Los miembros del Clan Ale no volvieron a la cárcel y seguirán en sus domicilios hasta el fallo de mañana

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán emitirá sentencia en el juicio por lavado de activos.

17 Dic 2017
1

Rubén "La Chancha" Ale, durante la última jornada de juicio, la semana pasada. LA GACETA / JORGE OLMOS SGROSSO

El veredicto del juicio oral a los 16 miembros del clan Ale, acusados de lavado de activos, asociación ilícita y narcotráfico, se dará conocer mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán, informaron fuentes judiciales.

A las 16, los jueces Alicia Noli, Gabriel Casas y Domingo Batule dictarán la resolución del mayor juicio por lavado de activos de la historia argentina, el cual duró un año y por el que pasaron alrededor de 100 testigos.

Juicio contra el Clan Ale: “no me siento condenada porque soy inocente”, dijo Rivero

Doce de los imputados habían llegado detenidos al juicio, en octubre se los liberó porque se consideró que no había riesgo de fuga y el viernes la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que vuelvan a ser apresados tanto porque amenazaron a testigos como por la pena en expectativa.

Sin embargo, fuentes judiciales dijeron que no se los pudo volver a trasladar a un penal por cuestiones operativas y entonces se dispuso que cumplan arresto domiciliario con custodia policial hasta el lunes.

Pedidos de condenas

Durante los alegatos, el fiscal federal Pablo Camuña solicitó que se condene a los hermanos Rubén y Adolfo Ángel Ale, acusados de liderar la "asociación ilícita y lavado de activos", a 13 años de prisión y que los bienes decomisados, entre ellos 60 armas y 5.500 proyectiles, sean entregados a fuerzas de seguridad para la lucha contra el lavado de activos, la criminalidad económica y el crimen organizado.

El funcionario judicial pidió, además, que se apliquen penas de entre cuatro y 10 años -pero como miembros de la organización- para María Jesús Rivero, Víctor Alberto Suárez, Fabián González, Roberto Oscar Dilascio y Ernesto Santos Catulo.

A su vez, pidió que se condene sólo por asociación ilícita a Carlos Rolando Ocampos (7 años), a César Marcelo Manca (6 años) y a Sergio Francisco Parrado (3 años), mientras que solicitó 4 años y medio de prisión para Enrique Lorenzo Chanampa como miembro de la organización y responsable del comercio de estupefacientes.

Finalmente, para los otros cinco imputados, el fiscal Camuña -acompañado por el instructor judicial ad-hoc Agustín Chit- solicitó penas de entre 2 y 5 años de prisión.

A lo largo del proceso "se probó la existencia y el funcionamiento de una vasta organización criminal, histórica en la provincia, que desarrolló diversos planes delictivos durante más de una década y de esas actividades se obtuvieron ingentes ganancias y activos, a punto tal que tuvo que generar una subestructura cuya función fue la de colocar esos bienes en la economía legal, es decir, el lavado de activos", alegó Camuña.

En tanto, las querellas, integradas por representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la AFIP requirieron 20 años de prisión para Ángel "El Mono" Ale y Rubén "La Chancha" Ale y el pago de una multa de 12,4 y 10,6 millones de pesos, respectivamente, por ser cabecillas de la banda.

Delitos

Entre los delitos cometidos por la organización criminal, las querellas mencionaron "captación de mujeres con fines de explotación sexual, usurpación, robo de cosechas, intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, cobro extorsivo, homicidios, amenazas coactiva, encubrimiento, abuso y tenencia de armas de fuego, lavado de activos, entre otros".

"Todos estos delitos le permitieron al clan Ale generar importantes ganancias", explicaron las querellas y agregaron que la banda "necesitó la complicidad y la protección de funcionarios públicos para llevar adelante los planes delictivos durante tantos años".

La causa contra el clan Ale comenzó en febrero de 2013 a raíz de un informe de la UIF efectuado luego de una presentación de Susana Trimarco, madre de María de los Angeles "Marita" Verón, cuyo paradero se desconoce desde que fue secuestrada en abril de 2002 para obligarla a ejercer la prostitución en la provincia de La Rioja, según dio por probado la Corte Suprema de Justicia tucumana.

La UIF individualizó en forma muy precisa y documentada maniobras por un total de $ 39.556.960 y la utilización de diversas sociedades comerciales tales como la firma Cinco Estrellas S.R.L., Point Limits S.R.L. y la Transportadora Leonel S.R.L.

Comentarios