Abogados dicen que no se evitó la crisis

07 Abr 2018

“Si los políticos dejaran de gastar tanto dinero en campaña y lo destinaran a construir lugares de alojamiento no estaríamos hablando de una crisis carcelaria”, aseguró Ricardo Scheuermann, abogado penalista. “Si un preso tuviera la posibilidad de rehabilitarse no harían falta leyes más duras. Pero es imposible que ello ocurra en la mugre en la que están encerrados”, agregó el profesional.

Los abogados consultados por LA GACETA coincidieron en señalar la gravedad del problema. “No se tomaron las medidas necesarias en el momento que hizo falta y ahora estamos en esta crisis. El problema es que nadie puede asegurar qué pasará con la cantidad de personas que se está deteniendo. Las autoridades deberían pensar que en cualquier momento se puede producir una masacre en las comisarías o en cualquiera de los penales”, dijo Geraldine Salazar.

“Los presos están en un estado de hacinamiento tan grande que duermen hasta de parados. Cada vez hay más personas que sufren enfermedades de la piel y otras similares por las pésimas condiciones de encierro en las que se encuentran. Hace dos años presenté ante la Corte Suprema de Justicia una nota denunciando los problemas que tienen los reclusos en Villa Urquiza y hasta el momento nunca me contestaron”, indicó Silvia Furque.

En opinión de José Molina, el origen del problema es “la aplicación de la ley contra motochorros, ‘rompevidrios’ y escruchantes generó un caso. Antes ya estaban hacinados y ahora el problema es mucho peor. La solución no pasa por prisión preventiva para todos, aquí tenemos un problema de política criminal que va más allá de aumentar penas y cambiar leyes”, comentó.

“El problema se acentuará con el correr de los días. No se tuvo en cuenta esta situación al ponerse en práctica la norma. Se debe dar una discusión mucho más profunda y no sacar leyes de apuro que después terminarán siendo declaradas inconstitucionales por las cámaras de apelaciones o por la Corte”, indicó Pablo Rivera.

Furque señaló además que el problema no sólo es la nueva ley, sino que hay un exceso de requerimientos de prisiones preventivas por parte de los fiscales. “Se están solicitando estas medidas por casos de lesiones, tentativas de hurto y accidentes que muchas veces tienen penas de cumplimiento condicional. Pueden estar más tiempo privados de la libertad con estas medidas cautelares que por una condena en sí”, destacó.

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