De la invisibilización a la construcción intercultural

De Jimena Psathakis.-

Quisiera comenzar proponiéndole al lector un ejercicio: pregunten a las personas que tengan a mano cuántos pueblos originarios, cuántas comunidades y cuántas personas miembros de estos pueblos creen que existen en la Argentina. Quien lo haga, va a comprobar que las respuestas serán de lo más variadas, algunas irrisorias; algunas se acercarán más a los números reales, pero la mayoría serán incorrectas. Y será así, porque no se trata de que esas personas sean ignorantes, sino que es el resultado de un largo proceso de invisibilización, es decir, la omisión o negación de la existencia de un grupo social, en este caso los pueblos indígenas.

La invisibilización, marginación y violencia que sufrieron nuestros pueblos originarios a través de siglos, produjeron una violación sistémica de sus derechos y una expansión de sus problemáticas que hoy abarcan desde acceso a la salud, pasando por la educación, el trabajo, la vivienda, hasta el respeto a su identidad cultural. Las demandas son enormes, complejas y diversas. Son 34 pueblos originarios, que viven en 1.600 comunidades. En el Censo 2010, 955.032 personas se autorreconocieron como pertenecientes o descendientes de un pueblo indígena.

¿Cómo enfrentar estas problemáticas sin caer en el círculo vicioso del asistencialismo, y dejando atrás el clientelismo y la arbitrariedad de elegir a quién sí y a quién no? La respuesta a estos interrogantes es un plan. Un plan nacional que parta de un diagnóstico certero, que fije prioridades y que avance para conseguir metas sostenibles a corto, mediano y largo plazo. Y, por supuesto, que incluya la participación de los pueblos y el compromiso de todos los sectores.

Así nacieron las metas de la política nacional de pueblos originarios del INAI. Las Metas 2017-2020 del INAI se resumen en los siguientes ejes:

- Dinamizar los tiempos, optimizar recursos y hacer eficiente el proceso de Relevamiento Territorial, y avanzar en un acuerdo federal para abordar la problemática de la propiedad comunitaria de la tierra.

- Registro de comunidades indígenas con criterios unificados entre Nación y provincias.

- Consulta previa, libre e informada: se comenzará un trabajo en conjunto con las comunidades y organizaciones indígenas para hacer efectivo este derecho, y que los procesos de consulta respeten las pautas culturales de cada pueblo.

- Avanzar en las elecciones de representantes del Consejo de Participación Indígena (CPI).

- Consolidar un sistema de alerta temprana para la prevención y abordaje de conflictos vinculados a comunidades indígenas. Se brindará asistencia técnica en causas judiciales o se intervendrá en un rol de facilitador/mediador.

- Lograr una mayor articulación entre los organismos del Estado para garantizar el acceso a los derechos de comunidades indígenas.

El desafío es enorme, pero tenemos conciencia sobre la necesidad imperiosa de llevarlo a cabo.