Un albañil contratado por la DAU aludió a posibles irregularidades administrativas

El testigo Maidana negó haber vendido materiales, como dice el expediente, y protestó porque aún se le debe plata.

24 Abr 2018
1

TESTIMONIAL. El albañil Maidana se retira, luego de dar su versión al tribunal. LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO

Después de haber hecho unas 15 obras para la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) entre 2010 y 2011, el albañil Orlando René Maidana, responsable inscripto bajo la firma Construcciones Orlando, tuvo que vender su camioneta para saldar deudas. Según declaró ayer el testigo, desde entonces sólo alcanzó a cobrar la mitad del $ 1,5 millón que le correspondía; es decir, $ 750.000.

“Hace casi seis años que ando bregando por ese tema. No me pagaron todo porque me dijeron que los expedientes están en manos de la Justicia, secuestrados”, afirmó Maidana ante el tribunal, en la tercera audiencia del juicio oral en contra de Miguel Ángel Brito, ex director de la DAU (2007-2012).

Si bien este dato llamó la atención del fiscal de Cámara, Carlos Saltor, el equipo del Ministerio Público Fiscal tomó nota de otros elementos aportados por Maidana, y que podrían resultar clave para la estrategia de la acusación.

Ante las juezas de la Sala VI de la Cámara Penal, Alicia Freidenberg, Stella Maris Arce y María Elsa Molina, Maidana explicó que su labor como contratista de la DAU se limitó a la prestación de mano de obra. En algunos procesos de cotejos de precios y de adjudicación de proyectos, sin embargo, también figura como proveedor de elementos de construcción. “Yo hice los trabajos, nada más”, dijo el testigo.

Ayer empezaron a declarar funcionarios públicos que intervenían en las compras directas de la DAU, y socios de algunas de las firmas contratadas en la gestión de Brito.

El ex director de Arquitectura y Urbanismo está acusado de los presuntos delitos de fraude al Estado y de negocios incompatibles con su cargo. Según la imputación, el ingeniero en construcción aprovechó las excepciones establecidas por la ley 7.960, que habilita a la DAU a realizar contrataciones sin licitación, en casos declarados de urgencia y de necesidad prioritaria -entre otros requisitos-, por hasta $ 150.000. Gracias a este instrumento, sostiene la acusación, Brito benefició a empresas que no estaban inscriptas en el Registro General de Constructores de Obras Públicas de la Provincia.

“No tengo idea”

Maidana fue el último en declarar ayer, y el que quizás más elementos de prueba aportó al Ministerio Público Fiscal. Una vez que el titular de Construcciones Orlando explicó que sólo había hecho trabajos de albañilería con sus empleados para la DAU, Saltor apuntó sus preguntas a las constancias en el expediente de que Maidana figuraba como proveedor de materiales de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. “Me mandaban a retirar (los insumos) en la camioneta en un negocio que está en calle Lavalle. No me acuerdo la firma. Era un depósito particular, no de la DAU”, señaló Maidana. Ante otra pregunta, agregó que “firmaba que retiraba el material, y nada más”. Cuando le consultaron si sabía por qué aparecía como proveedor, respondió: “no tengo ni idea”. “Que conste en actas”, pidió Saltor.

Reveló luego que un ingeniero de apellido Romero, empleado de la DAU, les indicaba “qué trabajo iba a hacer cada uno”. “En la parte técnica (de la repartición) te decían que tenías que hacer ‘tal cosa’ en ‘tal sector’”, añadió Maidana.

Aclaró luego que sólo vio a Brito en un par de ocasiones: una cuando llegó a inaugurar una obra junto al ex gobernador José Alperovich; y otra en la sede de la DAU. Además, remarcó que cuando trató de cobrar el saldo por sus trabajos, la marcha del proceso judicial le impidió hacerlo. “Por este motivo me he atrasado en Rentas y AFIP. Tuve que sacar de donde sea, vender mi camioneta para pagar”, aseveró el vecino de Las Talitas.

Un negocio “para atrás”

Ayer declararon además los ex socios de la firma Pasto Hachao SRL, Jesús Marcelo Yubrín y Mario Héctor Belmonte. El primero de ellos, que tenía el 90% de la firma, destacó que fueron proveedores de caños para la DAU entre 2009 y 2010. Agregó que decidió vender la empresa cuando hubo un cese de pagos, tanto de esta repartición como de una firma de La Rioja. “El negocio empezó a ir para atrás. En junio de 2011 lo vendimos, con mercadería en el depósito y las cuentas a cobrar”, reveló. Agregó que quedaron saldos a su favor sin ejecutar y que incluso “hubo mercadería entregada que ni siquiera facturamos”. Yubrín y Belmonte no aportaron demasiados datos más, puesto que, según explicaron, un empleado del local, José Soler, era el encargado comercial y sólo él trataba con la DAU.

Causa DAU: el alperovichismo truncó un pedido de informes, según García

El debate se reinicia hoy a las 8, con cinco testigos en la nómina.


Ex funcionarios

Dos contadores que trabajaban en el TC y en la DAU analizaron los alcances de la ley 7.960

Ayer abrió la rueda de testimoniales Rodolfo Atilio Torasso, ex contador fiscal del Tribunal de Cuentas afectado a la DAU. “El control a mi cargo era presupuestario y contable”, dijo, sobre el alcance de su tarea. Consideró además que no hubo “desdoblamientos” de proyectos de obras, como indica la acusación. Ante una pregunta de los defensores, Arnaldo Ahumada y María Fernanda Bating, interpretó un amplio alcance de las excepciones previstas por la ley 7.960. También declaró el testigo José Ernesto Amín, ex jefe del Servicio Administrativo Financiero de la DAU. El jubilado, de 69 años, no aportó demasiados elementos a la Fiscalía.

Comentarios