20 Febrero 2018
Elizabeth Rosa Alzogaray, la presunta cabecilla de los falsos gestores del Instituto de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), había desistido de prestar declaración cuando se entregó a la Justicia penal, hace 23 días. El viernes, sin embargo, la sospechosa decidió darle su versión al fiscal de Instrucción, Diego López Ávila. Si bien el contenido de la indagatoria no fue revelado, su abogado defensor, Mario Benjamín Visuara, confía en que la estrategia alivie la situación procesal de la titular de la cooperativa de trabajo “Un nuevo amanecer”.
López Ávila solicitó que Alzogaray y el resto de las imputadas sigan detenidas bajo el régimen de prisión preventiva. “(El pedido) está pendiente de resolución del Juzgado de Instrucción de la V”, se limitó a confirmar el letrado.
El mes pasado, sobre la base de las denuncias recolectadas durante la pesquisa, el fiscal había solicitado la detención de Alzogaray, María Esther Soraire, Marta Elena Campos, Adela Aydeé Bustos, Anabel Jiménez, Luis Ramallo, Emmanuel Ramallo, César Zurita y Analía del Valle González.
Una de las hipótesis es que Alzogaray habría coordinado el grupo de supuestos falsos gestores del IPV. Estos habrían cobrado entre $4.000 y $100.000 para garantizarles a cientos de ciudadanos el acceso a una vivienda social sin necesidad de pasar por el sorteo. Así, quienes dependerían de Alzogaray habrían administrado grupos de WhatsApp en los que participaban quienes entregaban el dinero solicitado. Pero las adjudicaciones se fueron postergando, y a raíz de una publicación de LA GACETA, estalló el escándalo. El fiscal de Instrucción no descarta que Alzogaray haya tenido efectivamente vínculos políticos, como presumía ella en las redes sociales. De hecho, la imputada estuvo designada en el Concejo Deliberante de la Capital entre febrero y octubre de 2016 y participó de actividades oficiales del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual.
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