La ex Brigada nunca cerró sus calabozos

Pese al anuncio del Gobierno, en la ex Brigada están alojadas al menos 79 personas

07 Abr 2018
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POLÉMICA. Algunos detenidos son alojados en las oficinas del edificio. LA GACETA / foto de DIEGO ARÁOZ (archivo)

Luego de que se conociera un informe del hacinamiento que había en la seccional 11ª, el gobernador Juan Manzur y los funcionarios del área de Seguridad, anunciaron que habían decidido clausurar el arresto de esa dependencia y el de la ex Brigada de Investigaciones. El anuncio fue realizado un día antes de que la Corte Suprema de Justicia, a través de una acordada, le pidiera al PE que se cerraran esos calabozos. Pero todo sigue igual.

A pesar del anuncio oficial, actualmente en esos arrestos hay alojadas 79 personas, cuando en realidad tienen capacidad para 40. El PE, entonces, no sólo no cumplió con el anuncio, sino que además la Corte, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, nunca constató que lo hayan hecho.

“Los presos los tenemos hasta en las oficinas”, señaló una alta fuente policial al referirse a la grave situación. “Los fiscales nos mandan oficios para que a los detenidos los llevemos a la cárcel, pero como no hay cupo ahí tampoco, volvemos y tenemos que encontrarles un lugar. Hasta que eso pasa, los tenemos en las oficinas bien controlados”, agregó la misma fuente.

Esa misma información recibió la fiscala Adriana Giannoni que ya pidió informes a los responsables de la fuerza para que le confirmaran o le descartaran esa versión. “Más allá de ese caso puntual, sospechamos que se está produciendo la misma situación en otras dependencias de la provincia. El hacinamiento en los calabozos los llevaría a recurrir este mecanismo”, indicó la funcionaria judicial.

Control sanitario

Por otra parte, personal del Siprosa se presentó en la seccional 2ª para controlar el estado de salud de los presos que allí se encuentran detenidos. Lo hicieron por pedido de la fiscala Giannoni que sospechaba que estaban enfermos con sarna.

Los policías, según confirmaron fuentes judiciales, no esperaron la llegada de los médicos, sino que los trasladaron en tandas a un centro asistencial cercano. Allí, siempre de acuerdo a la información proporcionada por los voceros de la fuerza, los controlaron y les recetaron cremas para combatir los hongos que tenían en diferentes partes de su cuerpo. Además, les dieron desinfectantes corporales para que utilicen mientras se encuentren privados de su libertad.

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