El Municipio pide que se investiguen los bloqueos de las calles

La Fiscalía Municipal hizo una denuncia penal por la modalidad del último paro de colectivos, que afectó la circulación en la ciudad

13 Feb 2018
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Ismael Sosa (h), abogado de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, solicitó a la Justicia que investigue si los colectiveros cometieron delitos al bloquear la ciudad este jueves y viernes, en el ámbito de un paro convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La denuncia penal fue presentada el mismo jueves. Sosa sugirió que los choferes habrían incurrido en un hecho ilícito al afectar el normal funcionamiento de los transportes, las comunicaciones y otros servicios. La denuncia ingresó en la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°6 de esta capital, que encabeza la fiscala Adriana Reinoso Cuello.

“Un grupo indefinido de personas -en principio trabajadores del sistema público de transporte de colectivos-, de manera arbitraria e injustificada decidieron realizar un paro en sus servicios”, consigna la presentación. Sosa indicó que los autores de la medida estorbaron, impidieron y entorpecieron el normal funcionamiento del servicio de transporte, además de perjudicar la circulación de vehículos en las principales arterias de la ciudad.

Tal como había anunciado el miércoles el secretario general de UTA-Tucumán, César González, las unidades urbanas quedaron estacionadas en sus lugares de recorrido. La medida de fuerza había sido convocada en reclamo del pago de la totalidad de los sueldos de enero. Según las autoridades municipales, la decisión de parar los ómnibus en medio de las calles produjo un “colapso” en las vías terrestres.

La denuncia señala que cualquier justificativo centrado en un hipotético conflicto laboral resultaba inadmisible. “La conducta asumida está lejos de encuadrarse en los presupuestos y requisitos del artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional respecto del derecho de huelga”, afirma.

Sosa solicitó a la Fiscalía que arbitre “los medios necesarios” para cesar la situación en ese momento, lo cual nunca ocurrió. También pidió la instrucción del procedimiento necesario para investigar la comisión de un posible delito y la determinación de sus posibles autores. El abogado justificó su pedido en el artículo 194 del Código Penal, que sanciona con prisión de tres meses a dos años a aquellos que, sin crear una situación de peligro común, estorbaren o entorpecieren el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire.

El jueves, día del inicio del paro, Enrique Romero, titular de la Unidad Operativa de Tránsito y Transporte Público, relató que los inspectores municipales habían labrado al menos 800 actas por obstrucción de calzada. Romero informó que estas actuaciones iban a ser remitidas a las empresas urbanas e interurbanas provinciales.

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