Un negocio inmobiliario opaca el sueño del techo digno

Un negocio inmobiliario opaca el sueño del techo digno

Un vendedor dijo que “inversionistas” compraron casas en Villa Carmela, el barrio que el Estado entregó en forma provisoria en marzo. Audio.

 LA GACETA LA GACETA

Se suponía que las 250 viviendas de Villa Carmela financiadas con fondos públicos iban a ser destinadas a familias que necesitaran ayuda para acceder a un techo digno. Pero ese objetivo quedó en tela de juicio al día siguiente de la entrega provisoria de las casas del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu o IPV), cuando aparecieron avisos de venta que sugieren la posibilidad de ganancias superiores al 1.000%. La situación fue advertida por ciudadanos que dicen haber sido víctimas de maniobras irregulares con inmuebles de interés social, quienes comenzaron a recolectar pruebas: contactaron al vendedor Diego Juárez, grabaron una conversación telefónica haciéndose pasar por posibles compradores y llevaron todo al Instituto, que a continuación denunció una potencial estafa en la Justicia penal (ver “Una denuncia alerta...”).

Una parte significativa del proyecto de Villa Carmela (Tafí Viejo) habría sido una oportunidad para “inversionistas”, según el audio al que tuvo acceso LA GACETA. En ese archivo, la voz masculina que se identifica como Juárez explica a “Ángela” (en realidad, Antonia Lobo) el negocio inmobiliario desarrollado durante los cuatro años que demandó la construcción del barrio incluido en el Programa Federal de Construcción de Viviendas “Techo Digno” impulsado por la cartera del ex ministro kirchnerista Julio De Vido en la época en la que Gustavo Durán dirigía el IPV (falleció en noviembre y fue reemplazado por Noemí Ferrioli).

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El vendedor, que en las redes sociales aparece vinculado a la inmobiliaria Nisi Dau, pide entre $ 700.000 y $ 800.000 por las casas en las que invirtieron originariamente entre $ 50.000 y $ 70.000 para la compra del terreno (luego aumentó el precio). Además de pagar las sumas mencionadas, el agente inmobiliario informa a “Ángela” que debe hacerse cargo de pagar 150 cuotas mensuales al IPV de alrededor de $ 3.000.

“Lo mejor de todo es que el barrio se entregó el miércoles y vendí más de 80 casas”, agrega el agente inmobiliario después de precisar que convenía esperar los tres años exigidos “entre comillas” por el Instituto para formalizar el cambio de titularidad de la propiedad. Contactado por este diario, Juárez prefirió no hacer comentarios.

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En la exposición de las irregularidades intervinieron Antonia Lobo, Manuel Liquitay y Juan Acosta, el mismo grupo de supuestos damnificados por la red de gestores apócrifos del IPV que el 2 de marzo había filmado a un agente de esa institución mientras este se disponía a vender una casa de interés social. Como consecuencia de esa primera simulación, el fiscal Diego López Ávila detuvo a Daniel Manzaraz, que el viernes quedó en libertad bajo caución (ver “El Instituto de la Vivienda en la Justicia”). Lobo, Liquitay, Acosta y otros presuntos estafados pretenden que el Estado les reconozca derechos por haber pagado sumas diversas a la cooperativista Elizabeth Alzogaray, quien prometía facilitar el acceso a viviendas del IPV y está privada de la libertad desde enero.

El Estado asignó $ 79,1 millones al proyecto de Villa Carmela, que comenzó en noviembre de 2013 con el sistema de “demanda abierta”. En virtud de esa modalidad, la tierra es aportada por entidades externas al IPV, en este caso la empresa constructora Helpa SA, que venden las parcelas a aspirantes que han de reunir los requisitos exigidos por el Fonavi (Fondo Nacional de la Vivienda) y que están obligados a poseer las casas al menos tres años antes de desprenderse de ellas. Las operaciones relativas a los terrenos deben ser controladas y aprobadas por el Instituto, que luego se encarga de cobrar las cuotas relativas a la construcción de las viviendas propiamente dichas. El pago de las mensualidades de Villa Carmela todavía no comenzó puesto que los inmuebles no fueron adjudicados en forma definitiva. Pero ayer la venta proseguía sin disimulo en las redes sociales.



LA CONVERSACIÓN GRABADA

“Vendí más de 80 casas en villa carmela”

Voz masculina identificada como Diego Juárez (DJ):-Hola, sí...

“Ángela”: -Disculpáme, ¿tenés en venta la casa todavía?

DJ:-¿Cuál de las casas? Porque tenemos varias propiedades...

“Ángela”: -La de Villa Carmela.

DJ:-Ah, sí, sí, el de 250 viviendas de Villa Carmela que se entregó el miércoles.

“Ángela”: -Exacto. ¿Cuál es el monto que pides, papá?

DJ:-$ 800.000. Es lo que pide mi esposa por la de ella. Yo también estoy publicando dos de clientes míos, es decir, del grupo de inversores que hemos comprado hace cuatro años. Uno está pidiendo $ 700.000 y otro que también pide $ 800.000. Esos son los valores que se están manejando hoy.

“Ángela”: -Yo tendría más confianza con tu señora (...).

DJ:-En realidad, es lo mismo porque yo hace cuatro años que las vengo comercializando. Estos señores también pertenecen al grupo de amigos que en su momento hemos comprado una gran cantidad de casas ahí. Yo me quedé haciendo la parte comercial para ellos (...). En todas las operaciones me tendrás a mí en la escribanía. (...) Esta es la modalidad que hemos estado manejando todos estos años (...).

“Ángela”: -¿Cómo es el pago?

DJ:-En principio son tres cuotas. Si estás interesada, puedo convencer al propietario para una cuarta o quinta cuota. Es conversable eso (...). Se puede aceptar efectivo y un vehículo (...). La de mi esposa es de contado (...). Todo lo que sea cierres o pequeñas señas se hace en la Escribanía Colombres, que es con la que yo me manejé estos cuatro años para este desarrollo y todos los otros desarrollos inmobiliarios. Eso es para tu tranquilidad (...).

“Ángela”:-¿Al hacer la compra esta directamente puedo hacer después la transferencia en la Vivienda?

DJ:-Sí, tenés dos alternativas y va a depender de lo que quieras hacer. Yo te digo, desde diciembre que se hizo el sorteo y a mí me quedó un paquete de 10 o 12 casas para vender, la mayoría de las familias optó por hacer una transferencia y esperar los tres años que te obliga entre comillas el Instituto para recién comercializar las casas. Vos si querés podés comprarla el martes y el miércoles vas al Instituto. Lo que pasa es que económicamente no te va a convenir. Pero es una cuestión tuya porque podés presentarte en el Instituto y decir que compraste tal transferencia e inmediatamente el Instituto la pondrá a nombre tuyo, pero te cobrarán una multa y vas a pasar a pagar el doble de lo que es la cuota normal en el barrio, que es entre $ 2.900 y $ 3.100 (...). Son 150 cuotas (...).

“Ángela”: -¿Tu nombre, papi?

DJ:-Yo soy Diego, Diego Juárez. (...) Te voy a mandar mi página personal para que veas lo que estoy publicando, y todos los otros desarrollos que hago para que veas el respaldo de lo que estás comprando o a quién estás comprando (...). Lo mejor de todo es que el barrio se entregó el miércoles y vendí más de 80 casas. Todas las familias están super contentas y eso me da un mayor respaldo para vender estas últimas que me están quedando (...).



JUÁREZ NO HIZO COMENTARIOS

Diego Juárez, el vendedor de casas de interés social en Villa Carmela (Tafí Viejo), dijo a LA GACETA que iba a analizar las actuaciones del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano antes de dar su versión sobre los hechos. “Estoy afuera de la provincia y necesito consultar a mis abogados”, explicó Juárez, quien en las redes sociales (entre ellas, Facebook) aparece vinculado a la inmobiliaria Nisi Dau.



Quiénes podían acceder a las viviendas de interés social de Villa Carmela (Tafí Viejo)

Además de comprar el terreno a la empresa constructora (Helpa SA), había que presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de Tucumán (Ipvdu) los requisitos establecidos por el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi).

Los requerimientos disponibles en la web (ipvtuc.gov.ar) indican que hay que acreditar la composición de la familia; que se carece de inmuebles y de “soluciones habitacionales”, y que los titulares perciben el ingreso estipulado, que hoy ha de ser inferior a dos salarios mínimos o $ 19.000 (antes era más alto).


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