La delimitación del campo de lucha en la política es una cuestión clave en un régimen democrático. Cuando el gobierno de turno no encuentra contrapesos sólidos en los países con instituciones débiles, avanza hasta poner contra las cuerdas a los disidentes. Y la ausencia de diques de contención firmes deriva, entonces, en la construcción de poderes y partidos hegemónicos. Crujen el andamiaje de la república y el pluralismo de las ideas políticas.
La Argentina bordeó esa situación en los últimos días, cuando uno de los ministros santacruceños del presidente Néstor Kirchner, Julio de Vido, demandó por calumnias e injurias a Elisa Carrió. Esta lo había acusado repetidamente de corrupción y de ser el cajero de la campaña presidencial del patagónico.
A la arremetida de la jefa de Alternativa de una República de Iguales (ARI) contestó con la judicialización de la política. De Vido quería que encarcelaran a Carrió por sus dichos, demanda que desgastó al Gobierno, porque lo colocó en la cumbre de la intolerancia.
Con más cintura política, el Presidente le sugirió a su servidor público que retire esa pretensión, lo que cumplió. La polémica con la Iglesia, acerca de la revisión del pasado procesista, también magulló al kirchnerismo, a dos días del primer aniversario de la jura del patagónico.
Las razones ocultas
La pelea entre duhaldistas y kirchneristas aún no es la principal línea de división en el PJ doméstico. El debate está centrado en quién le pone límites al gobernador José Alperovich en el despliegue de sus proyectos gubernamentales.
Las movidas sindicales agitaron el ambiente político. En el Gobierno admiten que el reclamo de aumento salarial es legítimo y que el alza de precios desacomodó el presupuesto familiar. Tampoco se desconoce que el congelamiento de ingresos data de hace más de una década. Esas son las razones objetivas que aceptan en el mundo oficial.
La protesta laboral tiene también motivaciones ocultas. En el Gobierno afirman que se cortó la cadena de subsidios a las dirigencias sindicales y de ayudas de otro tipo que signaron la gestión mirandista. Además, Alperovich decidió pagar el costo político de justificar el rechazo al incremento de $ 350. Cuando optó por ese camino, estaba informado de que Kirchner no le giraría ni un peso extra por sobre los fondos remitidos en concepto de coparticipación federal. Alperovich insistió en que no concedería subas de remuneraciones que acabaran destruyendo el precario equilibrio de las finanzas públicas.
En la cancha
La posición política de dureza la definió el gobernador, y en la zona de fuego se situaron los diferentes ministros. El equipo entró a jugar el partido y Alperovich se concentró en la gestión de gobierno, explicó uno de ellos. Sin embargo, algunas fuentes del poder adjudican morosidad al ministro Edmundo Jiménez en las tratativas con el sindicalismo díscolo, por lo que otras áreas se recargaron.
El peronismo gremial viró a la Legislatura en busca de una mediación. Fernando Juri tendió un puente con el Gobierno.
A sus interlocutores de las esferas laborales les aclaró que su intercesión sólo podía ser política, porque la Constitución de 1990 le pone un cerrojo a su acción. "La Legislatura no podrá aumentar los sueldos propuestos por el Poder Ejecutivo para los empleados de la dependencia de este", reza el inciso 2 del artículo 63.
Con ese argumento poderoso zafó del brete, pero en la disidencia peronista se conjetura que Juri tendrá cada vez menos espacio para la práctica del equilibrio. Los dirigentes enfrentados con la Casa de Gobierno afirman que la buena salud financiera debería reflejarse en un aumento de salarios. El diálogo con los sindicalistas empezará mañana, tras los escarceos de la semana pasada. Sanidad ayudó al suspender la huelga. La charla de Alperovich con Juri sirvió para distender el clima y preparar un cambio de actitud.
El vicegobernador no sólo le sacó las castañas del fuego al gobernador. También lo persuadió de la conveniencia política de que se le deje regular el ritmo de la reactivación del operativo por la reforma constitucional.
Los votos se consiguen en la Legislatura y a eso se abocará Juri en forma sigilosa, en las próximas semanas. Se barrunta que el silencio del gobernador cooperará para que Juri no se empantane en la empresa.
La versión sacudió al peronismo. Oficialmente se negó que vaya a haber remociones en el equipo económico, pero otra especie insinuó que el ministro político podría ser relevado. El diputado Roque Alvarez es mencionado como el posible sustituto de Edmundo Jiménez. Esta presunción cobra cuerpo por las buenas relaciones del primero con el gobernador.
Una jugada a fondo
Ricardo Bussi está empeñado en que legisladores y concejales de Fuerza Republicana se comporten en forma coherente y rompan con los acuerdos institucionales. El senador comprometió a los ediles de su partido para que no voten por el aumento del precio del cospel. "Que (Domingo) Amaya y Alperovich paguen el costo de gobernar", reflexionan. El otro voto negativo que FR impuso a sus legisladores es en contra de la reforma constitucional. Cerca de la conducción partidaria cavilan respecto de las consecuencias que generaría la renuncia de Antonio Bussi a la intendencia de San Miguel de Tucumán.
El ex gobernador está preso por orden del juez federal Jorge Parache, en la causa abierta por la desaparición del senador Guillermo Vargas Aignasse. El bussismo entiende que el retiro del ex gobernador obligaría a convocar a elecciones de intendente en la capital. Alperovich se hallaría ante un escenario de complicaciones internas severas.
El mirandismo podría aspirar a esa plaza, en detrimento de la chance continuista de Amaya, el hombre preferido del gobernador. Las divergencias dentro del PJ y la erosión de Alperovich favorecerían las perspectivas de FR. Esto es aún política ficción, pero los planes de campaña están en marcha.
