En 2017 la Justicia dictó 26 sentencias en causas de lesa humanidad

Perpetuas contra “el Tigre” Acosta y Astiz

02 Ene 2018
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BUENOS AIRES.- A lo largo de 2017, la Justicia dictó 26 veredictos en todo el país por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, una cifra superior a la de 2016, en la que 19 juicios orales y públicos llegaron a su fin.

Este es un repaso, en orden cronológico, por algunas de las sentencias más emblemáticas del año:

• La primera sentencia del año fue el 3 de marzo cuando el Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy condenó a dos imputados a prisión perpetua y al resto a penas de entre tres años y medio y 18 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad agravada, torturas agravadas y violación de domicilio.

• El 16 de marzo se dictó sentencia en la causa “Colegio Militar” por la desaparición de conscriptos y crímenes en la Guarnición de Campo de Mayo, en la que fueron condenados siete acusados; entre ellos el ex comandante de Institutos Militares, Santiago Riveros y el ex director del Colegio Militar, Reynaldo Benito Bignone, ambos a cadena perpetua.

• En Rosario, el 12 de mayo, condenaron a prisión perpetua a los 10 militares y civiles de inteligencia en la causa Guerrieri III, acusados de crímenes de lesa humanidad contra un total de 47 víctimas, en cuatro centros clandestinos de detención.

• El 13 de junio los represores Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil fueron condenados a ocho y siete años de prisión, respectivamente, por la detención ilegal y las torturas infligidas al cooperativista Marcial Uro, en la provincia de Salta.

• El 5 de septiembre, el TOF 1 de San Martín condenó a prisión perpetua al ex jefe del Comando de Institutos Militares Santiago Omar Riveros y al ex jefe del área militar 420 Luis Sadi Pepa por los homicidios de Orlando Marino y Silvia Meloni, ocurridos en la localidad bonaerense de Martínez.

• El 11 de septiembre la justicia de la Ciudad de Buenos Aires condenó a tres ex policías federales a 25 años de prisión y a un ex agente de la ex SIDE a 16 años, acusados de ser parte de un grupo de tareas que actuó en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

• En septiembre, la justicia tucumana condenó a cinco ex policías y a un ex militar a prisión perpetua e impuso penas de entre cuatro y 18 años de prisión a dos ex policías y dos ex militares por crímenes perpetrados durante el denominado Operativo Independencia, a los cuales calificó como de lesa humanidad, en el final del histórico juicio que abordó el plan sistemático de exterminio desplegado en aquella provincia desde principios de 1975.

• El 7 de noviembre la justicia cordobesa resolvió condenar a tres años de prisión a los ex jueces Miguel Ángel Puga y Antonio Cornejo en la denominada “causa de los magistrados”, por su complicidad con la última dictadura y absolvió a dos ex magistrados.

• En uno de los más significativos veredictos del año, el 29 de noviembre la Justicia federal porteña dictó pena de prisión perpetua a 29 represores por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), entre ellos Jorge “El Tigre” Acosta y Alfredo Astiz, y dos de los pilotos de los llamados “vuelos de la muerte”, en tanto que absolvió al exministro de Hacienda de la dictadura Juan Aleman ya otros cinco acusados. (Télam)

La investigación judicial sobre el patrimonio de algunos funcionarios provocó una nueva medida: la inhibición general de bienes de algunos de los investigados en el “caso Viviendas”. Los afectados por la resolución son Miguel Jiménez Augier, -ex coordinador del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu)-, Lucas Barrionuevo -funcionario de la repartición- y los hermanos Sebastián y Martín Nieva -sobrinos políticos de Barrionuevo y dueños de la constructora Marán-.

La decisión de la Justicia, que impedirá a los alcanzados por la medida vender algunos de sus bienes, fue tomada semanas después de que la fiscala Adriana Giannoni (quien conduce la causa) recibiese información sobre supuestas ventas por parte de los investigados. Según un escrito que la senadora Silvia Elías de Pérez entregó a la Fiscalía VIII, hay dos propiedades “que podrían haberse vendido en forma fraudulenta para insolventarse ante la investigación en contra de Marán”. De acuerdo a esa presentación, Barrionuevo y los hermanos Nieva habrían intentado desprenderse de un edificio ubicado en la calle Viamonte y de una casa en Yerba Buena.

Pese a que en una entrevista con “Panorama Tucumano” (el ciclo televisivo de LA GACETA) el funcionario había negado conocer “de antes” a los dueños de Marán, se comprobó que son sus sobrinos políticos. Tras la emisión del programa de este diario, Giannoni decidió abrir una investigación de oficio. En los meses siguientes, la Justicia acumuló diversos elementos a la causa. Algunos de ellos giran en torno al patrimonio de distintos funcionarios. Jiménez Augier, por ejemplo, fue desvinculado del Ipvdu por el gobernador Juan Manzur debido a que trascendió que tenía medio millón de dólares en una caja de seguridad.

Según fuentes judiciales, en el fuero penal se analiza la posibilidad de imputar a Barrionuevo y a Jiménez Augier por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Esta figura, contenida en el artículo 268 bis del Código Penal, presenta algunas diferencias con el resto de los delitos penados en nuestro país. Es que, una vez que la Justicia requiere a un funcionario (o ex funcionario) que justifique el crecimiento de su patrimonio, el deber de informar debidamente sobre el origen de sus ingresos recae sobre el investigado. En caso de que no logre explicar de dónde obtuvo su dinero, la pena puede ascender hasta a seis años de prisión. La información que deslizaron desde la Fiscalía a cargo de Giannoni es que se está trabajando por requerir a los funcionarios que justifiquen sus propiedades.

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