Los afectados no tendrán prioridad en planes del IPV

Un grupo de voceros fue recibido por el PE

06 Feb 2018

Carolina Vargas Aignasse, secretaria de Gobierno y Justicia de Tucumán, recibió en su despacho a representantes de los presuntos damnificados en el “caso viviendas”. La funcionaria volvió a aclarar que “su situación no les da prioridad en su necesidad habitacional con respecto a la de otros tucumanos” y les pidió la unificación de los reclamos.

Se trata del tercer encuentro que mantienen con Vargas Aignasse. “En esencia, el reclamo es el mismo que las veces anteriores. Pero cuando un conflicto va madurando, uno ya ve que hay una organización distinta”, sostuvo en diálogo con LA GACETA.

La reunión tuvo una duración de casi dos horas. En primer lugar, los afectados expusieron sus planteos. Luego, la funcionaria respondió que su Gobierno estará abierto al diálogo y que respetará su derecho constitucional a peticionar. También se refirió a las protesta realizada a finales de enero, en la que los manifestantes cortaron las calles aledañas a la Plaza Independencia y un supuesto “infiltrado” pateó una camioneta de la Gobernación. Al respecto, dijo que “las acciones violentas no solamente perjudican al resto de los ciudadanos, sino que también deslegitimen su propio pedido”.

Vargas Aignasse confía en que la Justicia determine las responsabilidades en el tema. “Que las personas que utilizaron la necesidad de la gente para percibir beneficios económicos reciban el castigo apropiado para que esta situación no vuelva a repetirse”, sentenció. Además, pidió a los voceros que presenten un petitorio con los diversos reclamos unificados. “Tal como hacemos en todos los casos en los que se recurre al Gobierno provincial, analizaremos los planteos que ellos hagan oficialmente”, declaró la secretaria de la cartera de Gobierno y Justicia

Serían aproximadamente 1.400 las personas engañadas por un grupo de falsos “gestores” del Instituto Provincial de la Vivienda y el Desarrollo Urbano (Ipvdu). Éstos aseguraban el acceso a una casa del Estado en los barrios de Manantiales Sur, Lomas de Tafí y Yerba Buena mediante el pago de un anticipo, cuyo monto iba desde los $ 4.000 hasta los $ 100.000. Elizabeth Alsogaray, presunta “cabecilla” de las estafas, se encuentra detenida desde el 28 de enero.

Los afectados se encuentran organizados en dos grupos diferenciados. En la reunión de ayer, salvaron sus discrepancias y acudieron juntos a la mesa de diálogo con el Poder Ejecutivo provincial.

Yonathan González es vocero de uno de los grupos. Luego de la reunión se dirigió a la Plaza Independencia, donde unas cien personas aguardaban novedades del encuentro. Si bien afirmó que no obtuvieron respuestas inmediatas, destacó que Vargas Aignasse escuchó las situaciones y está dispuesta al diálogo. “No queremos violencia. Seremos bien recibidos siempre y cuando estemos unificados”, aclaró. Según González, en el petitorio que la funcionaria les solicitó resaltarán sus principales objetivos: obtener una vivienda y reclamar la flexibilización de los requisitos del Ipvdu para acceder a una casa del Estado. Armando Suárez, otro de los presentes en la plaza luego del encuentro, aseguró que también plantearon a Vargas Aignasse la supuesta venta de viviendas del Estado en redes sociales. “¿Si son casas sociales, cómo puede haber gente que tenga hasta tres y las ponga a la venta? ¿Cómo puede ser que el Ipvdu niegue tener relación con Alsogaray luego de las fotos que demuestran que entregó una vivienda?”, se preguntaba una mujer que lo acompañaba, la cual prefirió no identificarse.

Manuel Alberto Liquitay es el vocero del otro grupo que, según su testimonio, representaría a cerca de 500 damnificados. Queriendo diferenciarse de la otra facción, sostuvo que la situación de su grupo es “sólida”. “Si bien el reclamo de fondo es el mismo, estamos divididos en cuanto a la metodología; no trabajamos de la misma manera que ellos”, remarcó. Liquitay consideró que la forma más viable de llegar a una solución es dialogando con los funcionarios provinciales. “Si necesitamos apoyo nacional, lo analizaremos en otra instancia. Omar Díaz, uno de los integrantes de nuestra coordinación, viajó a Buenos Aires para entrevistarse con autoridades nacionales. Hasta que esto no se resuelva en Tucumán, ellos no pueden hacer nada”, relató. Al igual que González, Liquitay remarcó que solicitaron un inmueble para los estafados y que pidieron más flexibilidad en el Ipvdu. “Por ahora, el resultado es el diálogo”, señaló.

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