Un fallo aporta una solución para el conflicto, pero no está firme

El fallo “Aranda” aporta una solución para el conflicto laberíntico que amenaza al Concejo Deliberante de Yerba Buena, pero esta decisión no puede ser aplicada porque no está firme. La resolución dictada con los votos de los camaristas Rodolfo Novillo y Horacio Castellanos -Carlos Giovanniello se pronunció en disidencia- emplaza al Concejo a cesar en su omisión arbitraria e injustificada y, en el plazo de diez días hábiles y siguiendo el debido procedimiento, a proceder a examinar con razonabilidad los títulos de Rodolfo Aranda y a verificar si reúne las condiciones requeridas para ser concejal de Yerba Buena. Esta sentencia de septiembre aguarda que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo se expida sobre el recurso que presentó Benjamín Zelaya, concejal opositor al intendente Mariano Campero, quien pretende que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán se involucre en el conflicto.

La admisibilidad de la impugnación debe ser examinada por quienes emitieron el fallo. Eso es justamente lo que está discutiéndose en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Según pudo averiguar este diario, los camaristas Novillo y Giovanniello aún analizan el recurso de inconstitucionalidad de Zelaya: si no hubiese acuerdo entre ellos, Castellanos deberá intervenir de nuevo para desempatar. Al año sólo le quedan cuatro días judiciales hábiles y parece improbable que haya una definición antes del comienzo de la feria de enero. Si el recurso fuera abierto, el caso pasará a la Corte para que revise el fallo. Si la Sala II lo cierra, Zelaya aún podría obtener lo que busca mediante la presentación de una queja directamente ante la Corte.

Si bien Giovanniello consideró que Aranda no había acreditado la totalidad de los requisitos exigidos por la ley para acceder a la concejalía que había dejado libre Lisandro Argiró -al asumir en el gabinete de Campero-, Novillo y Castellanos impusieron la interpretación de que el Concejo Deliberante conducido por Zelaya había omitido sin ninguna justificación valedera el examen de los títulos de Aranda. “Por supuesto que el Concejo es juez natural de la elección de sus miembros. Pero esa atribución de verificación que le ha sido dada dentro de sus límites legales y constitucionales bien entendida no puede sino significar la asunción responsable del deber institucional de emitir un pronunciamiento razonable sobre los títulos de los concejales”, dijo la mayoría.