Preocupa a inversores el “cajoneo” de proyectos en Yerba Buena

El empresario José Frías Silva, de la compañía Azucarera Justiniano Frías Silva, le ha mandado una nota al concejal Héctor Aguirre, como presidente del Concejo Deliberante de Yerba Buena. En esa misiva, le pide que se pongan a la vista, en el estado en el que se encuentren, los documentos suyos sobre el proyecto “El Portillo”, un barrio que pretende edificar cerca del loteo El Bernel, al final de la avenida Fanzolato.

Frías Silva detalla -en ese texto- que el 21 de noviembre de 2016 inició un expediente para solicitar un certificado de factibilidad urbanística para su desarrollo inmobiliario. Siete meses después -prosigue- presentó un pedido de pronto despacho, debido a que no había obtenido respuesta. Hoy, transcurrido casi un año y medio, solicita no sólo que le muestren la documentación, sino que le indiquen cuál ha sido el último movimiento o radicación. “En reiteradas oportunidades he concurrido a la Municipalidad para preguntar sobre mis papeles. He recibido, como respuesta, que se hallaban en poder del concejal Pedro Albornoz Piossek”, se lee en la nota de Frías Silva, fechada el 16 de febrero.

Albornoz Piossek presidió la comisión de Obras y Servicios Públicos de ese cuerpo legislativo durante 2017. A fines de ese año, hubo un cónclave en el que se renovaron las comisiones y se eligieron autoridades internas. De acuerdo a lo resuelto en esa reunión, José Macome es el nuevo conductor de ese grupo de trabajo. Pero el edil macrista integra la facción que desconoce esa sesión y sus actos posteriores.

Aguirre lo ha intimado, a través de notas, a que devuelva los papeles que “retiene de forma indebida”. Macome añade que se trata de documentos públicos. “No puede secuestrarlos”, considera. Hace unas semanas, la mesa de entradas del Concejo recibió otra nota, de un empresario que -al igual que Frías Silva- sostiene que aguarda respuestas desde hace meses.

Actualmente, hay dos grupos de concejales enfrentados. Esa disputa política dificulta el normal desenvolvimiento del Concejo. Por un lado, están los oficialistas Macome, Marcelo Rojas y Javier Jantus. A ellos se aliaron los peronistas Aguirre y Walter Aráoz.

En la vereda contraria se hallan el macrista Albornoz Piossek y los radicales Benjamín Zelaya, Maximiliano García y Lucas Cerúsico. La décima banca se encuentra en discusión: aunque Rodolfo Aranda ha asumido a fines de 2017 por impulso de los oficialistas, la oposición ha judicializado ese cónclave. El pleito se encuentra en las esferas de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, presidida por el vocal Horacio Ricardo Castellanos.

De hecho, ese es el principal argumento que esgrime Albornoz Piossek cuando se le pregunta sobre esa documentación: “aquí, lo importante es la ilegalidad de esa reunión de diciembre pasado. Cinco concejales violaron las ordenanzas y decidieron reunirse sin el quórum necesario”.

Luego afirma que, debido a esa “situación inédita”, el cuarteto que él integra recurrió a la Justicia, para que ese poder determine la ilegalidad de lo que califica como un golpe institucional perpetrado -a decir suyo- por los concejales afines al intendente, el radical Mariano Campero. “En resumen, todo acto surgido a partir de esa fecha por estas autoridades es ilegal”, razona.

“Desde hace un par de meses, sufro, continuamente, la presión de Aguirre y de Rojas para que les entregue dichos expedientes. Tengo, en mi despacho, no menos de cinco notas firmadas por ellos”, prosigue Albornoz Piossek. Actualmente Rojas ocupa el cargo de vicepresidente primero del Concejo, de acuerdo a la votación de aquella controvertida sesión.

Por último, cuenta que existen 250 carpetas más en Obras Públicas. “No puedo poner los expedientes a disposición de estos concejales. De hacerlo, estaría validando una situación que considero ilegal. Vamos a esperar a que la Justicia resuelva la cuestión de fondo”, concluye.