Los veedores judiciales comenzaron a revisar los casos del listado de la Nación

Cuatro vocales de la Corte recibieron ayer a los letrados Colombres Garmendia y Robles. Los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación anunciaron que hoy empezarán a pedir causas

28 Dic 2017
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EN EL SALÓN DE ACUERDOS DE LA CORTE. Robles, Colombres Garmendia, Goane, Posse, Estofán y Sbdar antes del inicio de la audiencia. la gaceta / foto de franco vera

Rara vez hay mejor clima en el segundo piso del Palacio de Justicia que en el exterior. Ayer sucedió. Juan Roberto Robles y Ana Colombres Garmendia, abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y los vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán departieron, café de por medio (sólo agua para las damas), sobre la pretensión de observar 33 procesos como si esta iniciativa de la Casa Rosada no hubiese estremecido a los Tribunales locales. El encuentro fue más que una circunstancia protocolar: tanto Robles como Colombres Garmendia y Daniel Posse, titular del alto tribunal, coincidieron en que habían conversado amena y amigablemente. Tras la audiencia, todos se mostraron optimistas y tranquilos.

Buena parte de la reunión consistió en el repaso del listado de casos de interés de la Nación (ver nómina). Los vocales Posse, René Goane, Antonio Estofán y Claudia Sbdar -Antonio Gandur está de vacaciones- se detuvieron en la causa “Lebbos” para explicar que habían concedido a la Sala III de la Cámara Penal, el tribunal que sustanciará el juicio a partir del 6 de febrero, la mayor parte de los recursos que había requerido y que estarían muy avanzadas las gestiones para que la seguridad esté en manos de fuerzas nacionales. También añadieron que habían analizado los expedientes de familia e implementado un mecanismo de acceso a la información con las partes que, en señal de protesta, habían montado la carpa azul al frente del Palacio de Justicia.

Cumplido el diálogo con los vocales, Robles y Colombres Garmendia anunciaron que hoy iban a comenzar a pedir las causas a los magistrados que las controlan, tal y como les había indicado la Corte. Si bien no dieron precisiones, sí anticiparon que empezarán por los procesos de familia, y los penales que tramitan en salas y juzgados, que a priori lucen más encaminados y menos conflictivos desde el punto de vista institucional.

El escenario previsto

“Fue una charla positiva, donde nos presentamos y conversamos sobre la relación existente entre el Poder Judicial de Tucumán, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que es la institución para la que trabajamos nosotros”, dijeron los abogados. No todas fueron, empero, buenas noticias: la Corte les comunicó que no podrán valerse del auxilio de su Cuerpo de Auditores, como pretendían inicialmente.

Colombres Garmendia, delegada local de Derechos Humanos de la Nación, comentó que hablaron sobre el significado del derecho a acceder a la justicia. “Es más que la posibilidad de iniciar un expediente y de esto depende la posibilidad de que el Estado nacional sea sancionado por organismos internacionales”, agregó. “Vimos que en la Corte hay apertura: hasta café nos convidaron”, insistió Robles, que es dirigente de la Unión Cívica Radical y actúa profesionalmente en al menos una de las causas con pedido de observación. Ayer ambos abogados hablaron con la prensa por primera vez desde el 17 de noviembre, cuando ingresó el pedido de observación de los procesos firmado por Alejandro Collia, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos.

Desde el ingreso de aquella nota pasaron 40 días de repercusiones intensas, donde los llamados veedores de la Nación recibieron avales y rechazos: en medio de ese vendaval, la Corte optó por recordar a los abogados Robles y Colombres Garmendia que, frente a la eventual resistencia a la observación de parte de los directores de los procesos, podían plantear los recursos que correspondieren. Justamente el ejercicio de las potestades de superintendencia previstas en el artículo 121 de la Constitución de Tucumán fue uno de los asuntos abordados este miércoles como quien anticipa el “no pasarán”: los abogados de la Nación dan por hecho que volverán a la Corte, ya no con tanta relajación, para pedirle que despeje las trabas que asoman en el camino.

Posse: "tenemos datos que nos dan tranquilidad"

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán hizo los deberes y, antes de recibir a los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, constató el estado de la porción de expedientes con pedido de observación que están en manos de jueces y camaristas. “Tenemos datos que nos dan tranquilidad. Fue una reunión agradable donde se vio la intención de colaborar”, dijo Daniel Posse, presidente de la Corte, luego de la audiencia con los letrados Juan Roberto Robles y Ana Colombres Garmendia (se informa por separado).

El jefe de la Corte manifestó incluso que habían implementado un mecanismo de contención para las partes implicadas en los procesos de familia: “algunos tienen sentencia firme y algunos están en desarrollo, pero sin demora”. En cuanto a los expedientes penales, Posse distinguió aquellos con juicio oral inminente o elevados a juicio, como “Lebbos”, “Brito”, “Yapura Astorga” y “Albaca”, de los restantes. “La situación de los primeros es pública. Los otros casos tramitan en fiscalías de Instrucción y, por ende, el acceso debe ser solicitado al ministro público fiscal, Edmundo Jiménez”, advirtió Posse. Este segundo grupo de causas penales involucra a funcionarios de los tres poderes del Estado, incluida la Justicia y el propio Jiménez. Posse expresó: “(Colombres Garmendia y Robles) tienen herramientas para solicitar los procesos, pero hay que evaluar si corresponde en cada caso. Quiero aclarar que ellos no son veedores, sino abogados de Derechos Humanos de la Nación”.

LA NÓMINA DE LA CASA ROSADA
PUNTO DE PARTIDA.- Alejandro Collia, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, solicitó autorización a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para acceder a tomar vistas y extraer copias de 19 causas del fuero penal; una del fuero correccional y 13 del fuero de familia de la capital (33 procesos en total). Respecto de este último grupo, y con el fin de resguardar las identidades de los niños y adolescentes, este diario indica que dos juicios no tienen oficina jurisdiccional asociada mientras que uno pertenece al Juzgado de Familia N°1; uno al Juzgado de Familia N°2; tres al Juzgado de Familia N°4; dos al Juzgado de Familia N°5; dos al Juzgado de Familia N°7, y dos a la Cámara de Familia y Sucesiones. A continuación se consignan las causas penales en el orden en el que aparecen en el listado de Collia:
1) “Manzur”.-(Fiscalía de Instrucción N°1 de la capital). Denuncia de 2013 por supuesto enriquecimiento ilícito contra el gobernador Juan Manzur.2) “Terraf, Díaz Ricci y Vidal”.- Fiscalía de Instrucción N°1 de la capital. Denuncia contra los vocales del Tribunal de Cuentas: Miguel Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal.3) “Poder Legislativo”.-Fiscalía de Instrucción N°2 de la capital. Denuncia de 2015 por el uso de fondos para gastos sociales legislativos.4) “Khoder”.-Fiscalía de Instrucción N°2 de la capital. Denuncia contra el legislador oficialista Zacarías Khoder.5) “Yedlin”.-Fiscalía de Instrucción N°9 de la capital. Denuncia de 2010 contra Manzur, el funcionario Pablo Yedlin y otros (causa “Funsal”).6) “Jiménez”.-Fiscalía de Instrucción N°9 de la capital. Denuncia contra el ministro público fiscal Edmundo Jiménez.7) “Jiménez y otros”.-Fiscalía de Instrucción N°9 de la capital. Denuncia contra Jiménez; los jueces Mirta Lenis y Eudoro Albo; el fiscal Carlos Sale y el abogado Tomás Robert.8) “Paz”.- Fiscalía de Instrucción N°5 de la capital. Denuncia contra el ex presidente de la Asociación de Magistrados, Roberto Paz, y la camarista Liliana Vitar.9) “Pisa”.-Fiscalía de Instrucción N°6 de la capital. Denuncia contra el juez de Instrucción N°3, Juan Francisco Pisa.
10) “Yapura Astorga”.-Fiscalía de Instrucción N°2 de Monteros. Denuncia contra el intendente tafinisto Jorge Yapura Astorga y otros.11) “Lebbos”.-Sala III de la Cámara Penal. Proceso iniciado en 2006 por el homicidio de Paulina Lebbos.12) “Albaca”.-Sala I de la Cámara Penal. Actuación iniciada en 2014 contra el ex fiscal N°2, Carlos Albaca, por el caso “Lebbos”.13) “Brito”.-Sala VI de la Cámara Penal. Denuncia de 2012 contra Miguel Ángel Brito, ex director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo.14) “Teves”.-Fiscalía de Instrucción N°8. Denuncia de 2009 contra Roxana Teves y otros.15) “Falú”.-Juzgado de Instrucción N°5. Denuncia de 2015 contra Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Provincia.16) “Rigourd”.-Fisc. de Instrucción N°1. Denuncias de 2014 contra el empresario Jorge Rigourd.17) “Valdez”.-Denuncia de 2014 contra el clan Ale y otros.18) “Jorrat”.-Denuncia de 2011 por la usurpación de un terreno que implica a los Ale.19) “Pérez”.-Fiscalía de Instrucción N°1. Denuncia de 2014 instruida por el ex fiscal Guillermo Herrera.

LA NÓMINA DE LA CASA ROSADA

PUNTO DE PARTIDA.- Alejandro Collia, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, solicitó autorización a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para acceder a tomar vistas y extraer copias de 19 causas del fuero penal; una del fuero correccional y 13 del fuero de familia de la capital (33 procesos en total). Respecto de este último grupo, y con el fin de resguardar las identidades de los niños y adolescentes, este diario indica que dos juicios no tienen oficina jurisdiccional asociada mientras que uno pertenece al Juzgado de Familia N°1; uno al Juzgado de Familia N°2; tres al Juzgado de Familia N°4; dos al Juzgado de Familia N°5; dos al Juzgado de Familia N°7, y dos a la Cámara de Familia y Sucesiones. A continuación se consignan las causas penales en el orden en el que aparecen en el listado de Collia:

1) “Manzur”.-(Fiscalía de Instrucción N°1 de la capital). Denuncia de 2013 por supuesto enriquecimiento ilícito contra el gobernador Juan Manzur.

2) “Terraf, Díaz Ricci y Vidal”.- Fiscalía de Instrucción N°1 de la capital. Denuncia contra los vocales del Tribunal de Cuentas: Miguel Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal.

3) “Poder Legislativo”.-Fiscalía de Instrucción N°2 de la capital. Denuncia de 2015 por el uso de fondos para gastos sociales legislativos.

4) “Khoder”.-Fiscalía de Instrucción N°2 de la capital. Denuncia contra el legislador oficialista Zacarías Khoder.5) “Yedlin”.-Fiscalía de Instrucción N°9 de la capital. Denuncia de 2010 contra Manzur, el funcionario Pablo Yedlin y otros (causa “Funsal”).

6) “Jiménez”.-Fiscalía de Instrucción N°9 de la capital. Denuncia contra el ministro público fiscal Edmundo Jiménez.

7) “Jiménez y otros”.-Fiscalía de Instrucción N°9 de la capital. Denuncia contra Jiménez; los jueces Mirta Lenis y Eudoro Albo; el fiscal Carlos Sale y el abogado Tomás Robert.

8) “Paz”.- Fiscalía de Instrucción N°5 de la capital. Denuncia contra el ex presidente de la Asociación de Magistrados, Roberto Paz, y la camarista Liliana Vitar.

9) “Pisa”.-Fiscalía de Instrucción N°6 de la capital. Denuncia contra el juez de Instrucción N°3, Juan Francisco Pisa.

10) “Yapura Astorga”.-Fiscalía de Instrucción N°2 de Monteros. Denuncia contra el intendente tafinisto Jorge Yapura Astorga y otros.

11) “Lebbos”.-Sala III de la Cámara Penal. Proceso iniciado en 2006 por el homicidio de Paulina Lebbos.

12) “Albaca”.-Sala I de la Cámara Penal. Actuación iniciada en 2014 contra el ex fiscal N°2, Carlos Albaca, por el caso “Lebbos”.

13) “Brito”.-Sala VI de la Cámara Penal. Denuncia de 2012 contra Miguel Ángel Brito, ex director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo.

14) “Teves”.-Fiscalía de Instrucción N°8. Denuncia de 2009 contra Roxana Teves y otros.

15) “Falú”.-Juzgado de Instrucción N°5. Denuncia de 2015 contra Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Provincia.

16) “Rigourd”.-Fisc. de Instrucción N°1. Denuncias de 2014 contra el empresario Jorge Rigourd.

17) “Valdez”.-Denuncia de 2014 contra el clan Ale y otros.

18) “Jorrat”.-Denuncia de 2011 por la usurpación de un terreno que implica a los Ale.

19) “Pérez”.-Fiscalía de Instrucción N°1. Denuncia de 2014 instruida por el ex fiscal Guillermo Herrera.

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