Quejas entre los tucumanos: uno de cada tres reclamos fue porque subió la luz

La Defensoría del Pueblo está finalizando su informe de 2017, donde consta que las quejas vecinales por los servicios públicos supera el 40%. Las actuaciones iniciadas por consultas sobre facturas de EDET llegaron al 30%, superando a la SAT, con el 5%, y a Gasnor, con el 4%. El 16% fueron planteos de jubilados.

21 Ene 2018
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LA GACETA / FOTO DE FRANCO VERA

Si hay algo que genera quejas entre los tucumanos, eso son los servicios públicos. Esta conclusión se desprende del informe de 2017 que está finalizando la Defensoría del Pueblo, bajo la conducción de Fernando Juri Debo.

Según las estadísticas que aportó el ombudsman a LA GACETA, los reclamos por facturaciones de la empresa de energía EDET sumaron el 30% de los reclamos. Así, el año pasado, casi una de cada tres protestas de los usuarios estuvo fundada en la suba de la prestación de la energía eléctrica.

Detrás quedaron la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), encargada de los servicios de agua y de cloacas y blanco del 5% de las quejas; y Gasnor, que motivó el 4% de las actuaciones de la Defensoría.


El equipo de Juri Debo está terminando el informe de gestión de 2017. Como cada año, el ombudsman debe dirigir esos datos a la Legislatura. Según establece la Constitución provincial, el cuerpo colegiado debe convocar una sesión especial al sólo fin de escuchar al defensor del Pueblo. Pero eso no sucedió en el período vencido.

“Estimo que el informe de 2016 lo darán por expuesto, porque les entregué un pen drive a cada uno de los 49 legisladores con ese documento. Si bien habíamos pedido la sesión, por las elecciones y otras cuestiones más, no nos dieron (fecha)”, explicó Juri Debo.

Detalló que, cuando efectúe la presentación del informe de 2017 en la Legislatura, aprovechará para hacer una comparación con el de 2016 (ver nota aparte).

Más de 1.400 al mes

La Defensoría del Pueblo tiene los datos preliminares del período enero-diciembre de 2017. Según la documentación, se dio inicio a un promedio mensual de 1.441 actuaciones. Las quejas por los servicios públicos llevan la delantera. Sólo entre EDET, la SAT y Gasnor reúnen el 39%; es decir que si se incluyen los reclamos por las prestaciones de otras ramas, como telefonía y transporte público, el porcentaje sería más elevado aún.

Además, el 32% de los expedientes fueron abiertos por temas vinculados a servicios estatales, como salud pública y actividades de orden municipal o comunal.


En el ranking también están los jubilados. El 16% de las presentaciones en la Defensoría del Pueblo estuvieron relacionadas con la Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, sancionada en julio de 2016 por el Congreso.

Además, el 13% de las consultas tuvieron por origen el malestar por trámites en instancias judiciales.

“Llevamos estadísticas diarias de todas las actuaciones. Tenemos 15 áreas que trabajan en ellas. Así, podemos determinar el resultado de las consultas, si tuvieron resoluciones con desenlace favorable o no, por ejemplo”, detalló.

El ombudsman destacó la importancia de que los legisladores conozcan esos datos. “Si bien no es condicionante ni tiene poder sancionatorio, (el informe) es una forma de mostrar el desempeño de cada organismo. Porque si a una institución le llegan siempre las mismas denuncias, es porque no anduvo muy bien o no hizo las cosas como corresponde”, resumió.

Juri Debo advirtió que el porcentual de planteos por la facturación de EDET tuvo un crecimiento “exponencial”. De hecho, si se coteja con el informe oficial de 2016, la cifra de consultas referidas a la empresa prestadora de energía eléctrica casi se triplicó en un año.


“Si bien yo no estaba en este cargo en períodos anteriores (asumió en marzo de 2016), los servicios estaban con tarifas fijas. Entonces, los reclamos de los usuarios no eran tantos, porque apuntaban a un corte o una falla por mal servicio. Hoy, debido a los aumentos y a la caída en los subsidios desde el Gobierno de la Nación, el crecimiento de las consultas se multiplicó”, señaló Juri Debo. Agregó que la gente comenzó a recurrir con más frecuencia a la Defensoría “para ver por qué se había elevado tanto” el monto.

“En muchas ocasiones se llegaba a la conclusión de que, según la nueva normativa, la factura estaba bien, por lo que al menos la persona podía saber cómo le estaban cobrando; y en los casos en que se facturaba de más, se iniciaron los reclamos pertinentes”, explicó Juri Debo. Ahora, espera una fecha para exponer en la Legislatura.

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