La oposición legislativa quiere avanzar en prohibir el nepotismo

A fines de 2016, un grupo de políticos había presentado un proyecto en la Legislatura de Tucumán, para prohibir el nepotismo en la administración pública. Al cabo de un año, la iniciativa se encuentra en estudio de las comisiones intervinientes y sin dictamen. “No fue tratada aún debido a que no logró consenso. Esta cámara, generalmente, busca acuerdos parlamentarios”, dice el legislador radical Raúl Albarracín, uno de los firmantes del texto.

Lo que él y el resto de los preopinantes pretenden es que ningún funcionario público tenga facultades para nombrar o contratar personal, ya sea de forma permanente o provisoria. En la nómina de los alcanzados por esa restricción, mencionan al gobernador, al vicegobernador, a los intendentes, a los delegados comunales y a los funcionarios de las empresas estatales.

Según la prohibición, quedarían alcanzados:

• Los familiares consanguíneos en línea recta hasta el segundo grado, y colaterales hasta el cuarto grado.

• Los cónyuges.

• Los parientes por afinidad hasta segundo grado.

• Las uniones convivenciales.

• Los parientes por consanguinidad de la pareja conviviente.

• Los hijos adoptivos.

El boceto consta de más de 10 artículos, puesto que se hace mención a la devolución de los salarios indebidos, a las sanciones, a las autoridades de aplicación, a los controles previos y al régimen de excepciones, entre otras especificaciones. Con respecto a este último punto, los autores propusieron que queden exceptuados aquellos empleados que hayan accedido a su cargo de modo electivo; es decir, a través de un concurso u otro procedimiento que demuestre la meritocracia. También establecieron una excepción para cuando se trate del puesto de secretario privado o de su equivalente.

“Quien realice una designación en contravención a la presente ley, será sancionado con una inhabilitación especial para ejercer la función pública por hasta siete años”, se lee en uno de los últimos párrafos. La idea lleva, también, las firmas de los legisladores del radicalismo Manuel Fernando Valdez y Luis Enrique González, y de los amayistas Silvio Bellomio y Christian Adrián Gabriel Rodríguez.

El quinteto hizo extensiva la veda al intercambio de nombramientos, e incluso definió ese accionar en un párrafo. “Habrá intercambio cuando un funcionario público nombre a parientes de otro, a condición de recibir, de este último, nombramientos similares”, se lee.