Motochorros, rompevidrios y escruchantes quedarán presos hasta el juicio

16 Mar 2018
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El Poder Legislativo aprobó ayer por unanimidad las herramientas procesales que una semana atrás había pedido en persona el ministro fiscal, Edmundo Jiménez. Mediante una reforma al Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT), se autorizó a los magistrados a dictar la prisión preventiva en contra de los motochorros, los rompevidrios y los escruchantes (autores de robos a casas sin moradores).

A pesar de que existen antecedentes legislativos similares -que finalmente no fueron aplicados por su inconstitucionalidad-, los legisladores apuntan a terminar con la “puerta giratoria” en los tribunales. De todas maneras, tanto oficialistas como opositores advirtieron que la crisis generada por la escalada de delito y violencia en Tucumán requiere medidas de fondo.

“Con esto no vamos a solucionar la problemática de la inseguridad, que tiene que ver con muchas más cosas”, indicó el presidente subrogante de la Legislatura, Fernando Juri (PJ), primer firmante del proyecto. Y remarcó que, en una visita reciente a la sede de Muñecas 951, el propio ministro de Seguridad, Claudio Maley, describió un contexto preocupante. “No podemos negar las falencias que tenemos en esa materia, pero sin duda alguna estamos trabajando. (El funcionario) dio una explicación descarnada, pero real, y eso nos posibilita que vayamos tomando medidas”, relató el dirigente peronista.

Los legisladores que hicieron uso de la palabra se mostraron dispuestos a otorgar a los jueces penales la potestad de dictar la detención preventiva de un imputado por robo bajo las tres modalidades en boga en Tucumán: los motoarrebatos, los rompevidrios -ayer atacaron el auto de una docente en calle Buenos Aires al 900- y los escruchantes. Coincidieron además en buscar un análisis más profundo de lo que ocurre en la provincia.

El presidente de la comisión de Seguridad y Justicia, el oficialista Javier Pucharras, instó al Poder Ejecutivo (PE) a adoptar “políticas integrales” en este tema. “Para desarrollarlas, además, se necesitan recursos”, indicó. Y agregó: “no tengo dudas de que la Provincia los tiene (a los fondos); albergo las esperanzas y las expectativas de que podamos llegar a buen puerto en ese sentido, y que podamos darle respuestas a nuestra sociedad”.

Ramón Santiago Cano, jefe del bloque oficialista Tucumán Crece, afirmó que “el vecino quiere estar seguro”. Y advirtió: “que no tengamos un ‘consuelo de tontos’, de que en otras partes del país está pasando lo mismo que acá”. Incluso, llamó a redoblar esfuerzos “aunque Tucumán sea una isla” en comparación a otros distritos.

El oficialista Marcelo Caponio reiteró su reclamo al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Daniel Posse, por la postergación de la puesta en marcha en modo piloto del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT). “Necesitamos que la persona que cometió un delito sea investigada, juzgada y condenada. De esa forma es que se acaba con la ‘puerta giratoria’”, señaló.

Más de un peronista le dio también la razón al legislador radical Fernando Valdez, quien instó a pedir asistencia a fuerzas federales y a entablar discusiones de fondo, como una reforma en la Policía y otras medidas. “(Esta herramienta) es un paliativo pequeño”, marcó.

El interrogante está en si una vez que el Ejecutivo promulgue la norma, los jueces podrán aplicarla.

Stella Maris Córdoba (proyecto popular, oficialista).- “Todos los tucumanos estarán de acuerdo con que se debe terminar con la puerta giratoria, y creo que el objetivo principal de esta discusión es brindar una herramienta a la Justicia para que ya no haya excusas”.

Claudio Viña (Nueva Fuerza, oposición).- “El informe del ministro Maley fue triste y lapidario: los chalecos antibalas que usa la Policía están vencidos, el armamento es obsoleto, la mitad de los móviles no funciona y las comisarías y la cárcel están colapsadas. (...) En ese contexto, le giramos $4 millones a César Pelli para que haga el proyecto del Centro Cívico. Eso no coincide con la realidad de Tucumán”.

Alfredo Toscano (Peronismo del bicentenario, oposición).- “En la gestión anterior murió una niña y una ex senadora dijo que ‘el señor Estado no podía estar al lado de una familia borracha’. Ahora matan a un niño de 12 años y el ministro Maley no tiene mejor cosa que decir ‘qué hace un niño de esa edad en la calle a esa hora’. Cuando nos matan un niño es porque falló nuestro sistema de protección de la niñez, falló el sistema de seguridad y falló el sistema educativo”.

Alberto Colombres Garmendia (PRo).- “Estamos rodeados de jueces que dan más garantías al criminal que al policía. En cuanto hay dudas sobre la actuación de un policía, al otro día están sumariados y detenidos, pero no sucede lo mismo con los delincuentes. Es importante la decisión política de ‘bancar’ a la fuerza de seguridad y respaldarla cuando va a combatir la delincuencia”.

Rubén Chebaia (UCR).- “Este proyecto integra la bijouterie de la calesita (en las medidas en contra) de la inseguridad: creemos que vamos para adelante pero estamos yendo para atrás. ¿Dónde van a ir los detenidos que surjan de la aplicación de esta norma? ¡No hay! Deberían existir lugares adecuados de detención para ‘ayer’”.

Eudoro Aráoz (UCR).- “Podemos sancionar normas (contra los delincuentes), pero si van en contra de los principios generales del derecho y agravan más allá de lo necesario la situación de la persona que está detenida, y sobre la cual rige el principio de inocencia, la norma será declarada inconstitucional. Estamos mal en seguridad porque hace muchos años estamos haciendo las cosas mal”.

Emiliano Vargas Aignasse (Tucumán Crece/PJ).- “El ministro de Seguridad vino a la Legislatura y dijo: ‘hay inseguridad en Tucumán’. Ese paso nos tiene que poner juntos, al lado del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de la Policía. No tiene que haber mezquindades en esta tarea”.

Fernando Valdez (UCR).- “Voy a acompañar este proyecto de reforma porque es una mínima señal de que hay preocupación en el Ministerio Público Fiscal por la situación de inseguridad que vivimos, pero no podemos engañar a la sociedad diciendo que con esta reforma vamos a bajar el índices delictivos. Debemos solucionar el problema de los detenidos y el hacinamiento de los lugares donde se llevan a cabo”.

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