06 Marzo 2018
El incremento de los “ahorros” de la Legislatura, que alcanzarían los $240 millones para uso discrecional, despertó críticas desde la oposición a la administración del vicegobernador, Osvaldo Jaldo.
Si bien el presidente del Poder Legislativo había dicho que esas reservas -denominadas Excedentes Financieros- son producto de la “austeridad en la ejecución” de los recursos presupuestarios, dirigentes de la Unión Cívica Radical sembraron dudas respecto de la política financiera aplicada por Jaldo.
“Estos excedentes no son un ahorro. El Presupuesto es un plan de trabajo y de acción que lleva a cabo el Estado a través de sus distintas reparticiones. Si no se gastó el dinero previsto significa que no se hizo lo que se debía hacer”, indicó el legislador Eudoro Aráoz, del bloque UCR. En 2017, el radical había elevado un proyecto de ley -junto a sus “correligionarios” José María Canelada y Adela Estofán de Terraf- en el que proponía que las reservas legislativas fueran utilizadas para solventar obras hídricas en el sur tucumano. No parece que esa iniciativa vaya a llegar al recinto en el corto plazo.
Para tres organismos
A partir de 1999 comenzó a regir la ley 6.930, de Excedentes Financieros, que habilita a la Legislatura, al Poder Judicial y al Tribunal de Cuentas a retener los fondos presupuestarios remanentes de un ejercicio e incorporarlos al ejercicio siguiente como “refuerzo financiero” de libre disponibilidad.
Tanto la Justicia como el ente de contralor provincial venían aplicando ese régimen desde hace años. Según sus anuncios, de esta forma pudieron solventar la construcción de nuevas sedes y ampliaciones edilicias. Hasta 2014, la Legislatura era el único órgano comprendido por ley 6.930 que no registraba excedentes financieros. A partir de 2015, con la llegada de Jaldo a la vicegobernación, en la sede de Muñecas 951 comenzaron a multiplicar sus ahorros. Entre enero de 2016 y febrero de este año, las reservas legislativas crecieron un 960%, pasando de $25 millones a unos $240 millones.
El radical Aráoz criticó la decisión del oficialismo de haber reforzado esa partida de uso discrecional. “Hay dos posibilidades: no se cumplió con el plan de trabajo previsto o se abultó el presupuesto para guardar se dinero. Estos excedentes deberían desaparecer. Y son fondos públicos que deberían ser imputados en el Presupuesto; no estoy de acuerdo con que sean de libre disponibilidad”, añadió el ex presidente del Colegio de Abogados. El radical tramita desde hace unos dos años una demanda administrativa en contra de la Provincia para acceder al detalle de los beneficiarios de los millonarios subsidios repartidos en el 2015 electoral por la propia Legislatura. “No queremos que los excedentes financieros se conviertan en los nuevos ‘gastos sociales’”, reclamó.
Por su parte, el diputado radical José Cano (Cambiemos) recordó que días atrás envió una nota a Jaldo para instarlo a invertir los ahorros legislativos en el área de seguridad. “Ahora que se comenzará a debatir por fin la reforma política, sería un buen gesto del vicegobernador que elimine esos excedentes financieros, de dudosa constitucionalidad”, indicó el radical. Y agregó: “resulta inadmisible que la Cámara aprobara en diciembre pasado una suba en las alícuotas de Ingresos Brutos, mientras tenía fondos sin ejecutar del presupuesto anterior”. El diputado afirmó luego que “la figura del ahorro no existe en el Estado”. “Esos $240 millones deberían estar destinados a mejorar la calidad de vida de los tucumanos. Por un lado están esos dineros de libre disponibilidad; por otro, los policías tienen chalecos vencidos, faltan móviles y las comisarías están destruidas”, añadió.
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