Los cuatro díscolos del Concejo Deliberante de Yerba Buena, otra vez a la Justicia

Desconocen las sesiones y la jura de Aranda

23 Dic 2017

Por segundo día consecutivo, los cuatro concejales opositores de Yerba Buena acudieron a los tribunales penales. Ayer, ratificaron y ampliaron la denuncia en contra del intendente Mariano Campero, por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Este cuarteto de ediles insiste en que las convocatorias a sesiones extraordinarias firmadas entre el martes y el jueves por el jefe municipal son nulas. En consecuencia, afirman que lo dispuesto por sus pares en el último encuentro -la cobertura de la décima banca y el tratamiento del orden del día- carecen de validez legal.

Benjamín Zelaya, Maximiliano García y Lucas Cerúsico (UCR); y Pedro Albornoz Piossek (PRO) expusieron en el nuevo escrito que Campero muestra una “manifiesta predisposición a violar la Constitución y la Ley 5.529, al haber convocado a sesiones extraordinarias en cuatro oportunidades en un lapso de 36 horas, fijando fecha y hora, cuando no puede ni debe, y sin respetar el trámite parlamentario para el tratamiento de los demás proyectos incluidos en el decreto de convocatoria”.

Advirtieron también que en la última sesión, el intendente instigó a los cinco ediles a cometer un delito al hacer sesionar al Concejo sin el quórum legal y violando el artículo 18 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Esta norma fija que el quórum se conforma con la mitad más uno de los miembros del cuerpo deliberativo. Como Yerba Buena cuenta con 10 bancas, aducen que el número de cinco ediles presentes no alcanzaba para dar inicio a una sesión especial.

Por esta situación, ampliaron la denuncia e incluyeron a los ediles Héctor Aguirre, Marcelo Rojas, Walter Aráoz, José Macome y Javier Jantus por “haber violentado el orden constitucional”. “No sólo hicieron una sesión sin quórum, sino que lo más grave es que perpetraron un golpe institucional a las autoridades constituidas del Concejo, hoy vigentes. Más aún, desconocieron expresamente el proceso judicial instado por Rodolfo Aranda, que se encuentra en trámite procesal para su resolución (ver aparte)”, se explayaron. “Incorporaron a un ciudadano al cuerpo estando pendiente de resolución un recurso de inconstitucionalidad con efecto suspensivo”, completaron. “Esta maliciosa conducta de Campero tiene un marcaro proceder arbitrario y dictatorial”, concluyeron.

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Mariano Campero
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