Para sostener el servicio, la SAT precisa $ 35 millones mensuales: "sin inversión, esto no va a cambiar"

Fernando Baratelli, el nuevo presidente de la empresa, dice que hace malabares para salir a tapar las roturas de las redes de agua y cloacas, pues no tiene recursos. En la capital, el sistema ha cumplido su ciclo, explica. “Hay que renovarlo”. Preguntas sin respuestas

11 Mar 2018

Fernando Baratelli (51 años, ingeniero en construcción) acude puntualmente a la cita. Saluda con resolución. Luego, sin preludio, admite que tiene un problema. Y admite, también, que no tiene plata para solucionarlo. Hace unos tres meses que gobierna el timón de un barco que hace agua: la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), la empresa que -paradójicamente- les suministra, a la mayoría de los tucumanos, los servicios de agua potable y cloacas. Y es que, mientras la cantidad de agua que brinda la naturaleza se mantiene invariable año tras año -dentro de sus oscilaciones normales-, la población que la requiere, en cambio, aumenta. ¿Hay algún plan para el futuro? ¿Cuánto hay que invertir? ¿Se necesitan más embalses? Otro aspecto de la problemática es el colapso cloacal. Aguas malolientes que reverberan junto a los cordones. Personas que andan pisándolas. ¿Cómo es posible que esa insalubridad se haya transformado en una situación común? ¿Cuál es la explicación oficial? ¿Hasta cuándo, o hasta dónde?

Baratelli no se impacienta. Oye las preguntas y, a veces, asiente con la cabeza. “El servicio es malo -reconoce-. Lo sabemos. Basta con caminar por las calles para ver agua en todas partes. En la capital, por ejemplo, la mayoría de las cañerías ha cumplido su ciclo. Hay que renovarlas. Eso implica una inversión grande. Pero no vemos la posibilidad de que se hagan esos gastos”. Su tono es pausado. Cada tanto, conjuga la primera persona singular, como si la SAT fuese él mismo.

- ¿Esa es la respuesta? ¿No hay plata?

- Sin inversión, esto no va a cambiar. Debemos ser conscientes de esa realidad. El Estado provincial no tiene los fondos suficientes. En unos días, viajaré a Buenos Aires en busca de créditos internacionales. Nuestro problema se divide en dos: necesitamos plata para encarar obras nuevas y para mantener lo que está funcionando. Hoy, hacemos malabares.

- Si se postula que en los últimos 15 años, de mínima, ha habido una serie de omisiones sistemáticas del Estado respecto a la administración del agua. ¿qué diría usted?

- Creo que en algún momento se pergeñó un plan para ampliar el servicio. Lo lograron. Hoy, en el Gran San Miguel de Tucumán más del 70 % de la población cuenta con agua y cloacas. Faltó una segunda etapa, que consista en la actualización de las cañerías existentes.

- ¿Qué planea hacer, entonces, a corto, mediano y largo plazo?

- A corto plazo, necesitamos tener presupuesto para darles respuestas rápidas a los usuarios. Indefectiblemente, se deben mantener las redes actuales. A mediano y largo plazo, tenemos que cambiar todas las cañerías de agua potable y de cloacas de San Miguel de Tucumán, al menos. Estimo que esos dos proyectos rondan los U$S 500 millones, cada uno.

- Usted dice que las cloacas de la capital han cumplido su ciclo. Pero las de Yerba Buena, por ejemplo, son nuevas. Y esa ciudad igualmente está infestada de pérdidas.

- En los últimos 12 años, en ese municipio se pusieron más de 15.000 metros de cloacas. Obviamente, en ese volumen han surgido problemas puntuales, como los desbordes a la altura de El Mástil o en la calle Las Rosas.


- Estuvo reunido, hace unos días, con el ministro de Economía de la provincia, Eduardo Garvich. ¿De qué hablaron?

- Le dije que debemos pensar la renovación, justamente. Si involucramos a la totalidad de la provincia, la inversión aproximada sería de $ 1.500 millones anuales, de manera sostenida y durante 15 años. Pedir esa plata es una utopía. Entonces, pretendo que el ministro me asista económicamente para dar un servicio bueno, con los caños actuales.

- ¿Cuánto se necesita para eso?

- Si pudiera contar con un financiamiento de $ 35 millones todos los meses, tendría oxígeno para salir a tapar las roturas y para renovar tramos cortos de cañerías. Ese flujo continuo me permitiría proyectar un paquete de obras. Así, al vecino que no le tocó este mes, le tocaría al siguiente. En diciembre recibí $ 5 millones. ¿Sabe de bien que me vinieron? Los usé para reparar bombas de agua. En unos días, me llegan $ 35 millones más. Con eso, se harán 12 obras de emergencia.

- Pero, ¿en dónde está la discusión? ¿Por qué la Provincia no tiene dinero para el agua, uno de los recursos naturales más valiosos?

- La verdad es que todavía no tengo la posibilidad de recibir fondos concretos, ni de la Provincia ni de la Nación. El ministro Garvich se ha comprometido a hacer lo posible. Y me ha pedido que trabajemos en una empresa rentable.

- ¿Y por qué la SAT no tiene una caja propia? ¿Por qué no es rentable?

- En 2017, la SAT manejó un presupuesto de $ 500 millones anuales, provenientes de ingresos propios. El 55 % de eso se empleó para el pago de sueldos. Es decir que quedaron unos $ 200 millones para obras, insumos, combustibles, etcétera.

- Desde su punto de vista, ¿cuál sería la tarifa ideal?

- Con la cantidad de problemas que tengo, ni una tarifa ideal me alcanzaría. En promedio, hoy la mayoría de los usuarios paga $ 700 bimestrales. Por mes, son $ 350. Si uno se pone a pensar, eso equivale a un par de botellas de gaseosas. No me atrevo a fijar una cifra, pero nuestros costos se han incrementado más de un 20 %. Además, tras las próximas paritarias habrá un aumento de sueldos. Ante eso, considero prudente que se actualice la tarifa. No pido una sobrefacturación para renovar las cañerías. No se le puede cargar al usuario el costo de esa tarea, que es responsabilidad del Estado. Pero sí, solicito una adecuación mínima.

- ¿Le parece que el tema del agua tiene rédito electoralista?

- Creo que al oficialismo le vendría bien hacer algo porque todo el mundo está hablando de esto. Y que la oposición lo ha planteado de manera superlativa.

- En diferentes ocasiones y de modo reiterado, dos intendentes han encarado acciones en contra de la SAT. Se trata de Germán Alfaro, de la capital, y de Mariano Campero, de Yerba Buena. Uno promueve la intervención y el otro pide la municipalización. ¿Qué opina usted?

- Ni en Argentina ni en resto del mundo, se tiende a municipalizar un servicio de este tipo. El costo es muy grande. No obstante, sí coincido con Campero cuando afirma que su municipio tiene la mayor tasa de pago. Pero si me sacan la parte rica de la torta, me van a llevar al fracaso. No se puede romper el equilibrio. Van a convertirme en una Dipos residual (Baratelli se refiere a la Dirección Provincial de Obras Sanitarias, que administró los servicios desde 1981 hasta mediados de 1995. En esa fecha, le fueron concesionados a la ex compañía Aguas del Aconquija).


La estructura

Llegado este punto, se le plantea porqué no se ha conformado una estructura del Estado que tenga a su cargo todos los aspectos hídricos. Contesta que eso sería -justamente- lo mejor. “Esa posibilidad ha sido pensada. Las problemáticas del agua tienen muchas aristas. Deberían ser miradas desde una misma óptica y atendidas con un único plan provincial”, razona.

Actualmente, la SAT se encuentra en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia, que depende del Ministerio de Economía. A esas oficinas se subordinan, también, la Dirección Provincial del Agua y el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys, por sus siglas), que se encarga de dotar de agua a las localidades del interior que no son atendidas por la SAT y de administrar los fondos que provienen del Enohsa, que es el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.

La charla toca las tres horas. Algunos interrogantes quedan sin respuestas puntuales. Como cuando se le pregunta qué porcentaje de los efluentes cloacales del Gran San Miguel son efectivamente tratados antes de ser volcados a la red hídrica. “La planta de San Felipe está trabajando. Tiene sus problemas de mantenimiento y sus costos. Hay que conseguirle insumos de manera permanente. Y está sobrecargada”, contesta, sin precisar una proporción. Tampoco nos resulta clara su argumentación sobre por qué, desde hace siete años, se anuncia y se espera el acueducto de Vipos (”estamos trabajando en un anteproyecto”).

Augusto Guraiib ha hablado poco. Es ingeniero civil, tiene 44 años y el cargo de gerente de coordinación técnica. En apariencia, sólo ha sentido la necesidad de hacer comentarios cada tanto, o cuando las preguntas han estado dirigidas hacia él. Aunque ahora, sobre el final, cuando la asistente de prensa avisa que un grupo de vecinos aguarda afuera, dice que durante los años en los que gobernó el kirchnerismo se hizo la mayor cantidad de obras hasta entonces vista, tal como había planteado Baratelli. Pero -coincide- fueron obras de expansión, únicamente. “Sólo expansión. Sólo expansión -repite, así-. Todo estaba condicionado. No hubo un peso para mantenimiento. Estuvimos en una encrucijada. Es como si nos hubieran dado una Ferrari... Y nosotros no teníamos plata ni para pagarle el seguro”.

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