“Todos los meses estamos corriendo gente”, aseguran autoridades universitarias en Horco Molle

“Todos los meses estamos corriendo gente”, aseguran autoridades universitarias en Horco Molle

Denuncian que edificaron una casa cerca de la reserva, junto al Caps y a metros de la ruta 340 Al director de la Reserva Experimental le inquietan las ocupaciones del predio. El del Parque Sierra de San Javier, dice que la construcción “es un problema puntual”.

TIERRAS PROTEGIDAS. Funcionarios explican cómo preservarán el predio. TIERRAS PROTEGIDAS. Funcionarios explican cómo preservarán el predio.

Puede que a quienes transitan con frecuencia por el camino hacia Horco Molle les haya llamado la atención. En las últimas semanas, comenzó a edificarse una casa a metros de la ruta 340, a la altura del CAPS de la zona. Lo curioso es que se encuentra adentro de las tierras protegidas por el Parque Sierra de San Javier, de la Universidad Nacional de Tucumán.

Las palabras de las autoridades universitarias echan luz sobre lo ocurrido: la vivienda pertenece a una persona que exige la propiedad de ese terreno. Incluso, hay un pleito judicial en curso. No obstante, no tenía permiso para edificar. Y no se trata del único caso, dicen. Así lo explica Manuel Imbert, el director operativo del parque. “Son problemas puntuales con terceros que vivían allí antes de que fuera reserva. En consecuencia, reclaman posesiones”, afirma.

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Él entiende que no se trata de usurpaciones, sino de particulares que se arrojan ciertas potestades. También aclara que el parque se encuentra dividido en tres sectores: usos múltiples, usos urbanos y usos estrictos. Horco Molle -prosigue- se encuentra en una zona antrópica y menos representativa de la biodiversidad puesta a resguardo.


Las manifestaciones de Juan Pablo Juliá -director de la Reserva Experimental, un área de investigación que forma parte del parque- se oyen más dramáticas. Él dice que las usurpaciones constituyen, literalmente, el pan de cada día. “Los intentos son constantes. Muchas veces, para sacarlos hemos tenido que actuar al filo de la ley. Hemos llegado a desmontar, nosotros mismos, las casillas. Es un problema serio; grave. Un tema sumamente preocupante. Hicimos un montón de denuncias en las oficinas del rectorado y del departamento jurídico de la universidad. No se ha podido avanzar. Todos los meses, estamos corriendo gente”, revela.

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Entonces se le pregunta cómo es posible que convivan con esa situación. Que no se tome una medida de fondo. Contesta que la creación de Jardín Botánico -el año pasado, adentro de la reserva- les ha servido para tener presencia. Y enseguida reitera un concepto de Imbert: muchas de las familias que viven en el parque llevan varias generaciones ahí dentro. Por eso, él cree que la universidad debería encontrar una figura legal para otorgarles una posesión de las parcelas, delimitárselas y prohibirles -básicamente- que se extiendan. “Estas familias crecen y agrandan sus casas, pero en un sector protegido. Hasta la luz eléctrica que utilizan es pagada por la universidad”, grafica.

Tiros a guardaparques

El Parque Sierra de San Javier fue creado a partir de una resolución universitaria en 1974. Se extiende a lo largo de unas 14.170 hectáreas, que son vigiladas por 13 guardaparques (”apenas”). Eso es lo primero que plantea el secretario de Bienestar Universitario, Gustavo Vitulli. Luego dice que en alguna ocasión se barajó la opción de que se hiciera un convenio con Gendarmería Nacional; no prosperó. “El parque es muy vulnerable. Y la situación es cada vez peor. Nuestro personal no da abasto. Entran por todos lados. Hace poco, unos cazadores furtivos les hicieron disparon a los guardaparques”, cuenta.

Con respecto a las ocupaciones, Vitulli añade que pedirán una reunión con jueces federales, para que intervengan de manera rápida. “La Justicia es la única que puede parar una usurpación”.

Augusto González Navarro es el director universitario de Asuntos Jurídicos, el área a la que le compete formular estas alegaciones en los estrados judiciales. Relata que, en el caso de la edificación junto al CAPS, hicieron un acta de constatación e intimaron al constructor a que desistiera. “Nosotros no podemos sacarlo”.

Por último, Pablo Quiroga -coordinador general de la reserva- advierte que las usurpaciones son tan sólo una arista de lo mucho que ocurre en esa geografía selvática. Y recuerda la recurrencia de asaltos a los ciclistas que circulan por esos senderos, las plantaciones de marihuna o la caza furtiva. Este diario quiso contactar al propietario de la casa en cuestión. En todas las ocasiones, quienes estaban en el lugar fueron reacios a dar información.

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