El Gobierno se despega del escándalo del IPV y el fiscal empieza a investigar nombres de falsos gestores

Una de las señaladas por quienes entregaron los anticipos se puso a disposición de la Justicia. El gobernador Manzur sostuvo que se trató de “una estafa”.

24 Ene 2018

Mientras el Gobierno toma distancia de los presuntos falsos gestores del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), una de las principales señaladas por quienes dieron los anticipos se puso a disposición del fiscal de feria, Diego López Ávila.

Se trata de Elizabeth Alzogaray, una dirigente supuestamente vinculada a la cooperativa de trabajo “Nuevo Amanecer”. Asesorada por la abogada Tania Visintini, presentó un escrito ante la Fiscalía de Instrucción de la IV° Nominación, confirmó López Ávila.

La investigación se abrió a partir de una denuncia de la interventora del Ipvdu, Noemí Ferrioli, quien se hizo eco de una noticia publicada por LA GACETA. Según coincidieron decenas de testimonios recolectados por este diario, una mujer que decía tener vínculos con el Instituto de la Vivienda se ofrecía como intermediaria para garantizar el acceso a una propiedad en Manantial Sur, Lomas de Tafí y otros barrios edificados a través de programas financiados por el Estado. Al parecer, cobraba desde $ 4.000 para iniciar los trámites ante el Ipvdu; luego, con la ayuda de otros “gestores”, organizaba la supuesta entrega de casas mediante grupos de WhatsApp. A medida que se acercaban las fechas de adjudicación, los coordinadores alegaban problemas de infraestructura o de documentación para postergar los plazos, aseveraron las personas que reclaman desde el lunes.

En principio, el nombre más mencionado es el de Alzogaray, conocida como “Ely”. Debido a las versiones que la vinculaban con el Ministerio de Desarrollo Social, el Gobierno desmintió que formara parte de esa cartera.

En el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym) confirmaron que desde 2014 presidía “Nuevo Amanecer”, aunque esa cooperativa estaría en mora con la presentación de balances y habrían caducado los mandatos de las autoridades.

Los tensos reclamos de esta semana llevaron al gobernador Juan Manzur a interiorizarse sobre el tema. “Es gente que ha sufrido un delito, una estafa: alguien fue y le pidió plata. Ya la gente del IPV se ha presentado a la Justicia y ha hecho la denuncia”, señaló. También pidió que quienes “han sido estafados se presenten y acompañen a la Justicia”. Según dijo, esto permitirá “meter presos a los que (hacen) lo que no corresponde”

“Nada que ver”

Ferrioli aseguró que el Instituto de la Vivienda no adjudicó propiedades a las personas que protestan ni tiene relación con los trámites que ofrecieron los “gestores”.

“El IPV no tiene nada que ver; no están como postulantes, no están como adjudicatarios y no sé si alguna vez se les ha dado casa. No tengo idea de la gente, recién se están recibiendo denuncias”, indicó la interventora, en diálogo con LA GACETA. Advirtió que la repartición a su cargo no puede “investigar a la presunta estafadora”. “A nosotros en la vereda se nos acaba la competencia, es muy limitada”, sostuvo. Y remarcó que la presentación ante la fiscalía de feria fue realizada el jueves pasado.

PREOCUPACIÓN. Decenas de personas se reunieron en la explanada de Casa de Gobierno para pedir explicaciones. 

Quienes pagaban el “anticipo” recibían un papel para un sorteo, en el que figuraba la inscripción de la Subsecretaría de Regularización Dominial. El titular de la repartición, Fernando Rogel, advirtió que esa documentación es trucha. “En diciembre de 2016, nosotros habíamos salido públicamente a aclarar que no tenemos nada que ver con la entrega de viviendas. Además, informamos a la Fiscalía de Estado. Esos papeles que circulan son falsos”, indicó Rogel.

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