Interna política: Juri Debo fue a inaugurar una oficina en Concepción y no lo dejaron

La Intendencia rechazó la cesión de un espacio a la Defensoría. Sánchez desconoce un acuerdo firmado por el Concejo. “Venía a una fiesta y me encuentro con esto”, dijo el Defensor del Pueblo.

21 Mar 2018 Por Rodolfo Casen
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PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. El Ejecutivo concepcionense asegura que los ediles no pueden ceder espacios. la gaceta / fotos de osvaldo ripoll

Los vientos de la discordia parecían haberse aquietado y, con ello, que habían quedado en el recuerdo las frecuentes y confrontaciones entre el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante de Concepción. Sin embargo ayer, intempestivamente, volvieron los desencuentros. Al punto que el Defensor del Pueblo, Fernando Juri Debo, no pudo inaugurar en el Concejo una receptoría del organismo.

La polémica se generó porque las autoridades del cuerpo “ignoraron al intendente, Roberto Sánchez, en el acuerdo que suscribieron con la Defensoría para que esta instale una oficina de atención en el primer piso del edificio, que es de propiedad de la Intendencia. En consecuenciam la apertura fue desconocida por el DE. Según explicaron, el inmueble hace tiempo fue cedido al cuerpo transitoriamente por la Municipalidad y en consecuencia es el intendente quien representa sus intereses.

“Aquí vino un funcionario a invitarnos a participar de la inauguración de la receptoría 20 minutos antes del acto. Y nadie estaba al tanto de este hecho. De ahí que le advertimos que se estaba incurriendo en una clara violación a la autonomía municipal”, dijo Julio César Herrera, secretario de Gobierno ,municipal. “Se quiso disponer de un espacio que es patrimonio de la Intendencia. Y extraña que el defensor del Pueblo desconozca los procedimientos administrativos que se deben seguir en estos casos. O tal vez lo confundieron”, añadió el también titular de la UCR. “Si el Concejo hubiera consultado a la Intendencia sobre la instalación de la Defensoría, tal vez se conseguía un espacio mejor. Pero no, se hizo todo ignorando las normativas vigentes”, recalcó.

El edil Sergio Castillo, presidente del Concejo, aseguró que el convenio cuestionado por Sánchez está firmado por los 12 ediles del cuerpo, entre ellos los cuatro de Cambiemos. “No hay nada irregular en este acuerdo. Todo está dentro del marco de la ley y atendiendo una necesidad imperiosa de la gente de contar con una oficina de reclamos a los problemas que tienen con algunos servicios públicos”, agregó el peronista.

Sin embargo, el concejal oficialista Alejandro Molinuevo aseguró que en realidad el convenio fue firmado sólo por las autoridades del Concejo, todos opositores. “Con mi par, Ramiro Beti, le advertimos a Castillo que era facultad del intendente Sánchez disponer del espacio que él acondicionó para la Defensoría. Pero no nos escuchó. Por algo hoy no fue ningún edil a la inauguración”, apuntó.

El defensor de Pueblo llegó al Concejo casi al mediodía y se dio ahí con la novedad de la pelea que había generado la apertura de la oficina. Y no pudo inaugurarla. Entonces rectificó que en realidad había arribado con el fin de firmar el convenio nada más. “Por cuestiones legales el Concejo es el que debe firmar y aprobar el acuerdo, ya que nosotros somos un ente de control al igual que este cuerpo. De todos modos siempre nos acompaña el intendente. En este caso, es nuestra intención que acompañe y refrende el convenio. Entiendo que siendo la autoridad o el dueño de casa debe estar presente”, expresó Juri Debo.

“Voy a hablar con Sánchez para aclarar lo que haya que aclarar, si es que hubo algún mal entendido. Aquí queremos trabajar para solucionar problemas a los vecinos afligidos por inconvenientes en los servicios que pagan. Sólo espero que cuando se reinaugure la oficina nos encontremos todos”, sostuvo. ”Venía a una fiesta y me encuentro con estas diferencias políticas que lamento. Ojalá se superen pronto”, concluyó.

Herrera, finalmente, mostró un dictamen de Asesoría Letrada municipal que ratifica que el edificio en el que se iba a inaugurar la agencia de la Defensoría del Pueblo es de la Intendencia y, en consecuencia, es Sánchez quien está facultado a firmar el convenio u otras medidas que comprometan el uso del inmueble.

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