Suben impuestos a restaurantes, hoteles y salones para eventos

El Gobierno provincial acató las condiciones establecidas por la Nación respecto de la baja en la alícuota de Ingresos Brutos para diversas actividades. Pero, para equilibrar el impacto en recaudación provincial, impulsó a la vez incrementos para otros sectores.

La Legislatura aprobó ayer por unanimidad, en términos generales, las modificaciones establecidas al Código Tributario de la Provincia (leyes 5.121 y 8.467), por pedido el gobernador, Juan Manzur. La oposición, sin embargo, rechazó con su voto los artículos de la iniciativa referidos a los aumentos.

Según explicó el legislador oficialista Juan Antonio Ruiz Olivares, presidente de la comisión de Hacienda, la medida era necesaria para atenuar el impacto en la recaudación provincial del Consenso Fiscal. Este instrumento contempla que, para 2020, deben estar exentas del pago de impuesto sobre los Ingresos Brutos las actividades agrícola, ganadera y minera; para 2022, debería alcanzar la industria manufacturera y el transporte, según el acuerdo fiscal.

Ruiz Olivares detalló que esto redundará en el ejercicio próximo en una caída en la recaudación de unos $ 2.600 millones. Por eso, a instancias del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, se incrementaron las alícuotas sobre otras actividades. Con esto, la disminución en los ingresos sería de $ 650 millones, que serían compensados por la Nación gracias al Consenso.

¿Qué sectores afectarán las modificaciones al Código Tributario?

El vicepresidente de la comisión de Hacienda, Silvio Bellomío, señaló en el recinto cuál sería el impacto de esta medida. “En el rubro ‘Construcción’, por ejemplo, no se cumple con lo pactado, ya que se había convenido un 3%, y se estableció una alícuota del 5% en la mayoría de todas las actividades, sin perjuicio de que se fijó la posibilidad de reducción conforme a los menores ingresos”, consignó el peronista afín a Cambiemos.

Detalló que el objetivo del Pacto Fiscal es “disminuir la carga tributaria”. Sin embargo, añadió Bellomío, la Provincia aprovechó los topes fijados por la Nación en diversos rubros -que en Tucumán estaban por debajo de lo requerido por la Casa Rosada- para llevar las alícuotas a esas cifras. “(Eso) va en contra del espíritu del acuerdo suscripto, sobre todo cuando se trata de servicios públicos, ya que la intención a nivel federal es la reducción de las cargas tributarias y nunca su incremento”, añadió.

De la lectura del nomenclador de actividades y alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos se desprenden diversos incrementos.

Por ejemplo, el servicio de alojamiento en hoteles pasó del 2,5% al 5%, por lo que se duplicó. Registran idéntica suba los servicios de restaurantes, con y sin espectáculos. Además, el aumento al servicio de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas creció del 2,5% al 6% (es decir, un incremento porcentual del 140%).

El radical Rubén Chebaia, que también integra la comisión de Hacienda, aseveró que “por un lado se sube la carga impositiva; y por otro, se la baja”. Según el opositor, eso lleva a “incumplir con el pacto fiscal”. “No estoy a favor de que, por esta vía, se compense. No quiero votar los incrementos que, en algunos casos, no son (favorables) para el pueblo tucumano, porque la construcción y la energía eléctrica ya están ‘sobregravadas’. Y esto va llegar al bolsillo (de los ciudadanos). No quiero que se afronten más impuestos al pagar la luz”, consignó el ex intendente.

Los legisladores de la oposición aceptaron votar en general el proyecto porque, en el articulado, estaba incluida la eliminación al 3% por la compra de automotores en extraña jurisdicción, medida aplicada en el primer año de gestión del ex gobernador José Alperovich. Sí rechazaron los artículos que contemplan las subas impositivas.

Diferenciales.- “En lo que respecta al rubro comercio y servicios, se contempla mantener el actual nivel de alícuotas para determinadas actividades, a efectos que los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de menor capacidad económica no se vean incididos por el nuevo esquema de alícuotas. Asimismo, se eliminan los tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación o la ubicación del contribuyente o el lugar de producción de bien, tanto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como en el Impuesto de Sellos”, señala el proyecto enviado el martes al mediodía a la Legislatura por el gobernador, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Eduardo Garvich.

Autos.- “Se propone derogar la Ley de Franquicias Tributarias (...), como así también el tratamiento diferencial otorgado en el Impuesto de Sellos a todos los actos que tengan por objeto la transmisión de la propiedad de automotores 0 kilómetro en general. Se dispone al mismo tiempo la exención el mencionado gravamen de los citados rubros”, añade el texto.

Salvedad.- En cuanto a las actividades expresadas en el anexo donde figuran las alícuotas al impuesto sobre los Ingresos Brutos, el proyecto del Poder Ejecutivo hace una salvedad. “La alícuota se reducirá al 3,5% cuando el total de ingresos gravados, no gravados y exentos del contribuyente atribuibles a la Provincia de Tucumán en el período fiscal 2016 por el desarrollo de cualquier actividad, no supere la suma $ 1 millón”, señala la iniciativa del PE, en el artículo 1°. Y agrega: “cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado actividades con posterioridad al 1 de enero de 2017 quedarán comprendidos en el tratamiento del párrafo anterior a partir del primer día del tercer mes de operaciones, siempre que el total de ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos durante los dos primeros meses a partir del inicio de las mismas no supere $ 160.000”.

Objetivo.- En los fundamentos del proyecto, el gobierno explica que el objetivo del párrafo anterior es “morigerar el impacto de la nueva matriz tributaria”. En ese sentido, se dispone al respecto “una reducción de alícuota que operará cuando el total de ingresos del contribuyente atribuibles a la Provincia de Tucumán en el período fiscal 2016, por el desarrollo de cualquier actividad, no supere la suma de $1 millón, contemplándose asimismo el tratamiento para aquellos responsables que hayan iniciado actividades con posterioridad al 1 de enero de 2017”. El texto debe ser promulgado y publicado por el Poder Ejecutivo antes de que termine el año.