Una denuncia alerta sobre la posible estafa

08 Abr 2018
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DENUNCIANTES. Juan Acosta, Manuel Liquitay y Antonia Lobo en LA GACETA.

La versión de que las casas financiadas por el Estado en Villa Carmela habían sido puestas a la venta al día siguiente de su entrega provisoria consta en la denuncia penal que el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu o IPV) presentó el 4 de abril. Edgardo David Isa, abogado de la institución a cargo de la interventora Noemí Ferrioli, pidió a la Fiscalía de Instrucción N°11 (de turno) que investigue la posible comisión del delito de estafa.

“El 3 de abril, mediante una denuncia verbal (en la que intervinieron los ciudadanos Manuel Liquitay, Juan Acosta y Antonia Lobo), el Ipvdu tomó conocimiento de una publicación en un perfil de Facebook llamado ‘Diego Juárez’ en la cual se ofrece en venta casas que estarían ubicadas en el Barrio 250 Viviendas e Infraestructura en Villa Carmela (Tafí Viejo)”, dijo Isa. Y añadió que el supuesto vendedor sería un tal Diego Juárez, que trabajaría en una inmobiliaria denominada Nisi Dau. “El barrio mencionado fue entregado el 28 de marzo a los postulantes por la empresa constructora a los fines de evitar saqueos y usurpaciones”, informó. El letrado expresó que, en el presente y a los efectos de la adjudicación administrativa de las casas, estaba en trámite el estudio del cumplimiento de los requisitos del Fondo Nacional de la Vivienda. “Con la adjudicación recién existirá un derecho a la vivienda cuya habitabilidad es obligatoria durante los tres años siguientes a la entrega. La venta en la instancia actual del barrio sería ilegal”, advirtió.

En el Ipvdu informaron que también habían abierto una investigación interna para determinar si Juárez habría actuado con el concurso de agentes de la institución. Y dijeron que la denuncia podría permitir la recuperación de casas entregadas a “inversionistas”. En los últimos meses la Justicia penal abrió numerosas causas relativas a anomalías detectadas en el IPV, entre ellas una ligada a una investigación de “Panorama Tucumano”, el ciclo televisivo de LA GACETA, que derivó en la cesantía de Miguel Jiménez Augier, ex coordinador de Políticas Habitacionales de la repartición.

El Instituto de la Vivienda en la Justicia Penal

CAUSA “MARÁN”

La fiscala Adriana Giannoni (N°8) abrió un proceso a mediados del año pasado luego de que la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR-Cambiemos) revelara la existencia de una estructura paralela en el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) en “Panorama Tucumano”, el ciclo televisivo de LA GACETA. Elías de Pérez apuntó contra dos funcionarios del Instituto, Lucas Barrionuevo y Miguel Jiménez Augier (fue cesanteado meses después).

CAUSA “ALZOGARAY”

Alrededor de 2.300 denunciantes dijeron a la Justicia que habrían sido estafados por una red de gestores apócrifos del Instituto de la Vivienda. En enero, la interventora Noemí Ferrioli hizo una denuncia penal, actuación que, a posteriori, dio lugar a la detención de la cooperativista Elizabeth Alzogaray y de otros supuestos cómplices. En su declaración como imputada, Alzogaray incriminó al ex interventor Gustavo Durán (falleció en noviembre) y reveló lazos con el oficialismo.

CAUSA “MANZARAZ”

Daniel Manzaraz, agente del Instituto de la Vivienda, fue detenido el 2 de marzo, cuando se dirigía a la escribanía para recibir una seña de $ 100.000 relativa a una casa construida por el Estado. El fiscal Diego López Ávila (N°4) detectó la maniobra gracias a la información que aportaron tres supuestos estafados (Manuel Liquitay, Juan Acosta y Antonia Lobo) por la intermediaria Elizabeth Alzogaray. Manzaraz quedó libre el viernes previa acreditación de una caución real.

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