Los jueces de Paz rechazaron las acusaciones ante el Jury

Los jueces de Paz Pedro Antonio Núñez (Los Gómez) y José Solano Lazarte (Alto de Anfama) tuvieron la oportunidad de defenderse ante el Jurado (o Jury) de Enjuiciamiento de las acusaciones por presunto desempeño irregular en sus funciones.

Ayer, mediante sus abogados, negaron cualquier vínculo con las operaciones inmobiliarias realizadas gracias a los poderes que rubricaron, y sostuvieron que estaban habilitados por ley para efectuar esas actuaciones, pese a que los terrenos en cuestión no estaban en sus jurisdicciones, sino en la Capital.

Fue la segunda audiencia celebrada por el Jury, que estuvo presidido por el legislador peronista Ramón Santiago Cano (el vocal de la Corte, Antonio Gandur, fue uno de los firmantes de la denuncia que originó el expediente). Al igual que en la anterior, Lazarte no se presentó ante el órgano constitucional. Sus intereses fueron representados por el abogado Juan Pablo Salas. “Lo aportado (por la acusación) carece de entidad probatoria. Niego todas y cada una de las acusaciones”, remarcó el letrado. Y aseguró que “el poder en cuestión fue conferido en debida forma” y entregado de manera leal. Recordó que el trámite fue efectuado en los 90, y que existía un marcado “informalismo en el manejo de archivos”, ya que la Corte Suprema no proveía los libros para protocolizar esos actos, y debían registrarlos en carpetas. Luego de solicitar la producción de medidas de prueba y la citación de testigos, el abogado de Lazarte pidió el archivo del juicio político.

La abogada de Núñez, Patricia Chipolari, planteó la prescripción de la acción, dado que el instrumento cuestionado fue rubricado por su cliente en 1984. “La acordada dictada por la Corte en 2017 (para solicitar el juicio político) es arbitraria”, remarcó. Y advirtió que esa resolución “olvida que los jueces de Paz cuentan con facultades notariales”, previstas por la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tucumán.

Además, diferenció los casos bajo estudio del Jurado de Enjuiciamiento. “(Mi cliente) no está imputado”, afirmó Chipolari. Agregó que el poder “fue realizado conforme a derecho”, y cuestionó a la Corte por no haber guardado esos archivos. “Se está cuestionando la redacción de un poder de hace más de 30 años”, afirmó la representante legal de Núñez. Luego sostuvo que quienes le habían solicitado la rúbrica de ese documento “era gente de la zona”, y expresó su “molestia” por las sospechas que se generaron alrededor del caso. “Mi actuar fue de buena fe y en el marco de la ley. Ningún tipo de responsabilidad recae sobre el juez respecto del uso del poder que otorgó”, remarcó Chipolari.

Además, señaló que la Corte Suprema de Tucumán prejuzgó al dictar la acordada originaria del juicio político en trámite. “Consideraron que este juez es culpable, pero hay un proceso en trámite”, añadió la abogada.

Es la primera vez que un proceso de destitución seguido con los parámetros fijados por la Constitución provincial de 2006 llega a esta instancia.

El expediente se originó en 2017, a partir de una denuncia de la CSJT, sustentada en un informe de la Dirección del Registro Inmobiliario de la Provincia y ampliada mediante actuaciones de Superintendencia. La comisión de Juicio Político, a cargo del peronista Zacarías Khoder, hizo propias las acusaciones por presunto incumplimiento en los deberes a cargo de Núñez y Lazarte. Ahora, el Jurado de Enjuiciamiento debe resolver si da lugar a la convocatoria de los testigos solicitados por los imputados. Aún no hay una fecha estimada para que se dé a conocer el veredicto.