poniendo fin a la crisis institucional que amenazó con el colapso del estado de derecho. Nunca un presidente constitucional, desde los primeros mandatos de Juan Domingo Perón, concentró tanto poder político, con la diferencia de no ejercerlo autoritariamente sobre una sociedad fuertemente crítica y contestataria. La gestión presidencial se caracterizó así desde el primer día por un creciente personalismo que limita las decisiones del gabinete ministerial, como demuestra la ausencia de los acuerdos de ministros, inclusive cuando se trata de dictar decretos leyes eludiendo la condición constitucional del artículo 99, inciso 3°. Ese estilo singular del presidente Kirchner tampoco ha incluido relación alguna con líderes de la oposición, así como concede pública prioridad sobre el partido oficialista a sectores ajenos al mismo, que prestan franco apoyo a su gestión.
Como contrapartida de ese fuerte personalismo que por momentos es observado como una amenaza al control de los actos de gobierno, Kirchner dio un paso fundamental hacia la transparencia de los poderes públicos, como fue la implantación del nuevo régimen para la designación de jueces de la Corte Suprema con participación ciudadana. La gestión presidencial se ha caracterizado igualmente por un diálogo crítico en la consideración de los más graves problemas que afectan a la economía y a la situación fiscal. Testimonio de ello son las negociaciones con el FMI y otros organismos multilaterales, así como las relaciones con las empresas concesionarias de servicios públicos. Consecuencia de esos debates es el mantenimiento de la desconfianza de los inversores, más allá de lo imprescindible para mantener los servicios concesionados. El trato de esos temas por el Gobierno ha permitido a cambio no innovar hasta el año próximo en la mayoría de las tarifas, lo cual reporta al Presidente buena parte de la adhesión que testimonian las encuestas y contribuye a las próximas negociaciones con el FMI para la revisión del acuerdo contingente.
El problema más complejo del Gobierno es, sin duda, la combinación de la crisis de la energía con la evolución negativa de la economía internacional a causa del esperado aumento de la tasa de interés por la Reserva Federal de Estados Unidos, y el descenso del precio de la soja, convertida en ingreso trascendente del balance comercial. La crisis energética, si bien está lejos de un retorno al colapso de los 80, reducirá el crecimiento industrial que desde hace año y medio ha significado una sostenida salida de la crisis y, en consecuencia, del desempleo histórico que aún perdura. Como contrapartida de esa negociación dura con los organismos financieros, las empresas concesionarias y los acreedores, el presidente Kirchner ha mantenido una política de tolerancia con las organizaciones de piqueteros, convertidas a la postre en grupos de presión con un amplio margen de impunidad que no alcanza a resolver. Este es un punto crítico para la imagen institucional del país, así como la virtual acefalía del partido oficialista, producto de su larga crisis interna, y que constituye el más débil flanco político del Presidente, compensado en el corto plazo por encuestas cuya naturaleza volátil le impone un discurso no siempre coincidente con la realidad.